Por Alfredo Rada (*)
El país que se convirtió en un faro continental de conquistas sociales, atraviesa hoy un tiempo de retroceso político y de pérdida de derechos. Hablamos de Bolivia, que en el año 2000 gestó una insurrección popular y campesina en Cochabamba (ubicada en el centro del país) contra la privatización del agua potable y para riego, inaugurando un ciclo de ascenso de masas populares que permitió, a través de una Asamblea Constituyente, reconfigurar el Estado y ensanchar derechos para las mayorías indígenas y campesinas. Ese proceso alcanzó su punto más alto de transformaciones durante el período de Evo Morales (2006-2019), pero fue violentamente interrumpido en noviembre de 2019 por un golpe de Estado que reinstaló el poder de las élites burguesas.
La derrota de ese régimen de facto presidido por Jeanine Añez, combinó la movilización social con la disputa electoral, logrando el Movimiento al Socialismo (MAS) ganar las elecciones de octubre de 2020, con su candidato Luis Arce Catacora. Sin embargo, ese retorno al gobierno no significó la recomposición del bloque popular. Por el contrario, la gestión de Arce derivó en una pugna prolongada con el liderazgo de Evo Morales. Lo que comenzó como una disputa política se transformó en una fractura orgánica: sectores indígenas y campesinos que habían sostenido el proceso se confrontaron con un gobierno que, en nombre de la estabilidad y el orden, optó por la represión de las protestas y el encarcelamiento de dirigencias sociales. La proscripción política y el intento de detención que derivó en un atentado contra la vida de Morales fue el punto de no retorno.
A ese cuadro se sumó el deterioro de la economía y varios escándalos de corrupción que erosionaron al gobierno. Denuncias de enriquecimiento ilícito de los hijos del presidente Arce y decisiones erráticas en materia económica precipitaron su derrota. Por eso, a menos de un año de dejar el Palacio, Arce está hoy en la cárcel, como resultado de un enjuiciamiento por vía ordinaria, cuando le corresponde un juicio de responsabilidades, cosa que no respeta el actual gobierno derechista.
Pero volviendo al 2025, el vacío dejado por la desaparición política del MAS no fue ocupado por una alternativa popular. La imposibilidad de articular una candidatura unitaria para las elecciones presidenciales de agosto de ese año, sumada al error de llamar al voto nulo promovido por Evo Morales, terminó despejando el camino para el triunfo de las fuerzas conservadoras. El balotaje de octubre de 2025 enfrentó a dos candidatos derechistas, Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, resultando vencedor el primero. Desde su asunción, Paz conformó un gobierno alineado con Estados Unidos. Las bancadas de derecha lograron controlar el 95% de la Asamblea Legislativa Plurinacional, habilitando un giro estructural en la orientación del Estado.
Ese viraje se expresó con rapidez en el ámbito agrario. La denominada “Ley de Reconversión de Tierras” (Ley 1720) constituye el núcleo de la contrarreforma agraria impulsada por el nuevo bloque de poder. Bajo el argumento de modernizar el uso productivo del suelo, la norma redefine criterios de propiedad y función económica, favoreciendo la concentración de tierras en manos de grandes actores agroindustriales. Se flexibilizan los límites a la acumulación de fundos agrarios, se debilitan los mecanismos de reversión por incumplimiento de función social de la tierra y se abren las puertas a la regularización de propiedades obtenidas con dudosa legalidad. Al mismo tiempo, se introducen disposiciones que subordinan los derechos colectivos de comunidades indígenas y originarias a criterios de rentabilidad, erosionando principios consagrados en la Constitución del año 2009. En los hechos, la ley configura un desplazamiento del paradigma de la reforma agraria hacia un modelo de mercantilización del territorio.
La respuesta de las organizaciones campesinas e indígenas no se hizo esperar, adoptando una forma que remite a las tradiciones más profundas de lucha en Bolivia: la marcha. Durante 29 días, delegaciones provenientes del norte amazónico (fronterizo con Brasil) recorrieron cientos de kilómetros hasta llegar a la sede de gobierno, La Paz, atravesando geografías diversas y soportando condiciones adversas. No se trató de una movilización espontánea, sino de una acción colectiva cuidadosamente articulada, que buscó visibilizar el carácter regresivo de la nueva legislación y presionar por su anulación. La marcha no solo expresó rechazo a una norma, sino que reactivó un repertorio histórico de resistencia basado en el sacrificio compartido y la ocupación del espacio público como forma de interpelación política.
En su trayecto, los marchistas fueron sumando apoyos de distintos sectores sociales, aunque también enfrentaron intentos de deslegitimación desde el poder. La llegada a la sede de gobierno no marcó un cierre, sino la apertura de un nuevo momento de disputa. Las demandas presentadas no han sido atendidas y el gobierno ha oscilado entre la indiferencia y la advertencia.
No está claro cómo se resolverá este conflicto. Lo que sí parece evidente es que Bolivia ha ingresado en una fase de reconfiguración profunda, donde las conquistas del ciclo anterior son eliminadas. En ese contexto, la larga marcha en defensa de la tierra no es un episodio aislado, sino la manifestación inicial de una resistencia que, fiel a la historia boliviana, se prolongará en el tiempo.
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
