Por Claudia Suarez(*)
A dos décadas del hallazgo de 1.500 rollos de microfilms con documentos del aparato represivo de la dictadura, un simposio interdisciplinario de la Universidad de la República mostró hasta dónde han llegado los esfuerzos y el trabajo para recuperar, procesar y abrir ese archivo a la ciudadanía. Los documentos van hasta el año 2004, lo que quiere decir que la práctica de vigilancia se extendió incluso en democracia. Diecinueve años después del fin “formal” de la dictadura, el aparato de inteligencia militar seguía produciendo documentos, seguía vigilando, seguía fichando. Seguía operando como si la democracia fuera un cambio de escenografía.
Debemos agradecer el contar con toda esta información a la persona que decidió un día realizar una denuncia anónima, señaló la existencia de un conjunto de documentos guardados en el ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR), espacio que funcionó entre el 68’ y el 73’ como centro de detención y tortura. Luego de instaurada la dictadura militar, allí funcionó también la Compañía de Contra Información e Inteligencia del Ejército. Lo que encontraron fue monumental: aproximadamente 1.500 rollos de microfilms producidos por el Servicio de Información de Defensa (el SID) hoy reconvertido en la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado: la DINACIE.
El archivo toma el nombre de la entonces Ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti. El material que incluye es muy diverso: actas de detención, reportes de allanamientos y escuchas telefónicas, órdenes de captura, comunicados oficiales, expedientes administrativos, recortes de prensa, transcripciones de publicaciones incautadas y hasta notas de visita. Esto complejiza la tarea para discernir que pueda tener información útil y que simplemente se transforma en ruido.
Para conmemorar los veinte años de aquel hallazgo, el Grupo de Investigación «Yo lo vi: prácticas artísticas, políticas de representación y derechos humanos» y el Taller López de la Torre de la Facultad de Artes de la Universidad de la República, organizaron un simposio que reunió a investigadores de cuatro facultades distintas: Información y Comunicación, Ingeniería, Ciencias Sociales y Bellas Artes. Cada equipo, desde sus miradas, presentaron los desafíos, el trabajo que se viene realizando y el impacto de trabajar con estos archivos.
Fabián Hernández y Natalia Lima, de Facultad de Información y Comunicación, desde una perspectiva archivística y de derechos humanos presentaron las prácticas sobre el repositorio Luisa Cuesta, enfocando el trabajo en las imágenes digitales. Para iniciar su presentación nos invitan a tomar conciencia que las imágenes del archivo no son meros objetos visuales disponibles para consulta, son representaciones de documentos archivísticos producidos en el entramado represivo estatal. Cada documento fue producido desde la lógica del control y la represión, nos plantean “Todo lo documentado no es real”, responde a una mirada específica con objetivos e intenciones particulares. Entonces no alcanza con disponibilizar los documentos. Hay que re-contextualizarlos, corregir o problematizar la información cuando reproduce la mirada del aparato represivo, brindar lenguaje subalterno, el de las víctimas, el de los movimientos sociales, el de los familiares y trabajar con las comunidades afectadas para que el archivo cumpla su función real: contribuir a la verdad, la justicia y la garantía de no repetición.
Desde la descripción archivística reparativa, buscan eliminar la mentira de la neutralidad. Un archivo no es neutral. Menos aún uno producido por un Estado terrorista.
Gregory Randall, de Facultad de Ingeniería, presentó las experiencias de trabajo con Inteligencia Artificial sobre los archivos y las dificultades que conlleva. El archivo tiene aproximadamente dos millones de documentos digitalizados, y el número sigue creciendo a medida que llegan nuevas colecciones. Procesarlos manualmente es imposible. Procesarlos automáticamente, con la tecnología disponible, es posible pero está lejos de ser sencillo.
