RENDICION DE CUENTAS “COSTO CERO”
Por economiapolitica.uy *
Hector Tajam **
Dibujo Prof. Adán Iglesias Toledo ***
El Banco Central del Uruguay (BCU) nos informa que “Uruguay es el único país del mundo que tiene un presupuesto quinquenal. El mismo se confecciona al inicio de un nuevo gobierno y debe presentarse antes de cumplir seis meses de iniciado el mismo. Cada año, se lleva a cabo una revisión anual, Rendición de Cuentas, donde el gobierno informa la ejecución del presupuesto al Parlamento y se pueden hacer ajustes al presupuesto del próximo año”. A más tardar el 30 de junio próximo el Poder Ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley al Parlamento cuyo contenido es la Rendición de Cuentas 2025, poniendo a consideración ajustes al presupuesto quinquenal. El Ministro de Economía, Dr. Gabriel Odonne, ha definido que no habrá un aumento del gasto público global que cuestione las metas de reducción del déficit fiscal, pero sí ha configurado una serie de lineamientos que posibilitan redireccionar recursos hacia las áreas priorizadas por el gobierno, en lo que se ha definido como una Rendición de Cuentas “Costo Cero”.
Uno de los elementos centrales que definen esta decisión de no modificar el gasto público presupuestado el año pasado es el enlentecimiento persistente de la actividad económica del país. Medida por las variaciones anuales del Producto Interno Bruto (PIB), es conocido su cuasi estancamiento en la última década, donde en promedio apenas superó el 1% anual (Gráfica 1). Podemos constatar además que desde 2024, año en que se registró un aumento de 3,1%, luego disminuyó a 1,8% en 2025, y si recurrimos al IMAE (Índice Mensual de la Actividad Económica) que construye el BCU, a marzo 2026 habría disminuido al 1,1%[i].
Los ingresos del gobierno dependen de cómo evoluciona la economía. En la gráfica 1 podemos observar la altísima correlación entre el producto y los ingresos de la DGI (Dirección General Impositiva). La distribución del valor producido en salarios, beneficios e ingresos de trabajadores independientes, determina la masa salarial como base imponible del IVA e IMESI, del IRPF y del aporte personal al BPS, los beneficios empresariales para la recaudación del IRAE, la acumulación de activos para el impuesto al patrimonio. En el año cerrado a marzo 2026 la DGI recaudó un monto equivalente al 19,3% del PIB, superior en 1% respecto a marzo 2025, coherente con el aumento del PIB de 1,1%.
A esta restricción que impone el reducido crecimiento económico, se suma la decisión de no aumentar ingresos por la vía impositiva, una vez más producto de la lógica instalada de preservar la alta calificación de Uruguay para la inversión extranjera y la colocación de deuda pública a bajo costo (riesgo país). Tal vez también a la espera del rendimiento del Impuesto Mínimo Global a los rendimientos de las inversiones extranjeras en Uruguay – una respuesta a la demanda del impuesto al 1% más rico – que se espera comience a fluir en 2027. De todas maneras es raro que no se lo mencione, tampoco la adecuación del IRPF a la valuación de activos en el exterior, para contrarrestar críticas al congelamiento del gasto global, a menos que solamente sean vistos como instrumentos para la reducción del déficit a su meta de 2,6% en 2029.
Resulta contradictorio con los cuidados del gasto público, aunque coherente con el principal objetivo de la política económica – la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) – las nuevas formulaciones de la ley 16.906 de promoción de inversiones a través de exoneraciones impositivas que, vigentes a partir del 1° de junio, aumentarían el denominado “gasto fiscal”, que refiere a un cierto sacrificio en la recaudación impositiva. El Poder Ejecutivo extendió hasta el 1 de enero de 2031 el régimen de promoción para proyectos de gran dimensión económica, vinculado a las actividades de construcción de viviendas y oficinas para la venta o arrendamiento. Los nuevos criterios que surgen del decreto 329 de diciembre 2025, elevan los montos mínimos de inversión, incorporan incentivos para materiales nacionales, habilitan proyectos por etapas e incorporan nuevos tramos de exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), incluyendo un nuevo tramo de exoneración de 35% para inversiones de entre 70-90 millones de dólares[ii]. Sigue pendiente la revisión de este instrumento que motiva uno de los gastos fiscales más altos del continente[iii], como lo reclama el programa de Frente Amplio[iv]. La racionalización de actividades promovidas y el control y seguimiento estricto de la ejecución de los proyectos tendría consecuencias similares a un aumento de los ingresos fiscales, como lo haría un aumento impositivo.
En este marco es interesante ver cómo se financia el estado uruguayo. A marzo 2026 los ingresos del estado uruguayo por concepto de impuestos recaudados por la DGI significaron el 82% de los ingresos del Gobierno Central, y explicaron el 89% de su variación. La recaudación de la DGI en el primer año del gobierno presidido por Yamandú Orsi creció muy poco, 0,7% (650 millones de dólares), donde el IVA al consumo interno y el IRPF con base imponible en la masa salarial determinaron el 70% de esa variación. Por otro lado, los beneficios empresariales y el patrimonio de personas físicas y jurídicas aportaron 17% a través del IRAE y el IP respectivamente. Lo cual muestra a la imposición a los ingresos del trabajo como la fuente primordial de financiamiento público, en la medida de que son los asalariados quienes pagan más IVA en relación a sus ingresos. La segunda generación de la reforma tributaria, gravando más la riqueza, hubiera emparejado este desequilibrio, que paradójicamente se mantiene en la búsqueda del equilibrio fiscal, entendido este como resorte fundamental de la imagen país para los inversores extranjeros y para nuestros acreedores.
