Mientras las conversaciones entre Washington y Teherán siguen en un impasse salpicado de escaramuzas militares que vulneran lo pactado, afloran los motivos reales de Trump para llegar a un acuerdo: la disminución de la reserva estratégica de petróleo de EU. A su vez, desde una posición de fuerza asimétrica, la nación persa reafirma su soberanía territorial sobre la vía marítima.
Por Carlos Fazio (*)
Dibujo de portada, Adán Iglesias Toledo (**)
La normalización del proceso de conversaciones entre Estados Unidos e Irán sigue en un limbo. El cese de las hostilidades acordado en el marco del Memorando de Entendimiento resultó ser frágil. Y todo indica que la estructura diplomática diseñada por los negociadores iraníes y los mediadores paquistaníes y cataríes fue aceptada por la administración Trump sobre la base de un engaño calculado.
El 16 de junio, Donald Trump celebró la formalización del trato, “autorizando” la apertura libre de peajes del estrecho y la eliminación inmediata del bloqueo naval de la Quinta Flota en el estrecho de Ormuz. “Barcos del mundo, arranquen motores. ¡Que corra el petróleo!”, ordenó en sus redes sociales.
Pero el viernes 26, el Mando Central (CentCom) del Pentágono en el golfo Pérsico volvió a bombardear una torre de telecomunicaciones en Taheriyeh, cerca de la ciudad portuaria de Sirik, situada en el sur de Irán, y la aldea de Masen, en la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, tras acusar a la República Islámica de haber atacado con drones el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, cuando salía de esa vía marítima por la costa de Omán el día anterior.
La respuesta iraní no se hizo esperar. En represalia, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacó varias posiciones de las tropas de EU en la región, acusando a Washington de violar el alto el fuego pactado. El CGRI lanzó misiles balísticos y drones contra ocho infraestructuras importantes de EU en el área, entre ellas, la base aérea Ali Al Salem en Kuwait y la sede de la Quinta Flota de la Armada de EU en el puerto de Mina Salman, en la capital de Baréin.
Un día después, en otra flagrante violación del memorándum de entendimiento, el ejército de EU llevó a cabo una nueva serie de ataques aéreos en la provincia de Hormozgán, en el sur iraní, lo que se sumó a un patrón creciente de perfidia estadunidense que no muestra signos de disminuir ni se puede ocultar bajo la elaborada capa de formalidades diplomáticas y sutilezas procedimentales.
Lo que realmente se está materializando sobre el terreno no es más que un frágil alto al fuego, que Estados Unidos pretende destruir en pos de sus verdaderos objetivos estratégicos. Todo lo que Trump ha buscado se ha centrado, en última instancia, en la reapertura sin restricciones del estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento marítimo más vital del mundo, incluso si lograr ese objetivo significaba permitir que aproximadamente 22 000 millones de dólares en activos iraníes congelados llegaran a Irán (12 000 millones de dólares de Catar y aproximadamente 10 000 millones de dólares en ingresos petroleros).
Desde la perspectiva del megalómano que preside EU, se trata sin duda de un acuerdo favorable. Afín a sus usos y costumbres, su cálculo es frío, transaccional y revelador. El objetivo final es obligar a Teherán a elegir entre aceptar la normalización de la agresión militar continua o renunciar a su posición de control soberano sobre el estrecho marítimo. Por lo tanto, la estrategia del palo y la zanahoria se ha vuelto inequívocamente evidente. Todo lo demás, incluidas las grandilocuentes promesas de alivio de las sanciones, los compromisos de inversión y reparaciones, y el discurso diplomático sobre la estabilidad regional, no son más que fachada.
Trump sabe, también, que el régimen sionista de Israel no permitirá bajo ninguna circunstancia que Estados Unidos influya en sus decisiones estratégicas, ni Washington ni Tel Aviv aceptarán que Irán obligue al ejército de ocupación israelí a retirarse del sur del Líbano y de los territorios ocupados.