Los documentos del Archivo Berrutti fueron producidos mayoritariamente con máquinas de escribir, por su forma de funcionamiento, brazos de metal con las letras que golpeaban sobre cintas de tinta, la calidad del resultado dependía del estado de la cinta, de la presión de las teclas, del papel disponible. A eso se suma el proceso de microfilmación, fotografiar cada hoja con todos los problemas propios de la fotografía analógica: enfoque, ángulo, luminosidad y finalmente el proceso de digitalización, realizado en 2009 y 2010, que introdujo un error adicional: la decisión de binarizar las imágenes, es decir, convertirlas en escala de grises a blanco y negro puro. «Cuando está en nivel de gris, la información está ahí, aunque no se vea muy bien. Cuando pones un umbral y pones todo blanco o negro, todo se junta y no hay forma de volver atrás», explicó Randall.
Explicó que el trabajo se centra en información sobre nombres, lugares, fechas, esto permitirá eventualmente hacer búsquedas complejas: encontrar todos los documentos donde aparece una persona, cruzar con fechas y lugares, identificar redes de agentes, reconstruir estructuras de poder. «Somos capaces de decirle a la máquina que busque todos los documentos donde aparece Gregorio, y el sistema te va a decir en qué rollos, en qué imágenes, con qué contexto», explicó.
Uno de los grandes problemas son las alucinaciones de la Inteligencia Artificial. En los últimos años, los sistemas de reconocimiento de texto han dado saltos enormes. Los mejores alcanzan tasas de error de entre el 2 y el 3% en documentos bien conservados. Pero en documentos históricos, con ruido, con binarización defectuosa, esos porcentajes se disparan. Y aun cuando los números son bajos en promedio, los errores que se producen pueden ser catastróficos. Se mostraron ejemplos donde la IA cambia palabras por otras más políticamente correctas o inventa en función de lo que cree entender del contexto sin avisar en qué momento pasa a usar este mecanismo.
Por otro lado se comentó la dificultad con la IA Claude, a la que le pasaron una lista de nombres del archivo y respondió que no podía transcribir el documento porque parecía ser una lista de personas asociadas a violaciones de derechos humanos. «Se niega a hacerlo», dijo Randall, entre risas del público. También advirtió sobre la importancia de no utilizar sistemas basados en la nube para procesar. Subir esos documentos a servidores de Google, de Microsoft o de Anthropic, implica entregar información sensible sobre víctimas, perpetradores y estructuras represivas a empresas privadas con sus propias lógicas comerciales. «Nosotros tenemos que lograr que esto se haga localmente, con la mejor tecnología que podamos, sin entregar información y sin poner en peligro la soberanía de los datos humanitarios», explicó Randall.
Para compensar las limitaciones de los sistemas automáticos, el equipo desarrolló una herramienta llamada Luisa: una plataforma web donde cualquier persona, sin necesidad de ser investigadora, puede colaborar en la transcripción de fragmentos del archivo. El sistema extrae pedacitos aleatorios de texto de los documentos, fragmentos pequeños, para proteger la privacidad de los involucrados y los muestra en pantalla junto con un campo para que la persona escriba lo que ve. Cada fragmento es leído por al menos tres personas distintas. Cuando cinco personas han revisado un pedazo y tres o más coinciden en la transcripción, se considera validado.
Randall contó que en el proceso de uso de Luisa se han producido encuentros conmovedores: personas que encontraron el nombre de su padre, de su tío, de un familiar desaparecido, en un fragmento aleatorio del archivo que les apareció en pantalla. «Tiene un enorme impacto de educación política. La gente descubre, entra en contacto directo con los documentos», señaló. La herramienta está disponible en línea y es de uso libre. Y el trabajo que hace la ciudadanía al usarla no es solo útil para el repositorio: es también, en sí mismo, un acto político.
Betania Nuñez, directora periodística del semanario Brecha y docente de la Facultad de Información y Comunicación, presentó lo que en el proyecto CRUZAR llaman «la cocina de la investigación»: el proceso artesanal, lento, a veces frustrante, de convertir documentos del archivo en hallazgos periodísticos.
