Venezuela: construyendo poder popular

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Entrevista al Profesor Jesús Peña Cedillo, Universidad Simón Bolívar de Venezuela, Doctor en Ciencias Políticas, realizada por la periodista Carmen Morente para El Otro País de España.

Entre los días 8 al 12 de noviembre de 2010, se celebró en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, el X Congreso Internacional Nuestro Patrimonio Común, que ha tenido como título de la convocatoria: “1810-2010”: Revolución. Independencia y ciudadanía. Los desafíos del mundo contemporáneo”. Entre los organizadores se encuentran la Asociación de Historia Actual, el Grupo de Estudio de Historia Actual de la Universidad de Cádiz; la propia Universidad de Cádiz, la Université Paris Ouest y la Fundación Casa Medina Sidonia, donde se celebraron las sesiones.

El profesor venezolano, Jesús Peña Cedillo, de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, actuó como moderador en la Sesión, “El lenguaje de la Revolución: de 1789 a 1989”, y como ponente, en la Sesión, “De la soberanía nacional al poder popular”.

El título de su ponencia resultó más que sugerente, “Evolución de la construcción del Poder Popular en la República Bolivariana de Venezuela”.

Sobre este aspecto estratégico de la Revolución Bolivariana pudimos preguntarle para El Otro País.

El Otro País: Construir Poder Popular, siempre ha sido un objetivo de los procesos revolucionarios contemporáneos, ¿Cómo se plantea en su país?
Jesús Peña: Hay que comentar, en primer lugar, que Venezuela es un caso singular puesto que en el marco de un Estado representativo tradicional, se vienen construyendo poderes alternativos que están, por definición, destinados a suplantar a ese mismo Estado; al mismo tiempo que la nueva sociedad a la que aspiramos, y que está asociada irremediablemente a ese nuevo “poder popular”, se define como socialista.

Desde 1998, año en el que se produce la primera victoria electoral del movimiento político bolivariano, en el país no hemos dejado de asistir a multitud de procesos electorales y plebiscitarios. Entre ellos me gustaría resaltar por su trascendencia en los acontecimientos por los que hemos estado transitando y transitaremos: la Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva Constitución (1999); la renovación de todos los poderes del Estado (2000); el Referéndum Revocatorio, que se convirtió en Aprobatorio del mandato Presidencial y las elecciones Presidenciales de 2006. Hemos asistido a otros muchos procesos eleccionarios a niveles regionales, municipales, dos elecciones legislativas y dos plebiscitos que tuvieron como objetivo reformar algunos aspectos de la Constitución Bolivariana.

Como sabéis, el trayecto que hemos recorrido hasta hoy no ha sido fácil. En el camino, asistimos a un golpe de Estado en 2002, que duró 47 horas y al sabotaje petrolero de 2002-2003. Sin la existencia al menos de ciertos niveles de “poder popular”, aunque muy instintivos y primarios, la superación de los golpismos de todo tipo y las victorias electorales serían incomprensibles; también serían incomprensibles sin el fuerte liderazgo del Presidente Chávez.

El Otro País: En un mundo en el que sigue primando el individualismo, la competitividad y el mercado, la construcción de “poder popular” pudiera parecer un anacronismo…
Jesús Peña: Cierto. Pero el hecho de que para la ideología dominante pueda parecer un anacronismo no significa que no sea una necesidad histórica urgente. Urgente, no sólo desde el punto de vista de la práctica histórica sino también desde el punto de vista de la teoría política. El fenómeno adquiere así una doble complejidad.

Desde la teoría política, debemos enfrentarnos a dos corrientes de pensamiento que, partiendo de bases en apariencia distinta, acaban confluyendo en la negación del “poder popular”. Me refiero a las teorías de Luhmann sobre “la autonomización de los sistemas políticos”; y a las de Negri y “la multitud como alternativa”.

De modo resumido:
Para Luhmann, la complejidad de los sistemas exige la división en subsistemas especializados como sustrato de lo social, para garantizar la eficiencia de la acción política, de lo cual se deduce la autonomización del ámbito político y la no participación como expresión de la libertad individual.

Para Negri, la alternativa es la multitud compuesta por las singularidades. Sin negar la cooperación e hibridación para la acción colectiva en un determinado momento, su propuesta es un llamado a lo que podríamos denominar, desorganización multitudinaria. Queda claro que, partiendo de cualquiera de estas dos visiones se hace imposible un proceso de construcción de “poder popular”.

