Entrevista a la hermana Quechua-Kolla Luciana Quispe
Por Martin G. Delgado (*)
Los pueblos quechua-kolla son pueblos andinos del Sur del Tawantisuyu, específicamente del Kollasuyu, la región más extensa, ubicada entre lo que conocemos hoy como el altiplano andino, que comprende al sur de Perú, Bolivia, y el norte chileno y argentino. Agredidos históricamente, y con el advenimiento de la Colonia, Colla se convirtió en una expresión despectiva para algunos sectores de la sociedad, sin embargo otros reivindican esta nación. Mate Amargo volvió a conversar con ellos. Esta vez con la hermana Luciana Quispe, y a raíz de los últimos desalojos, porque a veces una imagen dice más que mil palabras y este es el caso.
Mate Amargo (M.A.): Hay una imagen (portada de esta entrevista), que ha trascendido internacionalmente que es una mujer jujeña parada de frente a un operativo policial con la Wiphala y la bandera argentina. ¿Cuál es el contexto de esa foto?
Luciana Quispe (L.Q.): La mujer que aparece allí es la hermana Florencia Saiquita, de la Comunidad Antigal de Moya en Chucalezna, en el departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy. Es una hermana mayor que viene llevando una lucha intensa frente a un emprendimiento turístico hotelero que es el proyecto Muskuy. Pero el caso del que se hizo eco esta noticia fue en un desalojo en otra comunidad muy cercana, el de la comunidad Santa Rosa de Humahuaca, que ocurrió el lunes 10 de agosto, hace casi dos semanas, fue tremendo.
Hace poco estuvimos acompañando a las hermanas y nos contaron que inicialmente el desalojo se produjo por un error de la dirección de inmuebles de la provincia, o sea, por una interposición de planos en el territorio comunitario de Santa Rosa. Pero esta situación se agravó cuando el desalojo se hizo efectivo, destruyendo casas, pasando por encima de familias que estaban viviendo allí, y con el uso desmedido de las fuerzas. Fueron cientos de efectivos policiales contra unas cuantas familias, realmente fueron pocas familias, pocas personas, quienes se encontraban allí en ese momento, y con infancias también en la vivienda, así que fue tremendo.
Creo que lo que esta violencia quiere sentar es otro precedente del posicionamiento que quiere marcar este gobierno provincial: el disciplinamiento hacia las comunidades indígenas. Es como un aviso al resto. Ellos han salido a decir de todo, deslegitimando el reclamo de la comunidad y legitimando también la manera en la que se produjo ese desalojo.
Y a propósito de la foto también, independientemente de lo que significa, de que la hermana Saikita estaba acompañando este reclamo, detrás de Saikita, había varias otras hermanas. Pero es muy representativa esa imagen. Ella sola en esa foto, mujer, mayor, sola, y del otro lado cientos de efectivos, casi innecesaria tanta violencia. No fue un enfrentamiento, fue un avasallamiento por parte de la policía hacia las hermanas. Después, los hermanos y hermanas fueron gaseados; niños y niñas fueron gaseados; había balas de goma; tiraron gases lacrimógenos dentro de una casa donde había infancias durmiendo, y salieron todos vomitando. Fue muy crudo el relato, es muy triste, te da mucha impotencia. Es muy fuerte ver cómo la hermana está abrazada y protegida por la Whipala, pero a la vez levantando una bandera argentina.
Siempre pienso en que para el Estado, cuando le conviene, somos argentinos cuando necesitan mano de obra precarizada, cuando necesitan vender nuestros rostros en imágenes turísticas, pero cuando por otro lado no nos respetan como pertenecientes a este Estado actual argentino, porque no respetan nuestros derechos, no respetan normas constitucionales básicas que nos protegen y que también van eliminando progresivamente, especialmente en el último gobierno de Milei. Así que pienso en eso, más desde el lugar, desde lo visual de lo que representa una mujer mayor, sola en esa foto con la Whipala y a la vez con la bandera argentina y esa cantidad desmedida de efectivos policiales contra la hermana.
Pero estamos tratando de hacer la resistencia también desde los medios de comunicación. Esto viene sucediendo en la provincia, así que no es un caso aislado. Viene desde hace 11 años; en realidad, viene desde siempre, pero particularmente en la provincia de Jujuy se profundizó con el gobierno de Gerardo Morales (2015-2023), en la provincia de Jujuy, en los últimos años, un modelo económico productivo, productivista, pachamamista.
M.A.: Conviene aclarar a nuestros lectores que la expresión de “modelo pachamamista” refiere al impulso turístico, sector de gran peso en esa región, con base a las culturas originarias, pero que a la vez despoja y agrede continuamente a sus comunidades. Nos interesa entonces saber si hay alguna relación entre los desalojos en Jujuy con los desalojos a otras comunidades indígenas en Misiones y en la Patagonia.
L.Q.: Lo que puedo encontrar en común es el modelo extractivista que transversaliza a todo el territorio argentino actualmente y creo que siempre. Este modelo económico productivo de despojo, extractivista, basado en la minería y ahora no solo en litio sino también en cobre, oro y plata, también en tierras raras, básicamente «habilita» que los territorios indígenas sean desalojados, o sea, que los desalojos sean mucho más fáciles.