El proyecto CRUZAR, lleva su nombre de la idea de cruzar información para llegar a conclusiones que no serían posibles mirando cada fuente por separado, nació en 2017 a partir de una propuesta de Nilo Patiño y Samuel Blixen, en la Facultad de Información y Comunicación. Teníamos el Archivo Berrutti, teníamos estudiantes y docentes comprometidos, y teníamos preguntas que el archivo podría ayudar a responder.
Las primeras líneas de investigación fueron cuatro: la estructura del poder militar durante la dictadura; el rol del organismo coordinador de operaciones de la represión, el OCOA, Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas; el Servicio de Información de Defensa como aparato de inteligencia y soporte de la represión; y el espionaje del aparato de inteligencia militar en el referéndum de 1989 por la Ley de Caducidad. Esta última investigación fue, según contaron en el simposio, uno de los hallazgos más importantes de los primeros años del proyecto. Lo que encontraron fue que el aparato de vigilancia montado durante la dictadura no se desmanteló con el retorno a la democracia. «Demostramos que había habido espionaje, que la maquinaria montada en inteligencia durante la dictadura había seguido operando durante la democracia y había servido para hacer ese espionaje, particularmente a figuras que apoyaban el referéndum», explicó una de las investigadoras. Había agentes infiltrados en organizaciones políticas y sociales. Se registraban nombres de figuras relevantes. Se evaluaba la información y se le asignaba un índice de confiabilidad. Y el archivo llega hasta 2004. Lo que eso significa es que el espionaje continuó. «Nada nos dice que se haya desmantelado», señalaron. No hay evidencia de que se cerrara. Solo hay un límite en los documentos disponibles.
El trabajo sobre los archivos no se hace en solitario, hay equipos haciendo trabajos similares en Chile, en Argentina, en México, en Guatemala y entre estos se forma una red regional de trabajo, comparten herramientas metodológicas, algoritmos, enfoques. Porque la coordinación entre países permite dimensionar un fenómeno que fue deliberadamente regionalizado: el Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, tuvo su correlato en la producción y circulación de inteligencia entre los aparatos represivos de varios países. Cruzar esos archivos puede arrojar luz sobre crímenes que ningún archivo nacional muestra de manera completa.
Ana Laura López de la Torre, coordinadora de la Plataforma Integral «Yo lo vi» y titular de la Facultad de Artes, cerró el simposio con una pregunta que excede lo técnico y lo archivístico: ¿cómo hacemos para que las generaciones que no vivieron la dictadura hagan propia la exigencia de verdad y justicia? ¿Cómo se transmite algo que no se puede transmitir solo con datos? Les invitamos a conocer más sobre esta experiencia en la nota realizada la semana pasada, https://wp.me/pazslY-68o.
Elina Gómez de Facultad de Ciencias Sociales expuso sobre el procesamiento computacional de los archivos militares y cómo convertirlos en datos. El simposio también presentó el próximo libro de poesía de Elina Gómez —socióloga, investigadora del proyecto CRUZAR y poeta—, titulado “Partes de información”. Subversión poética de un archivo militar, que será publicado por la editorial Yaugurú en junio de 2026.
En síntesis el simposio presentó el trabajo con un archivo monumental sobre los años de terror, con millones de documentos que nos cuentan quiénes vigilaban, quiénes detenían, quiénes torturaban, quiénes daban las órdenes. El trabajo de la universidad, paciente, artesanal, interdisciplinario, políticamente comprometido, es también una forma de decir que esos documentos pertenecen a la sociedad. Decir que la verdad no prescribe. Decir que los dos millones de imágenes que hay en el repositorio no son solo archivos: son pruebas, son memoria. Son, también, la materia prima para que algún día la justicia pueda hacer lo que todavía tiene pendiente.
(*) Claudia Suárez Delgado es licenciada en Psicología, ceramista, especialista en Gestión Cultural, integrante de la Red de intelectuales y artistas en defensa de humanidad (REDH) y de la Fdim, parte del colectivo Libertadoras antifascistas.uy
