Por Claudia Suárez Delgado (*)
Durante estos días los problemas de gestión de los convenios de OSCs con MIDES para la atención de refugios, han tomado notoriedad. El Estado uruguayo tiene una política de cogestión, con la sociedad civil, de diferentes proyectos de políticas sociales. La calidad de los convenios es muy disímil, poniendo en riesgo -muchas veces- la sostenibilidad de los proyectos. Por resultar de financiaciones deficitarias, por mantener una contrapartida de gestión administrativa y de acompañamiento insuficiente, o por falta de jerarquización de las propias políticas en los espacios de atención presupuestal y político.
Las personas más perjudicadas son las usuarias de los proyectos y quienes trabajan, que sufren el impacto del cese de pago de salarios. Personas que se encuentran trabajando con situaciones de alta complejidad y con pocos o nulos dispositivos de sostén, y que -a su vez- lo hacen con atraso en el cobro de sus salarios.
Conversamos con las y los trabajadores de SUTIGA que instalaron una carpa en Plaza Independencia, frente a Presidencia de la República, para hacer visible su problemática y exigiendo una solución.
Mate Amargo – Cuéntennos ¿quiénes son las y los trabajadores organizados en esta medida?
Voceros SUTIGA – Somos trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y estamos afiliadas al Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA).
SUTIGA nuclea al personal de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que el Estado contrata para ejecutar políticas sociales: refugios, centros y dispositivos de atención a personas en situación de calle, y también compañeros de otros programas, además de empleados de partidos políticos y empleados del sindicato. El sindicato integra la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS) y, a través de ella, el PIT-CNT.
- M. A. – ¿De qué se trata el conflicto y desde cuándo vienen los atrasos?
V.S. – Esto no es un problema de un mes ni de una partida puntual que se demoró. El conflicto de fondo es la tercerización misma. Mientras el Estado siga ejecutando políticas sociales prioritarias a través de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y no de forma directa, nuestro salario va a seguir dependiendo de una cadena de trámites, rendiciones de cuentas y controles administrativos ajenos a nuestra relación laboral. Es un modelo que, como sindicato, calificamos de ineficiente, y que deja a los trabajadores atrapados en un vínculo laboral indirecto, sin garantías claras de cobro ni de estabilidad.
Es también un problema estructural e histórico, no algo nuevo. Los atrasos se arrastran desde que empezó a funcionar el esquema de tercerización dentro del programa calle, y cada administración hereda el mismo mecanismo y el mismo defecto de origen. Lo que hoy se lee como «atraso salarial» es apenas la cara más visible de algo más profundo: que el Estado delega en las OSC una función permanente que debería estar presupuestada y gestionada por el propio Ministerio.
Actualmente somos alrededor de 1.000 trabajadores tercerizados afectados por atrasos salariales, de los cuales al menos 500 pertenecen a la OSC “Otras Manos”. Y no es la primera vez que llegamos a una situación de este tipo. Durante 2025 hubo compañeros de la ONG “Impacto Nación” que llegaron a acumular hasta cuatro
meses sin cobrar, antes de que esa organización cerrara abruptamente y sus trabajadores fueran absorbidos por Otras Manos.
Por eso insistimos en separar dos planos. El problema inmediato es que no cobramos en fecha, pero nuestro reclamo como sindicato va mucho más allá de resolver el pago de este mes o del próximo. Exigimos una solución estructural que termine con esta precariedad crónica y nos dé estabilidad real a largo plazo.
Nuestra propuesta tiene tres pilares: fideicomiso, presupuestación y permanencia.
El Estado tiene que hacerse cargo de garantizar el financiamiento de estas políticas, de la continuidad de los servicios y de los trabajadores que los sostienen. El fideicomiso permitiría asegurar que los recursos destinados a salarios lleguen efectivamente y en tiempo, sin quedar sujetos a los tiempos administrativos de cada organización. La presupuestación implica que estas políticas y sus trabajadores tengan un lugar estable dentro de la estructura estatal, y no dependan de convenios que pueden modificarse o terminarse. Y la permanencia busca garantizar que, cuando un convenio se cierre o una OSC deje de gestionar un servicio, los trabajadores puedan continuar trabajando en el dispositivo o servicio que lo sustituya. Si no se toca esa raíz, cualquier otra solución va a ser simplemente un parche sobre otro.
M.A. – ¿Qué tipo de espacios de negociación han tenido?