En tales circunstancias Washington había elaborado un plan con maña. Ante la persistencia de la nación persa en ejercer su soberanía sobre el estrecho, EU habría presionado a Omán para que estableciera un corredor marítimo alternativo en sus aguas territoriales a través del estrecho de Ormuz sin coordinarse con Irán, dando por sentado que Teherán no se arriesgaría a una confrontación militar debido a su urgente necesidad de los recursos financieros descongelados.
Washington partió de la base de que la necesidad económica prevalecería sobre los
principios estratégicos y que Teherán aceptaría una erosión simbólica de su soberanía a cambio de una ayuda financiera tangible.
Según el plan estadunidense, una vez que ese corredor omaní obtuviera reconocimiento formal, podría ampliarse gradualmente hasta que la reapertura del estrecho se convirtiera en un hecho consumado impuesto a Irán. La estrategia fue cuidadosamente planificada y diseñada de manera gradual para evitar la confrontación directa, al tiempo que se intentaba erosionar el control legítimo de Irán sobre la vía fluvial.
El razonamiento era lógico, pero los cálculos de EU fueron erróneos. La asimétrica respuesta punitiva iraní contra varios buques mercantes trastocó por completo el escenario estadunidense para sorpresa de los halcones en Washington.
La administración Trump no tuvo en cuenta la cultura estratégica de una nación que ha demostrado repetidamente su disposición a soportar dificultades en defensa de su soberanía. La respuesta iraní demostró que la soberanía sobre el estrecho no es una moneda de cambio que se pueda intercambiar por incentivos financieros, sino un derecho nacional fundamental al que no se puede renunciar bajo ninguna circunstancia.
Teherán ha recalcado que según el acuerdo alcanzado, cualquier tránsito por el estrecho de Ormuz debe realizarse por las rutas anunciadas por la República Islámica. El viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Qaribabadi, ha subrayado que “no se puede garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz con acuerdos ambiguos, rutas paralelas o decisiones que no tengan en cuenta el papel de Irán como estado costero”. Además, advirtió que cualquier falta de coordinación con Teherán conllevaría la suspensión de las rutas paralelas.
En virtud del acuerdo provisional de 14 puntos firmado por Trump, Teherán acordó hacer todo lo posible para garantizar el paso seguro de los buques comerciales durante 60 días sin coste alguno. El artículo 5 del memorándum también prevé conversaciones entre Irán y Omán para definir la futura administración del estrecho y los servicios marítimos de conformidad con el derecho internacional y los derechos soberanos de los Estados ribereños.
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní ha creado una Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico para tramitar las solicitudes de tránsito de buques, que exige solicitudes previas y el cumplimiento de las rutas y horarios establecidos.
Irán y Omán también han formado un grupo de trabajo conjunto, integrado por funcionarios de sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores, para debatir la futura administración del estrecho, los servicios marítimos y los costes asociados. Ambas partes han reiterado que todos los acuerdos deben respetar plenamente la soberanía y los derechos soberanos de los Estados ribereños.
Irán también rechazó enérgicamente una declaración conjunta de Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico (CCG, conformado por Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos), que abogaba por la “navegación libre, incondicional y sin restricciones”, sin peajes ni intentos de controlar la vía marítima. La Cancillería iraní calificó dicha declaración de “intervencionista, irresponsable y provocadora”.
El SPR y los motivos ocultos de Trump
El 15 de junio, un día antes de la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, el Departamento de Energía anunció que la Reserva de Petróleo Estratégico de Estados Unidos (SPR, por sus sigla sen inglés) alcanzaron su punto más bajo en 40 años al situarse en 340.3 millones de barriles, debido a los estragos generados en la oferta global por la guerra contra Irán. Esa cifra no se veía desde 1983, cuando la reserva –creada tras el boicot petrolero de la OPEP a EU a raíz de la guerra de Yom Kipur diez años antes– aún estaba en la fase inicial de inventariado.
