Por Juana Francisca Gómez (*)
Conversamos con Anabel Rieiro sobre los relevamientos nacionales de ollas y merenderos populares en Uruguay, un proceso de investigación que indaga sobre los “horizontes comunitarios deseables y posibles”. Esta es la continuación de una larga charla sobre el tema. Podés encontrar el enlace a la primera parte en los apuntes finales.
Mate Amargo – ¿En el relevamiento se incluyen otras actividades vinculadas a la alimentación?
Anabel Rieiro – Hay distintas iniciativas, que cocinan y salen a repartir, en el caso de algunas ollas religiosas. Otras, ante la falta de gas, infraestructura o de los elementos para hacer una comida, al recibir algunos alimentos, realizan una entrega de canastas con lo que han recibido. En un 35% se le daba alimentos a personas que tenían la infraestructura para cocinar en sus casas.
Hay otra tendencia que se hace muy clara en este relevamiento, es que el 93% de las iniciativas plantearon hacer distintas actividades complementarias, ya desde 2020. Las actividades consisten en ventas económicas, trueques de ropa, fiestas, festejos, apoyos escolares, hay una heterogeneidad de dispositivos.
Esta vez también preguntamos, que se hacía ante otras necesidades, porque seguramente las personas que llegan por el plato de comida están atravesando otras múltiples problemáticas. En general se hacen puentes hacia políticas públicas, se pasa un teléfono, se explica como hacer un trámite, por ejemplo. Esas son parte de las actividades valiosas que se despliegan a nivel comunitario y no están vinculadas estrictamente o únicamente con el alimento.
M.A. – ¿Encontraron algún tipo de registro de las experiencias pasadas o la referencia a organizaciones de este tipo, como las ollas obreras, los comedores de la huelga de las maestras en el 92’, por ejemplo?
A.R. – Encontramos en archivos después del 85, una coordinadora de ollas populares, que se mantuvo ahí en la década de los 80 hasta los 90. Después en el 2002 hay cuestiones pero todas fragmentadas, o sea, lo que no había era como el fenómeno como a nivel nacional, pero sí, hubo un montón de experiencias. Incluso la Universidad en el 2002 estuvo involucrada en huertas comunitarias y ollas en ese momento de crisis.
De las luchas sindicales, hay recuerdos en investigaciones de las luchas de los cañeros, en los campamentos, las ocupaciones, siempre aparece esto. Lo que no aparece es en el relato de la historia a nivel nacional, como una herramienta, más sistémica que tenga que ver con memorias y una caja de herramientas a nivel popular ante las crisis. Eso no lo encontramos.
Muchas de las experiencias tenían presentes recuerdos del 2002, desde un registro oral, se acordaban que algún familiar tenía una olla en algún momento.
De cualquier manera, nosotros también vimos que hay un 25% de las experiencias que venían de antes del 2002. Incluso hay algunas que vienen de la década del 80. Sin duda hay, en las propias organizaciones, experiencias con estas memorias y estas vivencias.
Lo que podemos decir es que hay picos de ollas, que por momentos tienen que ver más con las crisis y de eso siempre ha quedado alguna reminiscencia comunitaria que se ha instalado.
Hay muchos relatos de ollas que comenzaron como olla pero después vieron la necesidad de trabajo u otras problemáticas y visualizaron que el problema no era solamente coyuntural, sino que tiene que ver con el problema estructural de la pobreza que atraviesa nuestro país. Mantienen la olla pero van desplegando distintas actividades, a veces se formalizan, a veces generan centros comunitarios reformulando esas capacidades solidarias.
Por ejemplo ahora hay algunas redes que están intentando llegar a transformarse en comedores más formalizados. También con la idea de poder vender y generar una fuente de ingreso, para las personas que están cocinando. Por ejemplo en las Cocinas Comunitarias hay algunas redes de ollas que están intentando transformarse en emprendimientos asociativos.
De acá salieron múltiples experiencias, algunas más vinculadas a la capacitación en distintos oficios como carpintería. Algunas se llegaron a formalizar, dentro de economías populares.
M.A.- ¿Se podría hablar de una economía mixta?
A.R. – Sí. Hay que entenderlas en su contexto, ya que las economías populares no funcionan simplemente como la economía formal o no formal, funcionan como híbridos. Por ejemplo una persona le pide a una vecina que cuide algunas horas a los hijos, también recibe algún apoyo del Estado, después va a una olla para cubrir algunas comidas en el mes, luego realiza “changas” o tiene alguna iniciativa para contar con una capacidad monetaria para ir llegando a fin de mes. Así se va armando una “economía de retazos” que le permite sostener la vida.
Hay historias diversas. Capaz que lo interesante es que, a pesar de esa heterogeneidad y esa riqueza territorial, de alguna manera, cada olla en cada barrio el desarrollo es distinto, se da por impulso a partir de lo que las personas están viendo a su alrededor.
En esta visión, comunitaria, me parece que hay una riqueza que siempre es necesario identificar como un fenómeno que no es individual, o de un colectivo solamente, porque hace parte de un proceso social más amplio, pero que guarda sus singularidades en cada territorio, como parte de la riqueza de la historia de las personas.
Al principio, por ejemplo, había en el 2020 muchas personas que habían quedado en ese momento, en el seguro de paro, desempleadas momentáneamente. Esas personas volvieron al trabajo. Pero ahora se mantuvieron las personas que no tenían un trabajo fijo, hacen parte más de esa economía que hablamos anteriormente. Por otra parte, por ejemplo, vecinos en Ciudad Vieja, que capaz que sí tienen su trabajo, son estudiantes o tienen otras actividades, participan porque ven las necesidades de otras personas en su barrio, también para conformar lugares que habilitan una interacción social diferente.