El Otro País: ¿Y entonces?
Jesús Peña: Frente a estas dos visiones sobre la dinámica de los procesos políticos, nosotros defendemos el conflicto y la construcción de hegemonía como sustratos del cambio social. Porque nuestro objetivo es ese, el cambio social. Hoy definido como la transición hacia el socialismo. Y es aquí donde por supuesto entroncamos con otras visiones, con otros modos de ver el mundo, con otras cosmovisiones.

En mi intervención pudiste escuchar el rescate de análisis y argumentaciones, que nos llegan de la mano de Bordieu y Gramsci. Desde estas perspectivas, la sociedad está constituida por subconjuntos de actores sociales asociados porque realizan prácticas similares y porque tienden a asumir decisiones que los hacen compartir visiones del mundo y estilos de vida. El fenómeno que los unifica es la relación que ocupan en relación al capital simbólico, económico, social y cultural. Se definen, por tanto, por la posición relativa que les confiere mayor o menor poder en la definición de las percepciones acerca del mundo. Por tanto, lo que está en juego no es el simple control del aparato productivo, sino la capacidad de conferirle un sentido particular a la vida social, de construir un relato acerca del mundo y naturalizarlo. Es decir, estamos hablando de hegemonía.

El Otro País: Estuviste planteado dos aproximaciones al “poder popular” que entiendo no son contrapuestas sino complementarias.
Jesús Peña: Así es, Carmen. Podemos entender el “poder popular” como la capacidad de los ciudadanos para ejercer directamente la soberanía. Es el reconocimiento de un poder constituyente que no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que surge de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población. Se expresa a través del autogobierno en comunidades, comunas y ciudades. De otro lado, podemos – y debemos-, entender el “poder popular” como la capacidad de los grupos sociales usualmente explotados y excluidos para actuar social, económica y políticamente con autonomía (e incluso en contraposición) en relación con otros componentes de la sociedad.

En cualquier caso, lo característico del “poder popular” es que se enfrenta a las formas de democracia representativa, que pervierten en la práctica los procesos democráticos usuales de control, responsabilidad y toma de decisiones; ocultando los intereses que prevalecen a la hora de decidir; reduciendo la participación de la población a actos efímeros de emisión de votos cada tantos años. Y, de otro lado, dicho poder se expresa a través de mecanismos de democracia directa o participativa, que implican reconocer y poner en acción la capacidad permanente de los ciudadanos para la toma de decisiones sobre todos los temas de la vida pública, y para que los mismos puedan controlar el desempeño y revocar los mandatos de cualquier autoridad constituida.

Para el proyecto que defendemos, “poder popular” significa ejercicio directo de la soberanía y autogobierno en las comunas, comunidades y ciudades. Para nosotros el “poder popular” no es, por tanto, una división, nivel o rama particular del poder del Estado, sino un principio rector que debe definir al Estado democrático y a la sociedad, por tanto no debe concebirse limitado a los niveles más locales de gobierno, y privado de incidencia en la conducción de los asuntos fundamentales de la República.

El Otro País: Imagino que para llevar a cabo este fin se han considerado algunas experiencias históricas.
Jesús Peña: Por supuesto que no comenzamos a construir esta experiencia en el vacío, sin tomar en consideración otras experiencias de las que podemos aprender, no para copiar modelos sino para buscar raíces, análisis críticos y hasta la ideosincracia del pueblo venezolano.

Entre ellas podemos comentar la experiencia de la Comuna de París, llegando a la experiencia soviética, sobre todo mirando su primera etapa con la construcción de los soviets. Y, mirando en nuestros orígenes, todas las experiencias que nos llegan de la mano de la resistencia de los pueblos indígenas y las cimarronerías.

En la Venezuela del siglo XXI, en este período de refundación de la República y de construcción de un nuevo modelo económico, político, social y cultural, también hemos acumulado prácticas sobre las que iniciar un debate y análisis crítico y autocrítico.

Ya se han creado, y están funcionando con distintos grados de desarrollo, los Consejos Locales, los Consejos Comunales, las Comunas, el Consejo Federal de Gobierno, la Federación de Consejos Comunales, el Pueblo Legislador, La Contraloría Social y el Poder Constituyente. Sin embargo, estamos claros en que no podemos confundir Poder Comunal con Poder Popular.