Así las cosas, reducidos ingresos fiscales, dependientes solamente de un crecimiento económico, que crece por debajo de las previsiones presupuestales quinquenales, se desemboca en una Rendición de Cuentas 2025 sin cambio en su gasto global y ajustando a su interna para intentar mantener el financiamiento de las prioridades del plan de gobierno. Lo que se ha denominado una Rendición de Cuentas Costo Cero.
Los lineamientos que envió el MEF para elaborar la próxima Rendición de Cuentas determinan que cualquier nueva iniciativa que implique un gasto adicional deberá financiarse con reasignaciones internas, ajustándose así al criterio de «costo cero». Textualmente dichos lineamientos advierten que toda nueva asignación deberá financiarse mediante «la reducción, eliminación o reformulación de otros gastos dentro del propio Inciso», revisando su estructura de gasto para encontrar de donde reasignar recursos. Y lo más importante, la intención de promover el rediseño de programas existentes priorizando aquellas políticas “con mayor impacto económico y social” e identificando los objetivos considerados imprescindibles por su carácter estratégico.
Este original planteo, que busca esquivar el “gasto cero” que significaría quebrar con una “tradición” dentro del Frente Amplio, donde siempre se encontró un espacio fiscal para nuevos impulsos al gasto público social, se da en un contexto de crecimiento sostenido del déficit fiscal que en el año móvil cerrado a marzo 2026 se mantiene cercano al 5% del PIB, un registro que en el siglo XXI solamente se dio en la crisis de 2002 y en el marco de la pandemia en 2020. En efecto, las estadísticas sobre Resultados del Sector Público publicadas por el MEF dan cuenta de un déficit de 4,7% del PIB para el Sector Público Global con una deuda bruta equivalente al 75% del PIB. Un año atrás, dicho déficit se había situado en 4,1% y la deuda bruta en 74%.
En estos últimos doce meses las variaciones en el gasto ocurrieron principalmente en el ajuste de pasividades y el aumento en las transferencias ejecutadas por el BPS. Las remuneraciones aumentaron en el entorno de la 11ª. Ronda de Salarios y se registró un importante esfuerzo de inversiones ejecutadas por el MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) y por los organismos docentes. Entre todos sus componentes, el gasto público aumentó aproximadamente 800 millones de dólares en este período (0.9% del PIB), una cifra similar a la prevista en el Presupuesto 2025-2029 para el primer año del quinquenio, pero asociado a un crecimiento de la actividad económica mucho menor a la proyectada.
En síntesis, se ha elegido el camino del ajuste fiscal ante una base económica restringida, confiando que de esa manera se puede levantar dicha restricción en un corto plazo, cimentando la confianza de probables inversores extranjeros en un país con equilibrios estables y capacidad de repago de deudas actuales y futuras. Las decisiones sobre el rumbo estratégico del desarrollo nacional se trasladan a expectativas de lucro que no tienen por qué coincidir con las necesidades más urgentes de la sociedad uruguaya. El proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida se inscribe también en ese rumbo, casi, casi, en el concepto liberal de menos estado = mayor bienestar. ¿Habrá que convocar a la paciencia y a la espera de que llegue la inversión extranjera? El proceso de extranjerización de la economía uruguaya continua sin pausas, todos los días nos enteramos de alguna expropiación por el estilo. Pero si los mismos problemas siguen vigentes, ¿Quién la soportaría toda sin protesta? Como cantan Los Olimareños en Que pena.
El programa del Frente Amplio convoca a planificar, cuando establece “Desplegar una Estrategia Nacional de Desarrollo a largo plazo, lo que conlleva retomar la planificación estratégica por parte del Estado sobre la base de las actuales empresas públicas y otros instrumentos que puedan crearse, con objetivos a corto, mediano y largo plazo”. Entre esos otros instrumentos seguro cabe la inversión extranjera, pero con propósitos que no sean divergentes con los objetivos finales de la Liberación Nacional y el Socialismo.
Gráfica 1
(*) EconomiaPolitica.uy es un Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Política.
(**) Héctor Tajam es Economista, Director del Programa EconomiaPolitica.uy y Columnista de Mate Amargo. Fue Diputado (2005/10) y Senador (2010/15) por el MPP – Frente Amplio. Miembro del Capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RedH)
(***) Prof. Adán Iglesias Toledo, Director del Medio humorístico DEDETE del Periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC. Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero.
[i] El BCU publicará los resultados de las Cuentas Nacionales al primer trimestre de 2026 el próximo lunes 15 de junio.
[ii] El máximo de exoneración del IRAE es del 100%, y el mínimo de 30%.
[iii] El promedio de gasto fiscal en ALyC según la CEPAL es de 4,2% del PIB. Uruguay supera el 6% del PIB en exoneraciones tributarias que abarcan principalmente el IVA, IRAE, IP.
[iv] “La política tributaria tendrá como objetivos contribuir a un cambio estructural de la economía acorde con los objetivos de desarrollo nacional y contribuir a una disminución sustancial de la desigualdad. Para ello será necesario ajustar y perfeccionar los mecanismos de promoción y exoneración de inversiones, acorde con los objetivos de desarrollo productivo planteados y fortalecer los mecanismos de control ciudadano y parlamentario en el caso de los acuerdos que involucren aportes del Estado vinculados a inversiones de gran porte”.
