Por Diego Duarte Calleja (*)
En Uruguay solemos hablar de desigualdad económica, social, de derechos y de oportunidades. Medimos cuántas personas se ubican por debajo de la línea de pobreza, cuántas acceden a determinados servicios y derechos, como: salud, educación, vivienda; y, a partir de esos indicadores, evaluamos si la sociedad es más o menos justa. Sin embargo, existe una dimensión de la desigualdad que con frecuencia queda relegada a un segundo plano: la desigualdad territorial.
Vivir en una ciudad o en otra, en un barrio u otro, en una zona integrada o aislada, cerca o lejos de los servicios, del transporte, del empleo, de los centros educativos y de salud, o de los espacios públicos, condiciona de manera decisiva las oportunidades reales de las personas. El territorio no es un escenario neutro donde luego “ocurren” las desigualdades sociales; es parte activa de su producción y reproducción.
Durante décadas, el debate público tendió a separar las políticas sociales de las políticas urbanas. Por un lado, se diseñan programas orientados a mejorar ingresos, atender vulnerabilidades o garantizar derechos básicos. Por otro, la ciudad parece quedar reducida a un telón de fondo, a una cuestión técnica vinculada a la planificación, la infraestructura o el ordenamiento del suelo. Esa separación es engañosa.
La forma en que se produce la ciudad, qué se construye, dónde, para quién y con qué niveles de integración, tiene efectos sociales duraderos. No es lo mismo acceder a una vivienda bien localizada, conectada y con servicios, que hacerlo en un entorno periférico, mal equipado y distante de los principales circuitos urbanos. Aunque ambas situaciones se presenten como “soluciones habitacionales”, sus consecuencias a mediano y largo plazo son profundamente distintas.
La desigualdad territorial opera de manera silenciosa. No siempre se manifiesta como carencia absoluta, sino como acumulación de desventajas: más tiempo de traslado, menos acceso a oportunidades laborales, menor calidad de los servicios, menos espacios de encuentro y participación. Todo eso incide en la vida cotidiana y, con el tiempo, consolida trayectorias desiguales difíciles de revertir.
En Uruguay, esta lógica se expresa, por ejemplo, cuando soluciones habitacionales destinadas a poblaciones de bajos ingresos se localizan sistemáticamente en áreas periféricas, con escasa conectividad, servicios limitados y débil integración urbana. Aunque esas intervenciones mejoran condiciones materiales básicas, muchas veces reproducen distancias físicas y sociales que luego se traducen en desigualdades de acceso al empleo, a la educación o a la vida urbana en sentido pleno.
En este punto, resulta útil recuperar una idea central desarrollada por el geógrafo urbano David Harvey hace ya varias décadas: la injusticia social no puede pensarse únicamente como un problema de distribución de ingresos, sino también como un problema espacial. Las formas urbanas no solo reflejan desigualdades preexistentes; contribuyen activamente a producirlas.
Cuando las políticas públicas abordan la desigualdad solo desde una lógica redistributiva, transferencias monetarias, subsidios, prestaciones, pero descuidan la dimensión territorial, corren el riesgo de aliviar síntomas sin modificar las estructuras que los generan. Es posible mejorar los ingresos de una familia y, al mismo tiempo, condenarla a vivir en un entorno urbano que reproduce exclusión, aislamiento y dependencia.
Esto no implica desconocer la importancia de las políticas sociales, sino advertir que no alcanzan por sí solas. La justicia social también se juega en el acceso a la ciudad: a sus servicios, a sus centralidades, a sus redes de movilidad, a sus espacios públicos. Y ese acceso está profundamente mediado por decisiones políticas y técnicas que, muchas veces, se presentan como neutrales.
La planificación urbana suele justificarse en nombre de la eficiencia, la racionalidad o la viabilidad económica. Sin embargo, toda decisión espacial, localizar viviendas en la periferia, priorizar ciertos usos del suelo, extender o no infraestructuras, etc., encierra una determinada idea de justicia. Decidir dónde se invierte y dónde no, quién se integra y quién queda lejos, no es un acto técnico inocente: es una decisión política, aunque no siempre se asuma como tal.
En Uruguay, como en muchos otros países, el Estado ha tenido un rol central en la producción del espacio urbano. A través de políticas de vivienda, infraestructura y equipamiento, ha moldeado ciudades, barrios y territorios enteros. Ese rol ha sido clave para mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población, pero también ha generado, en algunos casos, efectos no deseados: fragmentación urbana, segregación residencial y nuevas formas de desigualdad territorial.
Pensar la desigualdad desde el territorio implica, entonces, hacerse preguntas incómodas. No solo cuántas viviendas se construyen, sino dónde. No solo cuántas familias acceden a una solución habitacional, sino en qué condiciones urbanas lo hacen. No solo cuántos recursos se invierten, sino qué tipo de ciudad se produce con esas inversiones.
La discusión sobre desigualdad no puede quedar encerrada en indicadores económicos o sociales aislados del espacio. La ciudad importa. El barrio importa. La localización importa. Y mucho.
Asumir esto supone ampliar el debate público y político. Implica reconocer que la lucha contra la desigualdad no se juega únicamente en el mercado de trabajo, en la educación o en el sistema de protección social, sino también en la manera en que organizamos el territorio y producimos ciudad. De lo contrario, seguiremos corrigiendo desigualdades por un lado mientras las reproducimos, silenciosamente, por otro.
(*) Diego Duarte Calleja es Licenciado en Trabajo Social (Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de la República). Especialista en Estudios Urbanos e Intervenciones Territoriales por Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR) y Doctorando en Estudios Urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento UNGS de Bs As Argentina. Desde hace 10 años trabaja en MEVIR, Treinta y Tres.
