Por Darío Rodríguez (*)
Rompiendo ventanas
El reconocimiento de la continuidad de viejos vicios de la política, su ventilación y la ausencia de la oposición política en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG) y en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que, además, manejan recursos, comienza a indignar a mucha gente.
En su paso por Uruguay, el Río -al que le canto con maestría Aníbal Sampayo-, involucra varios departamentos y 220 mil compatriotas.
Mientras se despliegan políticas clientelares, los niveles de desempleo en el litoral son de pánico. Traen a la memoria el 2002. En Salto hay 9.200 desempleados (13.35% de la PEA), 5.665 (informales subempleados, 8.22%), Paysandú -cabecera de CARU-, 6900 desempleado (11.7% de la PEA) y 3472 (informales desempleados) En la “heroica” unas 24 mil personas tienen dificultades de empleo. En Artigas, en un año, se triplicó el desempleo y la informalidad es alarmante. La emergencia se agrava y no la salva la diferencia cambiaria.
La CARU es un organismo binacional que tiene el propósito de administrar el río en el tramo compartido con Argentina. El tratado de límites de 1961, entre ambos países, es el marco que dio origen al Estatuto correspondiente suscripto el 26 de febrero de 1975. Al reseñar su actuación, la CARU manifiesta tener la “responsabilidad de llevar a cabo todas aquellas tares integrantes de su amplia competencia…”. Pues es un “moderno y avanzado instrumento internacional para la administración de un recurso hídrico compartido… (…) …Las diferentes maneras en que puede ser utilizado el Río Uruguay necesitan ser reguladas jurídicamente”. Por ello dicta resoluciones contando con un digesto Sobre usos del Río Uruguay.
Al igual que la Argentina, la delegación uruguaya cuenta con cinco representantes; esta vez sin la presencia en la misma de la oposición política. La presidencia y la vice del organismo se rotan anualmente entre ambos países. A la uruguaya la preside Mario Daniel Ayala; lo secunda Miguel R Feris; escribana María Eugenia Almirón; ingeniero agrimensor Roberto Pérez y capitán de navío Miguel Angel de Ocampo. Poco sabemos de la expertise de este equipo. En el artículo 1 del Estatuto se marca la conveniencia de disponer de un mecanismo idóneo para “un óptimo y racional aprovechamiento del Río”. Lo del aprovechamiento se lo han tomado en serio.
En días previos a la interpelación simultánea al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo y de Economía, Azucena Arbeleche, a cargo del diputado coloniense Nicolás Viera, la información de los desaguisados y las discrecionalidades quedan expuestas al escrutinio de la opinión pública, medios de difusión y parlamentarios.
El foco central estaba puesto por la oposición -desde casi el inicio de la actual gestión- en la CTMSG. Pero similares prácticas se despliegan en la CARU. Por ello, la diputada sanducera Cecilia Bottino elevó a Cancillería un pedido de informe con destino a la Comisión. La inquietud de la legisladora, sabiendo el manejo clientelar del herrerismo y compañía, consulta sobre ingreso de personal, y modalidad, desde el 2020. No escapa al pedido conocer el nivel de emolumentos, sitios de trabajo y funciones. Como los presidentes de ambas delegaciones toman resoluciones, Bottino quiere saber la base legal de “acuerdo de presidentes”; un instrumento para engordar la Administradora del Río sin ruborizarse. Otro componente de la consulta tiene que ver con la cantidad de asesores, exclusión del anterior administrador (léase secretario) y sobre quién lo sustituyó. Si esto fuera insuficiente, la legisladora requiere información sobre episodios de acoso laboral y cómo se han tramitado. Fuentes consultadas señalan que víctimas de acoso son sancionadas y que el presidente intervendría en el proceso suspendiendo actuaciones.
Un rastreo de la actuación de la CARU, que también realiza apoyos económicos a distintas organizaciones, parece ser un enclave de Alianza Nacional, agrupación creada por el ex intendente de Paysandú, Jorge Walter Larrañaga; de la que participa la actual diputada Nancy Núñez y abrevó el intendente Olivera. En cambio, la CTMSG la copó la 404 directamente vinculada, desde Carlos Albisu, al inquilino de Torre Ejecutiva. El inefable, ex presidente Julio María Sanguinetti, habló que CTMSG era “un ducado” del que participa, su partido y de alguna manera el senador Germán Manuel Coutinho Rodríguez; salteño; hoy guardan estruendoso silencio.
