Por Darío Rodríguez (*)
Por la vía de los hechos, la Intendencia de Paysandú (IDP), ha optado por prescindir de una cartera de tierra, instrumento funcional a la planificación urbana. Deja las cosas libradas al mercado. “Tira” familias realojadas a las periferias y, concomitantemente, el Estado eroga miles de dólares llevando servicios y estirando una ciudad con espacios urbanos vacantes.
(Foto. Santiago Fleitas. Terreno cercano a una fábrica con obreros en el seguro)
En Setembrino Pereda e Instrucciones del Año XIII, donde funcionó la metalúrgica Ferropay, la esquina se ha constituido en un lugar inseguro, sucio, abandonado y de “aguante”. Abundan comentarios sobre dicho predio.
El predio en cuestión tiene 5.474 metros en sendos padrones números 11.350 y 12.222. El lugar tiene unas construcciones a punto de tumbarse, con el consiguiente peligro, la zona cuenta con todos los servicios y está a escasas cuadras de la costanera. El BROU lo tiene embargado y es posible que tenga deudas con la Intendencia.
(Foto: Santiago Fleitas. Cerca de Ambev está terreno embargado)
En su momento, (noviembre 2024) el edil oficialista: abogado Marcelo Tortorella, hizo un planteo en la Junta Departamental (JD) para que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) e Intendencia iniciaran un proceso de expropiación y toma urgente “de posesión de los inmuebles”. Fuentes consultadas mencionaron que el proceso expropiatorio debería transitarlo el acreedor o, en su defecto, la Intendencia.
El tema fue considerado por la JD el 26 de noviembre de 2024. Allí se resolvió, por unanimidad, 30 en 30, tomar conocimiento del tema y pasarlo a la Comisión de Legislación y Apelaciones para su seguimiento.
Rápido de reflejos
El mencionado edil, en reciente visita a Paysandú del director de la ANV por la oposición, Alfonso Lereté (ex diputado y ex director de AFE) le reiteró el planteo y lo llevó al lugar.
El curul no piensa en planes de vivienda para los sectores más postergados, su movida tiene que ver con el programa de vivienda promovida; de hecho, un negocio financiero más que un plan habitacional.
El déficit habitacional en Paysandú lo tienen las familias de los quintiles más bajo, que encuentran en los realojos y las cooperativas de vivienda una solución.
La IDP no tiene cartera de tierra y hay poco empuje para que la constituya e intervenga en el mercado inmobiliario. En estos tiempos hay cierto “boom” constructivo (hay una quincena de edificios en construcción, es esta ciudad universitaria), a veces como inversión, a veces como especulación inmobiliaria.
Mirar para el costado
Por otra parte, cerca de la terminal de ómnibus, un lugar consolidado de la ciudad, existe una manzana donde funcionaba la aceitera Indhar. La Intendencia tendría que expropiar; pero es una medida que cuesta.
En la campaña electoral departamental, la oposición presentó un proyecto urbano para el lugar. Al no acceder al gobierno la propuesta quedó en el olvido.
(De aquello a esto, un abismo)
Sería interesantísimo que las gremiales vinculadas al hábitat con presencia departamental: FUCVAM, FECOVI y PVS, empujen la idea que la IDP expropie y asigne el terreno a las cooperativas; medida con la cual se transforma un lugar con toda la infraestructura y la Comuna recupera los recursos puestos en la expropiación.
Peregrinaje cooperativo
Los proyectos cooperativos, -en su inmensa mayoría-, llegan a buen puerto, en los plazos previstos y con una buena gestión. No fue el caso de la Cooperativa Covioc (Cooperativa de vivienda obreros capataces) sita en Vizconde y Purificación; zona norte de la ciudad, barrio cooperativo.
(Covioc, inhabitable)
Los vicios constructivos impiden la habitabilidad para 40 familias que peregrinan desde hace 6 años golpeando puertas. Al no existir acuerdo sobre las causas de los vicios y responsables, el asunto se judicializó, quedando involucrados la propia cooperativa, su instituto asesor CET-PVS y el MVOT. Fue obvio la ausencia de controles, a tiempo.
Hoy se sabe que el MVOT le pidió a la ANV un estudio técnico que apunta a resolver la situación; pasó todo un periodo de gobierno sin que se hiciera nada. El mencionado informe ya está en manos de la Cooperativa. Fuentes consultadas manifestaron que la cooperativa le reclama al Ministerio una abultadísima suma de dinero, unos 12 millones de dólares.
Covioc fue construida mediante el sistema Crupe, que presentó oxidación crítica en las estructuras metálicas internas, provocando rajaduras, desprendimientos y debilitamiento estructural desde 2019. En consecuencia, no tiene condiciones de habitabilidad.
La semana pasada, los cooperativistas que aún mantienen la bandera inhiesta, estuvieron en Montevideo (Comisión de Vivienda de Diputados y MVOT) bregando por una solución. La judicialización del tema entorpeció la resolución. Hoy, hay una propuesta arriba de la mesa.
(*) Darío Rodríguez es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UdelaR), periodista y asesor en temas de cooperativismo, vivienda y hábitat
