Por Alfredo Rada (*)
La primera vuelta presidencial en Colombia no ha concluido aún en términos institucionales, pero ya ha producido un hecho político contundente: la emergencia de una polarización sin matices. Los resultados conocidos no provienen de la autoridad electoral, sino de un sistema de conteo rápido operado por una empresa privada, circunstancia que ha sembrado dudas desde antes de la jornada. En ese marco, lo que se perfila es una sorpresiva acumulación del voto conservador en torno a Abelardo de la Espriella, frente a la concentración del voto progresista en Iván Cepeda.
De la Espriella, un millonario abogado, ha construido su perfil político desde posiciones ultraderechistas: defensa irrestricta del orden, exaltación de la autoridad, retórica de confrontación contra sectores de izquierda y un discurso con postulados neofascistas. Su campaña se apoyó en la exacerbación del miedo —al crimen, al cambio social, al “enemigo interno”— en una narrativa que propone restaurar el control mediante medidas de fuerza. Esa estrategia logró permear en amplios sectores del electorado.
Cepeda encarnó la continuidad de un horizonte progresista vinculado a la paz, la memoria y la justicia social. Su trayectoria, asociada a la defensa de las víctimas del conflicto armado, se tradujo en una campaña centrada en la esperanza y la reconciliación. Sin embargo, en esta primera vuelta, el llamamiento a la paz parece haber sido menos eficaz que la política del miedo. Aun así, nada está dicho: la ausencia de resultados oficiales mantiene abierto el escenario.
La disputa no es simplemente electoral; es civilizatoria. De la Espriella propone una Colombia articulada en torno al orden, con un Estado fuerte en lo coercitivo, una revisión crítica de los acuerdos de paz y una narrativa que prioriza la seguridad por encima de cualquier otra dimensión. Su visión de país remite a una lógica de restauración: volver a un pasado idealizado donde la autoridad no era cuestionada.
El humanismo de izquierda de Cepeda plantea profundizar los procesos de paz, consolidar reformas sociales y fortalecer una democracia inclusiva. Su proyecto se inscribe en la idea de que la estabilidad no se alcanza mediante la represión, sino a través de la justicia social y el reconocimiento de las diferencias.
Entre ambos no hay puntos de convergencia. No hay espacio para acuerdos estructurales. La segunda vuelta será, en los hechos, una definición sobre el tipo de Estado y de sociedad que Colombia desea construir.
En este contexto, las señales de injerencia internacional adquieren relevancia. El papel de Estados Unidos, históricamente influyente en la política colombiana, vuelve a estar bajo escrutinio. A ello se suma la actuación del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, que en plena veda electoral anunció un acuerdo bilateral en materia de seguridad con De la Espriella.
Estas acciones, aunque no determinantes por sí solas, contribuyen a configurar un entorno en el que la soberanía del país se ve recortada por intereses externos.
Hay otra dimensión más profunda, menos visible y probablemente más decisiva: la incidencia de las plataformas digitales. Las experiencias en Hungría, Bulgaria, Honduras y Nepal han mostrado cómo los algoritmos pueden amplificar emociones como el miedo, la ira o la incertidumbre, transformándolas en capital político.
En Colombia, las campañas digitales de las derechas reprodujeron masivamente mensajes orientados a generar alarma social, asociando el cambio progresista con escenarios de crisis. En ese ecosistema, el votante no decide únicamente en función de información, sino de estímulos emocionales cuidadosamente diseñados. La irrupción de la inteligencia artificial intensifica este fenómeno, lo que convierte en urgente la regulación estatal que incorpore estas variables en la normativa electoral no sólo en Colombia, en toda América Latina.
El denominado “conteo rápido” o preconteo en Colombia no tiene fuerza vinculante legal. La empresa privada encargada del conteo rápido —contratada por la autoridad electoral— modificó los algoritmos en horas previas a la elección; también incluyó en su base algo así como 800.000 cédulas de identidad por fuera del censo oficial. Por ello Petro fue enfático antes de los comicios: no reconocer resultados que no provengan del escrutinio oficial.
Cepeda, en la misma línea, sostuvo que habría alcanzado cerca de diez millones de votos que no se reflejan adecuadamente en el conteo preliminar. Lo cierto es que su votación representa la mayor acumulación político-electoral de la izquierda en la historia del país.
Colombia ahora se encamina hacia la segunda vuelta del 21 de junio con un escenario de máxima incertidumbre. De un lado, un bloque conservador fortalecido por una campaña que explotó el miedo; del otro, un campo progresista que, pese a las dificultades, ha logrado una base electoral sin precedentes.
No se trata solo de elegir un presidente. Se trata de definir entre dos caminos: la justicia social construida o el orden impuesto. Entre el futuro que insiste y el pasado que quiere retornar.
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