Los rápidos de Salto Grande
Pese a que un notorio dirigente nacionalista sanducero, que supo ser edil y director municipal, concuñado del intendente Olivera, es uno de los tres delegados en la represa binacional de Salto Grande, poco se habla de su participación en las políticas clientelares que se despliegan desde el inicio de la actual gestión.
Con la asunción del gobierno nacional encabezado por el herrerismo se instalaron en el comando de la represa el otorrinolaringólogo salteño Carlos Albisu, -del riñón de Lacalle Pou Herrera Brito del Pino-, el sanducero Daniel Arcieri y el colorado Nicolás Irigoyen y desde allí volanteaban regalías y acomodaban correligionarios rompiendo ventanas. Mientras esto sucedía, el pueblo litoraleño que “anda y arde en las calles” la viene pasando mal. A la par que existen ingresos suculentos, los delegados gozan de ciertos privilegios que le permiten hacer campaña con recursos del Estado.
Quien preside la delegación cobra unos 480 mil pesos y un poco menos el vice y el vocal. (En todos los casos, no pagan IRPF) El resto de correligionarios que estos funcionarios acomodaron, dependiendo de su categoría y tarea, cuentan con una retribución entre los 88 y los 263 mil pesos. Mientras esta realidad golpea duramente, la delegación decidía cuestiones a medida (de sus intereses); contando con ciertos niveles sociales de tolerancia. Arcieri, por ejemplo, en resolución 090 del año 2020, al residir a más de 100 kms de las capitales de Uruguay, Argentina o la propia represa, accede a un viático por “desarraigo o distancia del emplazamiento o lugar de trabajo asignado…” del 7% de sus ingresos; algo más de 20 mil pesos mensuales. “Para las demás comisiones de servicio se aplicará el régimen de viáticos vigentes” reza la resolución. Con un desmontaje de prácticas profesionalizantes instaladas durante la gestión del FA, eliminación de concursos y criterios de asignación de recursos a la comunidad, se establecían prebendas para los propios delegados. El mismísimo Arcieri votó modificar el Estatuto para que, siendo funcionario desde los 90, tras salir de la delegación política pueda optar por un puesto de asesor con una categoría más alta o un jugosísimo retiro anticipado. Tal vez los mejores cinco años para este servicial correligionario.
Oportunamente se dio cuenta del ingreso por designación directa, como administrativo principal en la Oficina de Montevideo, -Área de Materiales-, del estudiante -que en sus ratos de ocio disfruta tocando guitarra y juntándose con amigos-, Guzmán Parietti militante de la agrupación del dirigente sanducero. El colorado Nicolás Albertoni, colocado como secretario en la represa, como consecuencia del otro escándalo por la entrega del pasaporte a un narco, saltó al Ministerio de Relaciones Exteriores como subsecretario. También tuvo una resolución a medida. Por la misma se le garantiza que cuando finalice su changa como vicecanciller pueda retornar, optando igual que Arcieri, por un puesto de asesor con una categoría superior a la que tenía o acogerse a un retiro anticipado. Todo a pedir de boca.
En este río de acomodos y prebendas, le soltaron la mano al otorrinolaringólogo y el resto de los delegados, incluidos Arcieri, salen indemnes y guardan prudencial silencio.
Lo descripto ameritó, en las últimas semanas, intercambios entre legisladores, abordajes periodísticos y comentarios ciudadanos. El manejo de Salto Grande comenzó a “hacer ruido” con la información circulando entre pasillos legislativos que un funcionario próximo a su jubilación, pese a no llegar a los 60 años, recibiría 700 mil dólares. A ello se agrega, el ultimo refuerzo económico servido desde el Ministerio de Economía a la delegación uruguaya consistente en 200 millones de pesos. Esto último puso en alerta a la oposición que, a la par de denunciar clientelismo, decidió interpelar a la ministra de Economía y a su par de Relaciones Exteriores. Oposición que desde el 2021 venía realizando pedidos de informes.
Algunos legisladores blancos no herreristas, al ver el costo político que se les venía encima, salieron a cuestionar la gestión encabezada por Albisu. Incluso el senador, ex intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, habló, aludiendo al presidente de la delegación, de “papá Noel”. Como era de esperar, la oposición, que realizó una gestión diferente, salió a golpear y aprovechará la discusión de la rendición de cuentas para sostener asunto. Tiempo atrás, el ingeniero Gabriel Rodríguez, ex presidente de la delegación uruguaya durante la gestión del FA, fue elocuente al manifestar que “En una cuenta rápida lo que Uruguay aporta a ese grupito de amigos, familiares y correligionarios, en salarios, es superior a 1.5 millones de dólares por año, a lo que se suman horas extras, viáticos, beneficios sociales y familiares, sociedad médica, etc”.
