Por Ricardo Pose(*)
Del torrente de datos e información que los actuales métodos de comunicación “vomitan”, que a veces son noticias impactantes, pero siempre efímeras, hay una labor pedagógica de la izquierda en mantener en el candelero las que condicionan la situación económica, política y social del país, para bien o para mal.
Sin mayores preámbulos me detengo en una que, desde hace un buen tiempo, me viene generando constantes interrogantes, porque de ella se deduce un sinsentido de la sociedad uruguaya.
Uruguay ha alcanzado un nivel de producción de alimentos que permite alimentar entre 30 y 50 millones de personas.
Tomemos el dato menos optimista, el de 30 millones, y confrontemos con el de la población uruguaya, casi nueve veces menor.
Huelga preguntarse ¿cómo el país puede producir esa cantidad de alimentos al mismo tiempo que padece de pobreza infantil y desnutrición en buena parte de su niñez y población?
Ya estoy un poco viejo para eslóganes, ya sé que es consecuencia de la desigualdad provocada por el sistema capitalista, pero, ¿en serio hay que esperar a una revolución radical para que las infancias y adolescencias uruguayas puedan acceder a lo que su país produce para 30 millones de personas?
El progresismo, aún dentro del marco capitalista de producción, debiera imaginar, explorar, atreverse a tomar otras iniciativas, además de las transferencias monetarias, para corregir en serio esta incongruencia.
Desde los fríos números
Hace poco volví a releer el Hombre que calculaba, y contagiado en su lectura deberán aceptar que vaya por esa línea de razonamiento.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la pobreza en Uruguay afecta a 561.500 personas. O sea que, teniendo en cuenta que producimos alimentos para 30.000.000 de personas, por cada pobre que hay en Uruguay, en el mundo hay 53 personas que se alimentan de lo que producimos.
Si hablamos de indigencia, tenemos que 57.500 personas en el país son indigentes. Siguiendo el mismo razonamiento, tenemos que por cada indigente que hay en Uruguay, en el mundo hay 522 personas que se alimentan de lo que producimos.
La pobreza en niñas, niños y adolescentes -medida por ingresos- asciende a 160.000, uno de cada cinco nace en contextos de privación material extrema. Así que por cada niño, niña o adolescente pobre que hay en Uruguay, en el mundo hay 188 personas que se alimentan de lo que producimos.
Hablando de alimentación, según datos de la ONU, en Uruguay hay más de 250.000 personas con acceso limitado a alimentos diarios. Es decir que por cada uruguayo con acceso limitado a alimentos diarios, en el mundo hay 120 personas que se alimentan de lo que producimos.
El consumo total de proteína cárnica en Uruguay se ubica en torno a los 101,5 kg por habitante al año, cifra tomada arbitrariamente, pero que vuelve a cuestionar ¿a cuántos de esos 101 kilos pueden acceder los pobres?, sumado al consumo de 10 kilos de arroz anual, o los 77 kilos entre frutas y verduras.
Tomando por ejemplo el arroz, según datos de la Asociación de Productores de Arroz, el mercado interno consume el 5% del 12% producido; seguramente incide un elemento cultural en lo alimenticio (aunque conozco pocos hogares uruguayos que no coman arroz), pero claramente el 7% que se exporta y que se convierte en la principal rentabilidad del sector, permite pensar en un diseño donde incida menos la lógica de mercado ante la cifra de pobreza.
¿Dónde está el cuello del embudo?
Si Uruguay produce alimentos para entre 30 a 50 millones de personas y hay problemas de acceso por una parte de su población, en especial la infantil y adolescente, algo no funca.
Siendo urgente y necesario habilitar el acceso mediante las transferencias económicas, como toda política asistencialista, depende de las condiciones generales de la economía y de gobiernos dispuestos a meter mano en la distribución del ingreso, en buen romance, pan para hoy, hambre para mañana, que compromete el ciclo vital de un ser humano.
A diferencia de otros países de la región que aplican controles de cuotas para asegurar el consumo local (Brasil ley de política agrícola; Argentina, hasta la llegada de Milei; Venezuela mediante la ley de Seguridad y soberanía Alimentaria, México; Cuba a pesar del bloqueo), Uruguay sigue regido por el libre mercado, la libertad de comercio y la libre exportación.
El flujo de alimentos entre la exportación y el consumo local se autorregula mediante la dinámica comercial y algunas normativas específicas, pero que no obligan a asegurar el abastecimiento interno.
Los precios del mercado interno se equilibran por la oferta y la demanda. El Estado uruguayo no aplica por ley «precios máximos» permanentes ni prohibiciones de exportación para forzar la baja de precios locales.
Institutos como el Instituto Nacional de Carnes (INAC) o el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) controlan la trazabilidad, la calidad y el estado sanitario de lo que se consume y se exporta, pero no intervienen dictando qué volumen se queda y cuál se va.
La Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) funciona como el principal centro mayorista de frutas y hortalizas del país. Durante una escasez, publica informes diarios de precios y volúmenes para evitar la especulación y asegurar que los comerciantes minoristas paguen valores reales de mercado, pero el precio se construye por las leyes de la oferta y la demanda.
El gobierno suele negociar de forma directa con la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) y los productores locales para congelar o rebajar el precio de una lista de alimentos básicos por un tiempo determinado, pero estos acuerdos siempre son voluntarios, nunca impuestos por ley.
Que la tortilla se vuelva
Este planteo reconoce los esfuerzos llevados adelante por el MIDES (entre otros planes) y las ollas populares del Mercado Popular de Subsistencia, pero apunta a reflexionar en cómo superar la etapa asistencialista.
La mejora de las políticas asistencialistas (incluido el aumento de transferencias monetarias), no alcanzan la mejora de los salarios-pensiones-jubilaciones para alquiler, cuentas de servicios básicos, transporte, salud y además para alimentarse en calidad y/o cantidad suficientes.
Los compas de las ollas siguen denunciando que mucha gente que llega a la olla, llega por esas condiciones. Algo perciben de dinero, pero no alcanza. Y otra barra llega porque está muy mal de salud o con temas de consumo (que seguramente tengan como origen una situación de pobreza como lo anteriormente descrito)
También señalan la existencia del casi millón de toneladas de alimentos que se desperdician.
Se desechan anualmente unos 125 millones de kilos de frutas y verduras, y se calcula que la persona que accede a los alimentos desperdicia en promedio unos 36 kg de alimentos al año.
Sin embargo, gran parte (hasta un 40% o más) se origina en las etapas iniciales de producción y pos cosecha (fase de campo).
El resto se divide entre el procesamiento industrial, la distribución comercial y los hogares.
Como toda acción política, la batalla por un cambio estructural, va acompañada de la cultural.