En los territorios estamos atravesados por múltiples violencias, y esto sale mucho en los testimonios que hicimos, del trabajo más cualitativo. Lo que se plantean los vecinos de un barrio, es que ante la situación calle, es muy difícil interaccionar, entonces se plantean esa reunión a través de la comida, esto abre espacios y habilita diálogos que de manera individual son casi imposibles. Por ejemplo, en otros barrios las vecinas ven que los jóvenes y niños no están comiendo.
Se organizan en base a necesidades que son diversas. Lo interesante es que en esa diversidad también se han podido comunicar entre ellos, a partir de distintas redes, que a veces funcionan de manera pragmática como por ejemplo cuando sobran fideos y a otro lentejas se hace un intercambio de insumos. Si esta semana no pueden cocinar una vez en lugar de tres, se coordinan para avisar que hay otra olla en el barrio abierta y se avisa a los que llegan para responder a esas necesidades, tratar de que por lo menos todos los días haya una olla abierta para poder responder. Desde eso hasta otras cuestiones más de organización como por ejemplo encuentros entre ellos, entre distintas redes, marchas, etc. También lograron hacer visible un tema que parecía tan invisible en Uruguay.
En las encuestas de inseguridad alimentaria, se demostró que, hay un núcleo duro, de personas entre 13% y el 15% que sufren inseguridad alimentaria, entre mediana y grave.
M.A. – ¿Pudieron registrar cómo fue el impacto en las personas que participaban de las iniciativas con toda la movida de prensa que se dió en un momento?
A.R. – En el análisis encontramos tres momentos. Uno, en el 2020, un poco de invisibilización, porque emergió el fenómeno y no había un trato más sistémico. Era un problema esto de “quédate en casa”. Al quedarse en casa, muchos de los dispositivos de alimentación que el Estado tiene no podían llegar, como por ejemplo las escuelas.
Las personas también se quedaban sin ese dispositivo, además de las personas que no tenían casa directamente.
Eso como una especie de invisibilización, pero después, sí, se visibiliza con una ayuda muy precarizada con Uruguay Adelante, que es de naturaleza más empresarial. Después ya, empezó una etapa de mayor confrontación, incluso se les pedía a las organizaciones planillas y otros datos. Obviamente el Estado tiene que rendir cuentas de los recursos pero no se si son las organizaciones las que tienen que estar haciendo todo este trabajo, menos las organizaciones populares. Nosotros analizamos esa etapa como un momento de criminalización de la organización.
Además de que hay algunos discursos individualizantes de un problema que es estructural que tenemos como sociedad y se criminaliza la desigualdad porque se responsabiliza a los pobres desde el discurso de “son pobres porque no trabajan”.
M.A. – ¿Las personas lo vivieron así?
A.R. – Sí, muchos de ellos lo vivieron así, porque además la criminalización, no fue sólo política, porque fue la antesala de quitar muchos de los apoyos con los que contaban. Luego sale un Plan de Alimentación Territorial (PAT), un plan para llevar comida congelada a distintos puntos, anunciando que con ese plan no iban a ser necesarias las ollas. Lo que sucedió fue eso, una reconfiguración.
La organización sigue, ahora con otra vinculación con el Estado, con mayor escucha, por lo que se interpreta de los relatos, pero también con un Estado que marca su escasez.
M.A. – ¿Cómo viven las mujeres todo esto?
A.R. – La micropolítica de deslegitimación que sucede en los barrios, a partir de usar la prensa desde un aparato estatal, es desproporcionada. Las personas se estaban haciendo cargo de solucionar un problema porque el Estado no estaba pudiendo. Además se les pedía el registro de cédulas, fotocopias, y otros procedimientos para controlar, cuando la realidad era que algunos de los asistentes no tenían cédula. Era pedirle el doble de trabajo a una persona que pone el esfuerzo voluntario, en muchos casos también los recursos de su casa porque es en su casa que se cocina, es una persona que está poniendo la infraestructura de su propia casa. Después todavía diciendo, que no cumplieron los requisitos, que una olla que abría el miércoles después abrió el jueves, y salía todo esto que vivimos durante la pandemia, que fue como un absurdo, si uno lo piensa más allá de lo puntual del caso, se estaba obviamente intentando deslegitimar toda la organización popular.
Es una estrategia política y más cuando fue una antesala de la desmaterialización de estas experiencias. Es una desresponsabilización del estado de un problema.
El desgaste en los cuerpos de las mujeres que llevan a cabo las ollas es permanente. También afecta la salud de esas mujeres, por ejemplo, lo culpables que se sienten muchas veces por tener que cerrar porque no tienen insumos y que los niños sigan yendo y decirles que no tienen, cuando saben que es una necesidad, todo eso que también tiene que ver con la salud mental integral, además del uso del aparato estatal contra la organización popular en aquel momento.
Pero a pesar de eso hoy se mantienen 415.
(*) Juana Francisca Gómez es escritora y miembro del Capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RedH)
Apuntes:
Tercer Relevamiento
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/52990
Ollas – Primera Parte
https://www.mateamargo.org.uy/2026/06/29/ollas/
Economía social y solidaria en Uruguay: Mapeo cuantitativo
Cocinas comunitarias
https://www.mateamargo.org.uy/2026/06/21/algo-se-cocina/
«QUILINO» (1966) de Raymundo Gleyzer y Jorge Prelorán