Aprovechemos el rio
¿Qué explica que recién en el cuarto año de gobierno salten estos escándalos que vienen desde el día uno de la gestión? Hay que tener en cuenta que, obviando el periodo 2005-2019 con gobiernos frentistas, las cosas funcionaban como se hace ahora.
Los vecinos de la región interpretaban, por ejemplo, que la presidencia de la delegación uruguaya a cargo del otorrinolaringólogo obedecía al criterio de darle pista (y recursos) para pelearle al FA la Intendencia. Ello le valió reproches de sus Coutinho, otro que aspiraba volver a la jefatura comunal. El ingreso de algún correligionario colorado licuó los reproches.
La discrecionalidad con la que se distribuyen recursos, particularmente los obtenidos por el pago de peaje en la represa (900 mil dólares anuales tras un pasaje de 33 mil camiones en dicho periodo), anestesiaban a las sociedades locales como la sanducera y, por extensión, salvo excepciones, a medios de información e instituciones. El día que Albisu, en conferencia de prensa en Salto daba cuenta de su renuncia y acusaba a la oposición de querer dañar al gobierno mencionando que el tenía loables propósitos, el periodismo no hizo preguntas incisivas. Casi lo que hizo fue “sostener micrófonos”. Similar comportamiento se observa en Paysandú con la CARU.
Los acontecimientos exponen el rol de ciertos medios con anclaje local. Pocas o escasas veces las Juntas Departamentales, la academia u organizaciones populares departamentales abordan el accionar de las Comisiones binacionales. La cercanía con los jerarcas, la asignación de recursos que podían salvar alguna dificultad, empezar o culminar una obra de impacto social, comunitario, condicionaba fuertemente un pronunciamiento crítico desde cada territorio. La ausencia del Estado nacional o departamental, fortalecía la dependencia de estos discrecionales procederes que, en algunos casos, se quieren justificar con el hecho de ser un organismo binacional que tiene sus “propias lógicas”. La UdelaR peregrinó -pasando la gorra- para obtener 6 millones de dólares faltantes para completar financiación de su nueva sede en Paysandú. Siendo la UdelaR parte del mentado “desarrollo regional”, a los delegados de la CTMSG no se le ocurrió poner algo.
La gente es tratada como cliente, más que como ciudadanos sujetos de derechos. Excluida la participación de la oposición política de la delegación nacional y, en segundo lugar, la irrupción de Cabildo Abierto, dieron otro alcance a las denuncias. La consiguiente nacionalización del asunto y haber saltado a los medios capitalinos y al Parlamento quitaron el blindaje que tenían las practicas desarrolladas.
El impacto de los desaguisados, en ambas Comisiones, está en el debate y ante la inminente interpelación, desde Torre Ejecutiva se quería colocar en la presidencia de la delegación uruguaya de la CTMSG al contador Martín Burutarán; otro edil de la 404, de poca asistencia a las sesiones de la Junta. Los cambios estatutarios le darán a este ingresado por la ventana, ascenso, inamovilidad o retiro incentivado.
El Partido Nacional se ha caracterizado en este periodo por el esfuerzo de tapar cada escándalo que surge, y van unos cuantos. Habrá que prestar atención por un lado si se despliega la “gran Carlos Moreira” (intendente de Colonia) Esto es, esconderlo un tiempo -esto implicó su renuncia a la colectividad- para luego, pasado el tiempo, reflotarlo. Esto se viabiliza si la gente sigue premiando estas conductas. Dicho en otros términos si las políticas clientelísticas tienen amarre en una porción importante de cada sociedad.
La interpelación del próximo mes quizá pueda servir para dotar a estos organismos con otro marco normativo y que, cuando se distribuyan recursos se haga siguiendo criterios diáfanos y que los involucrados queden inhibidos por un periodo de aspirar a cargos electivos.
Como el horno no está para bollos y, especulando con la interpelación, el presidente canceló visita a Salto y deja en el freezeer formal nombramiento del correligionario Martín Burutarán.
Renunciante Carlos Albisu y su mentor, Luis Alberto Alejandro Aparicio. ¿de qué se rién?
(*)Darío Rodríguez es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UdelaR), periodista y asesor en temas de cooperativismo, vivienda y hábitat.