La reducción de la reserva estratégica de EU ocurre después de que el 11 de marzo pasado, la Casa Blanca autorizara la liberación de aproximadamente 172 millones de barriles, para aliviar las presiones sobre los mercados internacionales y moderar el aumento de los precios de los combustibles derivado de la guerra a la que el propio Trump había dado luz verde, con el consiguiente cierre temporal del estrecho de Ormuz y los ataques a la infraestructura energética de los países del Golfo durante el conflicto.
De acuerdo con un despacho del experto geopolítico Pepe Escobar, con base en información suministrada por “altos mandos” de la vieja escuela de los servicios de inteligencia del Estado profundo estadunidense, ahora involucrados en los negocios globales, la razón principal por la que Trump firmó el memorándum de entendimiento se debió a que, tras el anuncio del Departamento de Energía, EU estaba a solo 60 días del agotamiento definitivo de las reservas de petróleo, lo que habría supuesto la destrucción total de su gobierno.
Las fuentes de Escobar aludían a una evaluación detallada de riesgos en la que los datos concretos apuntan a mediados de agosto de 2026, como el momento en que EU debe detener legalmente el uso de reservas de emergencia. Según Goldman Sachs, si se corta el suministro el precio del petróleo subirá a 700 dólares el barril; con lo que el déficit mundial de suministro de petróleo se ampliará instantáneamente en millones de barriles al día, lo que provocará una crisis global. En tal escenario, Trump y los republicanos perdería las elecciones intermedias de la primera semana de noviembre, y a continuación, los demócratas lo someterían a un proceso de destitución.
Ahí entraría en juego la interacción entre el agotamiento físico de la Reserva Estratégica de Petróleo de EU; los límites reales y prácticos de los precios del petróleo, y el oculto mercado de derivados de dos billones de dólares; una interacción que Escobar analiza como una fase final altamente sincronizada.
Según el analista geopolítico brasileño, Teherán lo calculó todo a la perfección. Llámese “peaje” o “tasas de tránsito” para cualquier petrolero que desee atravesar sus aguas territoriales del Golfo Pérsico, lo que importa es que Irán eludió de facto las sanciones occidentales.
Y la pregunta, ahora, es si EU –y la economía mundial– están fuera de peligro. Eso depende de adónde conduzca el memorando de entendimiento, ya que el petróleo aún no fluye libremente por el estrecho de Ormuz y la reserva de petróleo de EU sigue agotándose.
Trump simplemente no puede permitirse que la reserva se agote. Sin embargo, así es como irán las cosas si el flujo en el estrecho de Ormuz no vuelve a ser totalmente libre más pronto que tarde. Y es Teherán quien controla el flujo, no “War-a-Lago”. Así que, o bien Trump se contiene, o bien podría incluso convertirse en el responsable de una crisis global vinculada a una implosión generalizada de la deuda soberana.
Soberanía y reconfiguración espacial en el estrecho de Ormuz
En ese contexto, conviene tomar en cuenta algunos elementos sobre la implementación del Memorándum de Islamabad, que han pasado prácticamente desapercibidos para los analistas de seguridad occidentales, atrapados en las métricas de destrucción militar y los cálculos de capacidad naval de EU.
Como señala un extenso informe de Xavier Villar en Hispantv, Irán ha asumido la
responsabilidad exclusiva de las operaciones de desminado en el estrecho de Ormuz,
rechazando de manera categórica la participación de Estados Unidos y Francia en el
proceso.
Simultáneamente, la revisión de las rutas de navegación, trazadas originalmente en 1968 y actualmente en fase de negociación técnica con Omán, marca un quiebre administrativo definitivo con los regímenes de la dinastía Pahlavi. Interpretar estos desarrollos como meros ajustes logísticos de posguerra implica diagnosticar erróneamente la naturaleza profunda del proyecto geopolítico de la República Islámica.
