Por Sebas Silva (*)
Todos los días, al caer la tarde, se repite una escena silenciosa en Uruguay. Personas que salen de sus trabajos —de oficinas, comercios, supermercados— no vuelven a sus casas a descansar: se cuelgan un instrumento al hombro y salen apuradas a ensayar.
Ahí empieza otra jornada. La mayoría de quienes hacen música en el país, no viven de la música. Viven para la música. Sostienen hogares con otros empleos y, en el tiempo restante, produce, ensaya, invierte y toca. Sin estabilidad. Sin garantías. Muchas veces sin que ese trabajo sea reconocido como tal.
Existe un marco legal —la Ley N° 18.384, Estatuto del Artista—, pero su alcance es limitado. Para generar aportes jubilatorios, los niveles de facturación exigidos están lejos de la realidad de la mayoría de los proyectos musicales. Traducido: el sistema reconoce como trabajador a quien logra ingresos que el propio circuito, en general, no ofrece. Y sin embargo, la música funciona.
Funciona porque hay una base amplia de artistas no mediáticos —muchos del interior del país— que sostienen la actividad: pagan salas, compran instrumentos, movilizan público, generan movimiento cultural. Son visibles en la práctica, pero invisibles en la estructura.
En los momentos de ajuste, además, se repite un patrón: los recortes rara vez alcanzan a los grandes eventos organizados por entes públicos. Impactan, en cambio, sobre los dineros concursables, esas herramientas que permiten el acceso de quiénes están por fuera de los espacios más visibles.
Mientras tanto, los principales festivales tienden a reiterarse: mismos nombres, mismos escenarios, misma rotación en medios.
También existen tensiones en los espacios de representación. No siempre los músicos encuentran una integración efectiva en ámbitos donde se definen condiciones laborales y políticas culturales. Cuando las lógicas de representación se cruzan con otros intereses, la consecuencia es conocida: los trabajadores quedan en segundo plano.
Y los músicos también lo son. Este primero de mayo vuelve a poner en evidencia esa contradicción: una actividad que produce valor cultural de forma constante, pero que no logra garantizar derechos básicos a quiénes la sostienen.
La discusión sobre equidad tampoco está saldada. Existen lentos avances de proyectos de ley, pero las condiciones reales de acceso siguen siendo desiguales y el problema dista de estar resuelto.
El punto de fondo es estructural.
Reconocer a los músicos como trabajadores en términos efectivos implica revisar las herramientas vigentes, empezando por el propio Estatuto del Artista, que hoy funciona más como un requisito administrativo que como una garantía de derechos.
Mientras tanto, la música sigue.
Sigue en salas autogestionadas, en circuitos pequeños, en esfuerzos individuales y colectivos que sostienen la escena a pesar de todo.
Pero cada primero de mayo deja la misma nota fuera de tono: si hay trabajo, ¿por qué no hay derechos?
(*) Sebas Silva es Gestor cultural y músico uruguayo. Líder del grupo CoFF CoFF y representante gremial en la Federación Uruguaya de Músicos. Integra la directiva de Cooparte y la Comisión Administradora del Fondo Nacional de Música. Participa activamente en espacios vinculados al desarrollo cultural y artístico