El Otro País: ¿Cuál sería la definición de los Consejos Comunales?
Jesús Peña: Según la Ley de 2006, “son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social”. Está conformado por tres instancias: un Órgano Ejecutivo, la Unidad de Contraloría Social y la Unidad de Gestión Financiera (Banco Comunal).

El Consejo Comunal debe cumplir ciertos objetivos: articular organizaciones presentes en la comunidad para determinados fines; elaborar planes de trabajo para solventar los problemas de la comunidad que puedan ser resueltos con recursos propios y evaluar sus resultados. Elaboración de proyectos que exijan por sus costos ir al presupuesto participativo o a otras instancias de financiamiento; así como ejercer un control social en todas y cada una de las actividades públicas que se desarrollan en el nivel comunitario.

El Otro País: Resulta curioso que este complejo proceso se esté produciendo, ya sabemos que no sin sobresaltos, a través de Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.
Jesús Peña: Es la vía que hemos decidido hasta el momento. Le Ley exige que el Poder Nacional, los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las Comunidades organizadas (Consejos Comunales, Comunas y otros entes del Poder Popular”), los servicios que estos gestionen promoviendo: la transferencia de servicios diversos (vivienda, cultura, deportes, programas sociales, ambiente, mantenimiento, construcción de obras, prestación de servicios públicos, etc); la participación en la gestión de las empresas públicas; la participación en los procesos económicos estimulando la economía social y el desarrollo endógeno sustentable, así como la transferencia a las organizaciones comunales de los servicios públicos estadales y municipales con corresponsabilidad en la gestión pública.

Las Leyes que han ido regulando todos estos aspectos son: Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica de la Economía Popular y Ley Orgánica de Planificación Pública.

El Otro País: ¿Qué retos y conflictos se han planteado en este proceso?
Jesús Peña: Son varios y de distinto carácter, como puedes imaginar. De un lado surge el reto de superar tendencias que limiten el proceso a la gestión local, donde puede adquirir un carácter “no político”. También superar la atadura territorial, que convertiría a estas expresiones en “micropoderes”. Otros retos y conflictos nos llegan de las reales posibilidades de que el proceso se pervierta a través de la cooptación por el poder establecido. Y, por último, el mayor reto es la inserción del “poder popular” como esencia del objetivo estratégico de construcción de un proyecto nacional anticapitalista.

El Otro País: Por último, profesor Peña, ¿qué cosas le quedan por hacer durante los días que esté entre nosotros?
Jesús Peña: Cumplido el trabajo académico, aquí, en Sanlúcar, marcho para Granada. Allí, el jueves 18, estoy invitado a participar en una actividad sobre este mismo tema, organizada por la Plataforma Simón Bolívar de Granada y la Asociación de Amistad Granada-Cuba “Nicolás Guillén”. Un espacio que agradezco pues me permite compartir preocupaciones, análisis y debates con los miembros del movimiento de solidaridad con Venezuela y con todas aquellas personas que se acerquen.

Pocos días después de realizada esta entrevista, un grupo de congresistas y senadores (republicanos y demócratas) de los EE.UU., se reunían en el Capitolio (no sabemos hacia dónde miraba el Premio Nobel de la Paz, Obama), con un grupo de ladrones, terroristas, genocidas y prófugos de la justicia de varios países latinoamericanos, para elaborar un documento, “Peligro en los Andes”, en el que sin ningún tipo de artilugios ni metáforas, se alienta y se avala una nueva campaña de agresión contra Venezuela y los países del ALBA.

Pocas horas después, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, aprobaba el “Manifiesto en Defensa de la Patria Antiimperialista”; tras lo cual, el Presidente Chávez convocaba, en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, en Caracas, a todos los poderes del Estado, incluido el Poder Popular. Sus palabras fueron claras: “Radicalizar posiciones y consolidar la Unidad Revolucionaria para enfrentar la amenaza imperial”. Al día siguiente, el canciller Nicolás Maduro, llega a Guyana, para asistir a una sesión especial de UNASUR. En sus primeras declaraciones afirmaba, “Frente al enloquecimiento de la ultraderecha y de los planes anunciados de incrementar las acciones de agresión, conspiración y desestabilización de los procesos democráticos, de transformación popular que viven nuestros países, el mejor antídoto es consolidar la unión, nuestras organizaciones, el ALBA, UNASUR, la unión económica, social, cultural y política de la región”.

Carmen Morente
Plataforma Simón Bolívar de Granada
Con autorización para Mate Amargo

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