V.S. – Uno de los mecanismo posibles al cual accedemos los trabajadores es la instancia tripartita, donde se solicita la presencia de el MIDES, SUTIGA y el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Nacional de Trabajo. En ese espacio los trabajadores aspiramos a obtener información concreta: ¿cuándo se va a pagar?, ¿qué está pasando con la partida correspondiente? y otros temas que propone el núcleo de base según cada caso. El problema es que muchas veces esa información no está disponible, o las respuestas que recibimos son ambiguas. Puede ocurrir que ni la OSC ni el propio MIDES tengan certezas sobre cuándo se va a efectivizar el pago. Incluso ha sucedido que la organización civil, que es nuestra empleadora, no se presenta a la instancia.
Entonces, aunque la tripartita debería ser un espacio de negociación, muchas veces los trabajadores terminamos saliendo de la reunión con una mayor incertidumbre de la que entramos.
M.A. – ¿Qué alternativas les plantearon las autoridades?
V.S. – La principal fue la de microfinanzas: que las organizaciones accedieran a un préstamo para poder pagarnos mientras el MIDES bajaba las partidas, y que después el ministerio se hiciera cargo de los intereses de ese crédito. En diciembre del 2025 nos lo presentaron como la solución, pero no funcionó, estamos en agosto del 2026 y aún hay atrasos salariales.
En algún caso puntual permitió destrabar pagos atrasados, pero como salida de fondo no sirve: sigue siendo la organización la que se endeuda, sigue dependiendo de que el MIDES baje la plata a tiempo, y a nosotras nos sigue dejando en el mismo lugar de incertidumbre. Este mecanismo no está concebido para operaciones de tal magnitud, muchas OSC enfrentan dificultades para acceder a él y terminó bloqueando las partidas salariales en el Tribunal de Cuentas de la República. Por eso decimos que las microfinanzas son un parche.
Lo que queremos es estabilidad. Que el dinero destinado a nuestros salarios esté garantizado y llegue en tiempo y forma. Y que la continuidad de nuestro trabajo no dependa de la situación financiera de una OSC. Eso solo se logra con un cambio estructural: el fideicomiso o la presupuestación.
M.A. – ¿En qué consiste el trabajo que hacen y con qué población?
V.S. – Trabajamos en dispositivos de atención directa a las poblaciones más vulnerables: Refugios nocturnos para personas en situación de calle; Refugios 24 horas; Centros diurnos; Centros de mujeres con niños, niñas y adolescentes; Dispositivos de cuidados en discapacidad; Vales de inclusión socio habitacional; Servicios de atención en Violencia Basada en Género; entre otros. Es un trabajo que se sostiene sobre el vínculo cotidiano e intervenciones técnicas con personas que llegan con trayectorias de mucha vulneración, consumo problemático, egresos del sistema penal, violencia basada en género, salud mental, etc.
Ahora bien, cuando nos preguntan si la población dificulta las medidas de lucha, queremos ser claros: para nosotros no hay un dilema ético. Los responsables de que ese servicio esté en riesgo son el Ministerio y el gobierno, no las trabajadoras y los trabajadores que reclamamos el salario que se nos debe. Quien vulnera derechos es el que sostiene una política pública sobre gente a la que no le paga. Además el no contar con el dinero previsto para la gestión de los dispositivos, repercute en la falta sistemática de mantenimiento edilicio, equipamiento como camas y colchones, recargas de gas, fumigaciones, insumos de higiene y limpieza, materiales para desarrollar nuestras tareas cotidianas, y demás rubros contemplados en los proyectos. Nosotros seguimos yendo a trabajar con atrasos salariales, y eso solo demuestra de qué lado está el compromiso y de qué lado el incumplimiento.
En un esquema tercerizado el trabajador queda doblemente expuesto: no solo puede perder el trabajo por decisión de la organización, sino que puede perderlo porque el Ministerio decide no renovar el convenio, y ahí nadie se hace cargo de la plantilla. Por eso reclamamos el acuerdo de permanencia: un registro que garantice que cuando un convenio se cierra, las trabajadoras pasan al servicio que lo sustituye. Sin esa garantía, cada medida de lucha se toma sabiendo que el costo lo puede pagar tu puesto de trabajo.
Entrevista a Civila. Habrá paro de tercerizados del Mides por atrasos salariales este viernes, tras asistir a comisión del Parlamento
Impacto nación- 4 meses con atraso salarial Afectada por atrasos del Mides: terminamos en el psiquiatra, tomando pastillas para el estrés
(*) Claudia Suárez Delgado es licenciada en Psicología, ceramista, especialista en Gestión Cultural, militante en organizaciones de la economía solidaria, feminista, integrante de la Red de intelectuales y artistas en defensa de humanidad (REDH) y de la Fdim, parte del colectivo Libertadoras antifascistas.uy
Fotografía de portada suministrada por SUTIGA