En el 2023 se realizó el tercer Malón de la Paz, que se originó a raíz de la reforma de la Constitución Provincial que permitió o habilitó que sea mucho más fácil o express el desalojo. Se criminaliza a quienes protestan, a quienes intentan frenar estos despojos.
Todo tiene que ver, porque esto no es un caso aislado. Es una sucesión de secuencias que tienen que ver con los desalojos en la provincia que ya prácticamente se han naturalizado.
Lo que estamos haciendo es tratar de visibilizar y resistir. Este miércoles hubo una marcha de protesta, acá en San Salvador de Jujuy, donde vive una comunidad, comunidad de Antigal de Juella que también tiene orden de desalojo para el viernes 28. Venimos del año pasado con un montón de situaciones iguales.
M. A.: ¿Cuál es el contexto político y cuáles son las modificaciones a los derechos de los pueblos originarios que se han hecho para que sucedan estos desalojos?
L.Q: En Argentina nunca hemos tenido una aplicación efectiva de políticas indigenistas en este caso. Tenemos la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 19 que sigue vigente. Argentina también adhiere al convenio 169 de la OIT.
Sin embargo, en los últimos años hubo una regresión en cuanto al marco jurídico vigente, al menos hasta el momento en el que asume Milei, con un tipo y un modelo de gobierno que es negacionista de los derechos humanos en general y de los derechos indígenas en particular.
Es un problema que atraviesa todo el país, porque son muchas las comunidades que no cuentan con el reconocimiento jurídico de la propiedad comunitaria de los territorios que tradicionalmente ocupamos. Y esto genera enormes conflictos por el título de la propiedad comunitaria, porque aparecen como territorios fiscales, o sea que son del Estado. Entonces el Estado hace uso y abuso de esa falta de reconocimiento de títulos. Porque hay un modelo económico que mira al territorio como “recurso natural” que debe ser explotado para “el beneficio”, entre comillas, o “el progreso”, entre comillas, porque progreso para el capitalismo y para el modelo neoliberal es una cosa, y para nosotros y nosotras, los pueblos indígenas, el progreso es otra cosa, totalmente distinto a un modelo basado en la riqueza individual y en la generación de una economía que básicamente se basa en la extracción de nuestros “recursos naturales”.
A mí no me gusta llamarlos “recursos”, porque no los vemos en términos mercantilistas, sino que tienen que ver con el buen vivir y con el equilibrio de nuestra pacha, que hacen al equilibrio y a la relación que tenemos con todos los elementos que nos rodean —la flora, la fauna, nuestros Apus, nuestras Huacas, nuestros cerros sagrados—, creo que nadie los respeta.
Todo esto tiene que ver con eso, con un modelo de Estado que ha derogado, eliminado la Ley 26.160, que de alguna manera suspendía la ejecución de los desalojos en territorios que tenían o que tienen personería jurídica, pero que no tenían el relevamiento, y que de hecho se ocupaba de que ese relevamiento técnico jurídico catastral se hiciera efectivo, y a la larga otorgarle el título de propiedad comunitaria.
En Jujuy son más de 400 comunidades indígenas y solo 73 tienen título de propiedad comunitaria. Hoy, por la eliminación de la ley 26.160, estos procedimientos quedaron en la nada misma.
Han avanzado, pues el 70% de la provincia de Jujuy está cateada y pedida por diferentes proyectos en diferentes estados de exploración y explotación. Toda la provincia prácticamente está pedida por emprendimientos mineros, turísticos y hoteleros, y eso no es gratuito; eso, a la larga, va a conllevar un avance en territorios indígenas.
En contextos como los de hoy, donde se habilita el odio, el racismo, la xenofobia, la criminalización de la protesta, la criminalización a los pueblos indígenas, todo cobra otro sentido. Ya no es lo mismo reclamar en un contexto donde la gente odia por amor al odio, que en otro contexto donde había más libertad de derechos o más garantía de derechos constitucionales. Hoy en día no tenemos la Ley 26160, tenemos el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes empresas.
Ahora se está debatiendo la ley de tierras que tiene media sanción ya y eso habilita los desalojos express. Hace poco también se ha aprobado la ley de glaciares, es todo un contexto bastante complejo y regresivo en materia de derechos indígenas o en aquella reglamentación que “nos protegía”, entre comillas, porque siempre hubo una falencia, una distancia entre la práctica y la teoría, pero al menos en el papel vos podías decir, mira tengo esta ley y no se está cumpliendo.
Hoy en día existen otras leyes, como la Constitución, como te decía, el artículo 75 de la Constitución, el Convenio 169 y otros derechos que nos amparan, pero que igualmente no se respetan.
El contexto es bastante complejo y bastante similar en toda la Argentina. Nuestros territorios están siendo vistos como lugares donde se pueden explotar o extraer recursos minerales o recursos naturales que son importantes para este Estado y para las empresas de afuera.
(*) Martín G. Delgado Cultelli, militante charrúa y del movimiento indígena latinoamericano. Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, Universidad Carlos III de Madrid.
