Por Julieta García Ríos (*)
Siomara Molina tenía dieciséis años cuando quedó embarazada. En su Chile natal el aborto era y es penalizado. Para abortar debía hacerlo en la clandestinidad en condiciones precarias que ponían en peligro su vida. Tuvo que de madurar de golpe cuando siendo prácticamente una niña se convirtió en mamá.
«Fue una situación que marcó mi vida», dice a «Ahora cebamos nosotras» la vocera de la Asamble Permanente por la Legalización del Aborto en Chile. De manera que su mirada hacia la vida y la sociedad se hizo más consciente y cuestinadora. A medida que iba creciendo —ella, y su hija hoy de 33 años años de edad— se iba dando cuenta de que ser madre involucraba diferencias con el resto de sus amigas, compañeras y compañeros del cole y de la universidad. Su cotidianidad estaba permeada de responsabilidad, esfuerzo y cuidados para con su bebé…
La experiencia de ser madre precoz, de analizar cómo se sentía con respecto a las otras se convirtió en una busqueda constante por acompañar a otras en una situación similar a la suya. Para ella no era ni es posible «que alguien estuviera sola ante la disyuntiva de decidir si continuar con un embarazo o interrumpirlo».
Hoy invitamos a Siomara Molina, antropóloga de formación, feminista, activista y defensora de los derechos humanos, para contextualizar el debate en torno al aborto que vive su país por estos días.
Julieta García Ríos (JGR)- Siomara faltan solo tres semanas para que finalice este convulso año 2024 y Chile espera que su presidente Gabriel Boric presente un proyecto de ley de aborto legal tal como lo anunció en junio pasado en Cuenta Pública ante la Nación. Por favor, cuéntanos cúal es el debate al repecto.
Siomara Molina (SM)- Cuando el presidente Boric anuncia que se va a presentar un proyecto de ley sobre aborto hubo una reacción bastante positiva de parte de la sociedad chilena en general, aunque la derecha conservadora chilena se opone al aborto. Los perfiles de estos sectores antiderechos son muy similares a los de gobiernos como los de Trump, Bolsonaro en Brasil o Miley en Argentina. Se manifiestan en contra de los derechos de las mujeres, de las niñas y de todas las personas, porque los derechos sexuales y reproductivos que nos involucra a todos y todas.
JGR-¿Qué rol juega la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile?
SM- Desde la Asamblea brindamos acceso a la información, a los servicios de consejería y a la educación con respecto a derechos sexuales y reproductivos y el aborto en particular. También desarrollamos un trabajo que tiene que ver con la incidencia que podamos hacer en la toma de las decisiones en nuestro país respecto a políticas públicas y legislaciones relacionadas con estos temas.
Sostenemos conversaciones con la institucionalidad a distintitos niveles en los que dejamos claro nuestra posición sobre los contenidos del diseño y discusión del proyecto de ley de aborto y los principios mínimos, al menos éticos y sanitarios que no deben faltar.
JGR-En 2017, en el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet se aprobó la ley de interrupción voluntaria de embarazo por tres causales: Peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación. En este tiempo solo se han realizado 4 500 abortos legales, es sabido que la cifra de abortos anuales es superior a esta.
SM- La ley No. 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, aunque ha salvado la vida de muchas mujeres y niñas, aún sigue siendo completamente insuficiente. Y lo es tanto en términos de lo que ocurre, como de los derechos que tenemos las mujeres para decidir con autonomía cuál es la vida que queremos tener, cuáles son los sueños que buscamos desarrollar, cuántos hijos o hijas queremos tener, en qué momento de la vida poder hacerlo, con quién… y una serie de razones más relacionadas con el proyecto de vida de cada persona. Para eso una ley de aborto solo en tres causales no da respuesta a una decisión que generalmente es mucho más amplia.
JGR- ¿Por qué se ha manifestado que esa ley de aborto en tres causales con que cuentan hoy, se ve amenazada por los objetores de conciencia?
SM- En Chile existe un sistema mixto de salud pública y privada. Nosotras consideramos que al menos en la salud pública no debieran existir objetores de conciencia, porque ese sistema de salud atiende a la mayor cantidad de la población, es ahí donde se asiste la población más pobre, precarizada y más vulnerable. Por tanto, por esa objeción de conciencia, no se debería afectar la salud y la vida de las niñas, adolescentes y mujeres.
Otro problema es que la objeción de conciencia en la práctica funciona sin ninguna rigurosidad. Cualquiera se puede declarar objetor de conciencia, no precisa dar una explicación exhaustiva sobre el motivo que inspira esa decisión para que se tenga en cuenta. Entonces no hay un sistema que respalde que quienes se declaran objetores realmente lo sean. Y eso significa que se terminan muchas veces convirtiéndose en obstructores de la práctica del aborto más que en objetores de conciencia.
JGR- Esto propicia el aborto en la clandestinidad. ¿Cuánto ha cambiado la situación con respecto a años atrás?
SM- Se siguen reproduciendo las mismas dinámicas. Las mujeres somos las más violentadas, las más pobres y vulnerables. Sanitariamente la situación ha mejorado. Los procedimientos para abortar son muchísimo más seguros que los que existían hace treinta o cuarenta años atrás. Hay acceso a medicamentos como mifepristona o misoprostol, pero en términos de seguridad seguimos estando expuestas a un mercado clandestino, a una serie de traficantes de medicamentos que solo buscan ganar dinero. No están interesados por el bienestar y por la salud de las persona, por lo tanto venden dosis incorrectas, pastillas falsas, estafan y ponen en riesgo la salud de nuestras niñas, adolescentes y mujeres.
JGR- El movimiento y las organizaciones feministas tienen un papel importante para cambiar esta realidad.
SM- Estamos seguras de que el trabajo realizado ha tenido muy buenos frutos. En Chile las personas en general están de acuerdo con el derecho a decidir de las mujeres. El punto es que la legislación y la institucionalidad del Congreso no parece entrar en sinergia con las voluntades de la ciudadanía. Sabemos que hemos avanzado grandemente en despenalizar el aborto socialmente, en instalar el tema en el debate público y vamos a seguir haciéndolo. Buscamos construir una opinión que obligue a las autoridades a avanzar hacia una sociedad que respete nuestros derechos y nuestra dignidad.
JGR- ¿Qué proyecto de ley esperan presente Boric próximante?
SM- Esperamos un proyecto de ley que contemple garantías mínimas como las catorce semanas de gestación para que las mujeres puedan decidir libremente dentro de un plazo razonable que se ajuste a los estándares internacionales.
También nos parece relevante tener un proyecto que recoja lo que hemos hablado sobre la objeción de conciencia, los problemas del acceso aborto, el trato del personal, la capacitación de los equipos y el acceso a los más altos niveles de ciencia y tecnología tanto para la ley de aborto como para los derechos sexuales y reproductivos. Deberíamos tener acceso a tecnologias que nos permitan vivir dignamente y tomar nuestras decisiones de la mejor manera.
Entonces esperamos que también el sistema de salud responda de buena manera a una ley, que contemple elementos definitorios de cómo funcionara la objeción de conciencia, y por supuesto, que tenga presupuesto para poder funcionar.
(*) Julieta García Ríos, Periodista Cubana, actualmente trabaja en el Museo de la Música de La Habana y en el semanario Pionero, ha colaborado con diferentes medios de su país y de la Patria Grande, como Mujeres al Sur. Es miembro de la UPEC.
