Por Diego Duarte Calleja(*)
El Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025–2029, recientemente formulado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, constituye un salto cuantitativo y cualitativo en la política pública de vivienda en Uruguay.
El plan propone destinar 705 millones de dólares a la atención de aproximadamente 17.000 hogares clasificados en situación de vulnerabilidad y precariedad sociohabitacional, lo cual implica duplicar los recursos asignados a este segmento poblacional respecto al quinquenio anterior. Este incremento no es meramente simbólico: evidencia una reorientación del gasto público hacia grupos sociales con mayores restricciones de acceso a soluciones habitacionales adecuadas y sostenibles.
Más recursos, más instrumentos, más complejidad
La estructura del plan está articulada en cinco lineamientos estratégicos interdependientes que operan como ejes programáticos para responder a una problemática que es, simultáneamente, económica, social, territorial y urbana.
- Emergencia habitacional y vulnerabilidad social.
Este eje prioriza intervenciones rápidas y focalizadas para hogares con carencias críticas. Las metas incluyen la implementación de 3.850 mejoras habitacionales que integran materiales, mano de obra y asistencia técnica, con especial atención a niñas, niños y adolescentes; 5.000 subsidios de alquiler, de los cuales 2.500 se orientan a personas mayores; el plan piloto Crece desde el pie de atención integral a 50 hogares con embarazadas y recién nacidos en condiciones críticas en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Uruguay Crece Contigo; y 750 intervenciones rurales bajo el programa Mevir AIR (Agrupamiento Irregular Rural) para atender agrupamientos rurales irregulares.
- Acceso y permanencia a la vivienda.
La política se propone ampliar las oportunidades de acceso a través de una combinación de instrumentos diversificados: modalidades de propiedad, alquiler social, cooperativas de vivienda y autoconstrucción asistida. Algunas de las medidas que se destacan son: la ampliación de financiamiento para el acceso a viviendas nuevas o usadas en diferentes modalidades (hasta el 95 % del valor del inmueble), para compra, construcción o alquiler, la reducción de exigencias de ahorro previo, subsidios directos a la cuota, y garantías a través del Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios. Finalmente está el fortalecimiento del sistema cooperativo de vivienda y la autoconstrucción asistida. Estas estrategias buscan atender tanto la entrada al sistema habitacional como la sostenibilidad de las trayectorias residenciales.
- Integración urbano-rural: una lectura territorial
La inclusión de un eje específico de integración urbano-rural reconoce que las desigualdades sociohabitacionales no son exclusivas de las áreas metropolitanas densas, sino que se expresan en múltiples escalas territoriales. En este marco, se programan 2.245 mejoras en zonas rurales y 2.375 nuevas soluciones habitacionales, articuladas con la recuperación del stock existente y con la provisión de infraestructura y servicios básicos. El componente estratégico Más Barrio impulsa acciones interinstitucionales orientadas a transformar barrios caracterizados por vulnerabilidad estructural en comunidades con mayor cohesión social, seguridad y calidad de vida, articulando acciones entre el MVOT, el Ministerio del Interior, MIDES, ASSE, ANEP, INAU, intendencias y municipios.
Este enfoque reconceptualiza el territorio no como un “escenario técnico”, sino como una variable estructural de la desigualdad: la localización de las soluciones, la accesibilidad a servicios, la conectividad con oportunidades laborales y educativas, y la integración a las centralidades urbanas son determinantes esenciales de la eficacia de las políticas habitacionales y de su impacto distributivo.
- Suelo urbano y gestión pública
Un pilar adicional del plan es la incorporación de la Segunda Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (ENASU II), que constituye un reconocimiento explícito del suelo urbano como recurso estratégico para garantizar el derecho a la vivienda y promover ciudades más equitativas y sostenibles. Esta línea de acción busca optimizar el uso de suelo y bienes públicos, prevenir la expansión informal y fortalecer la planificación territorial en coordinación con los gobiernos departamentales. La ausencia de políticas activas de suelo suele traducirse, incluso en contextos de abundantes recursos, en procesos de periferización y segregación que castigan especialmente a hogares con menores ingresos.
- Transparencia, participación y gestión del sistema
El plan incluye medidas de mejora en la gestión del Sistema Público de Vivienda que trascienden la sola producción de unidades habitacionales. Se propone la creación de ventanillas únicas de información, un observatorio integral con datos actualizados sobre vivienda, mercado inmobiliario, infraestructura y servicios, y espacios formales de participación ciudadana como la Comisión Asesora de Vivienda (COAVI) y la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial (COAOT). La articulación de datos, academia y centros de investigación hace posible una política pública evaluable, transparente y sujeta a retroalimentación basada en evidencias territoriales y sociales.
Lo que no se mide por números
Si bien el avance presupuestal y la diversificación de instrumentos son positivos, persisten desafíos estructurales que requieren atención crítica desde una perspectiva técnico-política:
- Calidad urbana y espacialidad de las intervenciones: Las metas cuantitativas, número de soluciones, subsidios o mejoras, deben articularse con evaluaciones de localización, accesibilidad, conectividad y fortalecimiento de centralidades urbanas.
- Coherencia intersectorial: La articulación explícita con políticas de empleo, salud, educación y transporte es indispensable para generar trayectorias de vida sostenibles y romper la fragmentación tradicional de las políticas públicas.
- Monitorización y rendición pública: La información no solo debe ser abierta, sino comprensible, oportuna y utilizable tanto por la ciudadanía como por equipos técnicos para garantizar eficacia y ajuste permanente.
En suma
El incremento presupuestal y la diversificación de instrumentos del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025–2029 representan una oportunidad histórica para transformar las condiciones de vida de miles de hogares en Uruguay. No obstante, la materialización de esta oportunidad exige que la política de vivienda sea concebida e implementada como política urbana y territorial integradora, reconociendo que la ciudad y el territorio no son soportes pasivos de procesos sociales, sino factores activos que moldean desigualdades, oportunidades y trayectorias de vida.
La inversión en vivienda es indispensable, pero la inversión mejor planteada, incorporando la variable territorial en todas las etapas de diseño, ejecución y evaluación, es lo que permitirá avanzar hacia ciudades realmente más justas, resilientes y sostenibles.
(*) Diego Duarte Calleja es Licenciado en Trabajo Social (Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de la República). Especialista en Estudios Urbanos e Intervenciones Territoriales por Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR) y Doctorando en Estudios Urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento UNGS de Bs As Argentina. Desde hace 10 años trabaja en MEVIR, Treinta y Tres
Fotografía de portada: Claudia Suárez Delgado