Según Villar, ese espacio marítimo se ha transformado en un ámbito donde un imaginario político distinto interrumpe activamente las “cartografías hegemónicas”. A su juicio, la aserción de control sobre esta vía navegable constituye una reafirmación de la autonomía jurisdiccional y un ejercicio de creación de mundo antimperial. Consolida una realidad estructural que define la interacción del Estado con el sistema internacional y descarta cualquier lectura transaccional de su posición estratégica.
El analista refiere que la teoría convencional de las relaciones internacionales, heredera directa de la Paz de Westfalia de 1648, concibe la soberanía como “un monopolio secular y territorial de la fuerza”. Ese paradigma asume que el espacio geográfico funciona como un contenedor neutral y que la validez estatal depende del reconocimiento de las potencias hegemónicas. Sin embargo, estudios musulmanes críticos desmantelan esta epistemología eurocéntrica al examinar cómo la secularización del poder estatal fue un proceso histórico profundamente político, diseñado para subordinar las tradiciones islámicas y mantener una jerarquía internacional excluyente.
La República Islámica subvierte esta estructura desde adentro, fusionando el aparato estatal moderno con los imperativos éticos de la revolución. Trasciende la mera administración burocrática o el cumplimiento de tratados impuestos.
Así, la soberanía iraní se ejerce como una aserción continua de dignidad frente a la
subyugación sistémica. Esta concepción transforma radicalmente el espacio físico. La
geografía del mundo musulmán adquiere una densidad histórica y ética. El territorio se convierte en el medio a través del cual se sostiene una existencia política autónoma. Cada decisión administrativa, por técnica que parezca, opera como un acto de afirmación existencial contra la objetivación imperial.
Como recuerda Villar, el orden espacial de Asia occidental contemporánea fue delineado minuciosamente por intereses imperiales. El Golfo Pérsico fue históricamente integrado como un lago británico y, tras la retirada imperial, reconfigurado bajo un paraguas de seguridad estadunidense. Este diseño geopolítico buscaba garantizar el flujo ininterrumpido de capital y energía, marginando sistemáticamente las aspiraciones políticas locales y gestionando las poblaciones costeras desde la periferia.
Ahora, agrega el analista, la decisión de alterar las rutas de tránsito a través del estrecho ilumina esta lógica espacial descolonial. Los carriles marítimos existentes, registrados ante la Organización Marítima Internacional, datan de 1968, cuando la orientación geopolítica de la dinastía Pahlavi estaba firmemente anclada en el bloque occidental. Entonces, esas rutas fueron diseñadas para optimizar la extracción y el tránsito de hidrocarburos para los mercados globales, priorizando la eficiencia del capital internacional sobre las sensibilidades soberanas y las realidades demográficas de los estados costeros.
A raíz de la guerra de agresión ilegal y no provocada desatada por Trump y Benjamín
Netanyahu el 28 de febrero pasado, la revisión iraní de esos carriles, coordinada con Omán, constituye un acto de reclamación cartográfica, que reescribe físicamente el mapa marítimo para alinearlo con las realidades políticas y de seguridad emanadas tras la realidad en el campo de batalla.
Así, esta acción técnica, aparentemente burocrática, desmantela la infraestructura espacial heredada de la Guerra Fría en el golfo Pérsico. Al trazar nuevas líneas de tránsito, el Estado iraní redefine los límites de lo posible para el comercio global, subordinando la fluidez del capital a las exigencias de la seguridad nacional y asumiendo el control total sobre los flujos que cruzan su jurisdicción.
En el ámbito del derecho internacional, Irán navega hábilmente entre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus propias interpretaciones de jurisdicción. Al mantener una posición de no adhesión a la convención, Teherán utiliza sus principios para argumentar a favor del derecho de paso, mientras se reserva el derecho a restringir la navegación de buques de guerra de estados que considere hostiles, en particular, Estados Unidos e Israel.
Esta ambigüedad calculada, según Villar, es una herramienta jurídica que refleja la postura política de la nación persa. El derecho internacional se convierte así en un campo de batalla discursivo donde se disputan los límites de la soberanía, adaptando la interpretación de las normas marítimas para servir a los imperativos de seguridad nacional y consolidar su autoridad sobre las aguas territoriales.
La asunción exclusiva del desminado del estrecho, reclamada como prerrogativa única del Estado iraní bajo el Memorándum de Islamabad, adquiere una dimensión práctica y ética profunda. Al limpiar las minas unilateralmente, las fuerzas navales iraníes ejecutan una reclamación espacial que asume la responsabilidad total del espacio, rechazando la tutela extranjera.
En ese sentido, la insistencia de Teherán en la responsabilidad única del desminado, al rechazar las ofertas de ayuda de Francia o Estados Unidos, opera como una corrección histórica profunda. El acto físico de barrer las minas transforma el lecho marino de una zona de securitización imperial a un dominio de gestión soberana nativa.
La dimensión económica del estrecho, aunque innegable en su impacto global, está
estrictamente subordinada a esa lógica política. La vulnerabilidad de las rutas de suministro global es una consecuencia de la geografía física, pero la explotación de esta vulnerabilidad responde a un cálculo político deliberado. Teherán comprende que la interdependencia económica global otorga un poder asimétrico a quien controla los cuellos de botella estratégicos.
La insistencia de Irán y Omán en recibir tarifas por los servicios marítimos transforma la transacción económica en un acto soberano, que obliga al capital global a reconocer la realidad física y política de la administración de la República Islámica, integrando el coste de la soberanía en las ecuaciones del comercio mundial.
La negativa a aceptar rutas paralelas durante el periodo de transición refuerza esta
jurisdicción absoluta. Cualquier buque que intente eludir los corredores designados está desafiando la soberanía espacial del Estado. La advertencia de Teherán de que utilizará diversos instrumentos para responder a las violaciones del memorándum articula una línea roja que defiende la integridad jurisdiccional del Estado. Demuestra que el control del tráfico trasciende la noción de concesión para constituir el ejercicio de un derecho inherente.
Como señala Xavier Villar, esa disuasión espacial nivela las correlaciones de poder
convencional, utilizando la proximidad geográfica y la topografía costera para crear una zona de negación de acceso. Hace prohibitivo cualquier intento de control absoluto por parte de Estados Unidos que, en base a su superioridad naval, garantizaba tácitamente hasta antes del conflicto la libertad de navegación por esa vía marítima.
Como se ha señalado en otras entregas anteriores para Mate Amargo, la doctrina de defensa iraní ha invertido décadas en desarrollar una guerra asimétrica que hace que cualquier intento de control absoluto del estrecho sea prohibitivamente costoso, transformando la vulnerabilidad geográfica en un instrumento de disuasión pragmática. Además, la aserción de control sobre el estrecho opera como una característica definitoria y duradera de su identidad geopolítica.
En conclusión, la revisión de las rutas de navegación y la firme postura iraní contra las rutas paralelas en el estrecho de Ormuz, son símbolos altamente visibles de un Estado soberano que ha desmantelado la herencia institucional de la era Pahlavi.
(*) Carlos Fazio, escritor, periodista y académico uruguayo residente en México. Doctor Honoris Causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de diversos libros y publicaciones. Miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (Capítulo México)
(**) Profesor Adán Iglesias Toledo, Dibujante Gráfico Cubano, Caricaturista Editorial y Director del Medio humorístico DEDETE del Periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC, la UPEC y la REDH (Capítulo Cuba). Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero. Autor de varios logotipos y campañas publicitarias, posee en su haber múltiples exposiciones individuales y colectivas, talleres e intervenciones nacionales e internacionales, y ha sido premiado más de 40 veces en su país y otros países.
