Por Diego Duarte Calleja(*)
En Treinta y Tres convivimos con una paradoja importante, mientras numerosas familias tienen dificultades para acceder a una vivienda adecuada, una parte considerable del parque habitacional permanece vacío. Casas cerradas durante años, inmuebles abandonados, construcciones que se deterioran y terrenos insertos en la trama urbana que no cumplen ninguna función.
Al mismo tiempo, seguimos pensando buena parte de la política habitacional desde una lógica predominantemente expansiva, conseguir suelo, urbanizarlo, construir nuevas viviendas, etc.
Quizás haya llegado el momento de agregar otra pregunta: ¿qué podemos hacer con la ciudad que ya tenemos?
Los datos del Censo 2023 muestran que Treinta y Tres cuenta con 25.733 viviendas para 19.877 hogares. Naturalmente, esto no significa que la diferencia entre ambas cifras corresponda a viviendas abandonadas o disponibles para una política pública. La vacancia comprende situaciones muy diferentes. Una vivienda temporalmente desocupada, una casa de uso ocasional o un inmueble en sucesión no pueden equipararse a una propiedad abandonada durante décadas, deteriorada y con importantes deudas acumuladas. Pero reconocer esas diferencias no debería llevarnos a ignorar el problema.
En octubre del año pasado, el Plenario Intersindical del PIT-CNT de Treinta y Tres puso el tema sobre la mesa. Luego de una actividad realizada en el Centro Universitario Regional del Este, convocó a la Comisión de Vivienda (integrada por senadores y ex intendentes de diferentes partidos políticos) a una presentación sobre la realidad habitacional del departamento realizada por quien escribe. A partir de esos intercambios, el movimiento sindical elaboró una propuesta de recuperación de padrones con deuda incobrable para soluciones habitacionales y otros destinos sociales, asociada además a la generación de puestos de trabajo directos e indirectos. La iniciativa fue presentada posteriormente al intendente departamental y trasladada a autoridades nacionales y departamentales.
La propuesta partía de una meta deliberadamente modesta, intervenir inicialmente sobre apenas el 2% de las viviendas en estado ruinoso y/o de abandono. La estimación suponía recuperar alrededor de 54 viviendas y generar potencialmente unos 150 puestos de trabajo directos vinculados a su reparación y acondicionamiento.
No se propone expropiar indiscriminadamente viviendas particulares. Se apunta a situaciones mucho más específicas, padrones abandonados, inmuebles con dificultades de titularidad o propiedades con deudas acumuladas desde hace muchos años.
Desde entonces ocurrieron algunas cosas que justifican retomar aquella discusión.
Una discusión que ya comenzó
La propuesta había sido remitida también al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Este año se dio un paso más, la ministra Tamara Paseyro recibió al diputado del Frente Amplio Nino Medina y al asesor del Plenario Intersindical de Treinta y Tres Darío Mariño, quienes le presentaron directamente la iniciativa y explicaron sus principales fundamentos. La propuesta es, por tanto, conocida a nivel central del Ministerio, un antecedente relevante a la hora de pensar posibles articulaciones para avanzar en su implementación.
En paralelo, en marzo el Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, puso en marcha un Laboratorio de Economía Circular Urbana, con experiencias iniciales en Minas y Paso de los Toros. La idea tiene bastante que ver con lo que venimos planteando: identificar viviendas vacías y degradadas, estudiar las causas de esa situación y ensayar herramientas que permitan reincorporarlas a la dinámica urbana La intención es aprender de esas experiencias para posteriormente trasladarlas a otras localidades. Treinta y Tres debería mirar con atención ese proceso. El problema que intenta abordar el laboratorio también existe en nuestro departamento: viviendas desocupadas, inmuebles deteriorados y sectores consolidados de la ciudad donde existe infraestructura instalada mientras seguimos necesitando suelo y soluciones habitacionales.
A esto se suma un cambio jurídico relevante. En junio fue promulgada la Ley N° 20.495, que regula medidas provisionales y procedimientos para determinadas expropiaciones de inmuebles con deuda compensable realizadas al amparo de la Ley N° 18308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. La norma no convierte una vivienda vacía en expropiable, ni habilita a una Intendencia a disponer de cualquier inmueble por el mero hecho de encontrarse desocupado. Pero establece procedimientos más claros para actuar ante determinadas situaciones, incluyendo inmuebles en grave estado de deterioro cuando se configuran las condiciones previstas legalmente.
Empiezan a aparecer, por tanto, distintas piezas de una misma discusión, inmuebles privados abandonados y con deudas, instrumentos de ordenamiento territorial y experiencias concretas para recuperar viviendas vacías.
¿Y Treinta y Tres?
En lugar de crear desde cero un programa departamental desconectado de las políticas nacionales, Treinta y Tres podría plantear al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial su incorporación a una próxima etapa del Laboratorio de Economía Circular Urbana.
Hay razones para intentarlo. Tenemos un número significativo de viviendas desocupadas, necesidades habitacionales persistentes, sectores urbanos consolidados y una propuesta surgida desde el propio territorio que, además, vinculó desde el comienzo la recuperación de inmuebles con la generación de empleo.
El primer paso no sería expropiar. Sería conocer.
Un relevamiento específico permitiría cruzar información sobre inmuebles vacíos y degradados, deuda de contribución inmobiliaria, estado edilicio, años de abandono, titularidad, localización e infraestructura disponible. Recién entonces sería posible determinar qué instrumento corresponde utilizar en cada situación. Porque no toda vacancia requiere la misma respuesta. La política pública necesita una caja de herramientas, negociación con propietarios, regularización, incentivos para volver a colocar inmuebles en uso, adquisición, convenios y, cuando se configuren las condiciones legales, expropiación. La expropiación no es el objetivo. El objetivo es movilizar suelo urbano que permanece inutilizado.
Construir ciudad también es recuperar ciudad
Existe una razón territorial y económica para hacerlo.
Cada vez que una ciudad se extiende debe extender también calles, alumbrado, agua, saneamiento, energía, transporte y otros servicios. Y esos costos continúan durante décadas. Mientras tanto, dentro de la ciudad consolidada existen inmuebles vacíos o abandonados frente a calles que ya construimos, conectados a redes que ya pagamos y próximos a escuelas, comercios, servicios y espacios públicos que ya existen.
Esto no significa dejar de construir viviendas nuevas. Treinta y Tres y otros territorios del interior seguirán necesitándolas. El sistema cooperativo, MEVIR, Plan Juntos, Plan Avanzar y los diferentes programas del Ministerio de Vivienda seguirán siendo imprescindibles. Se trata de incorporar otra herramienta, antes de extender la ciudad, preguntarnos también qué podemos recuperar dentro de ella.
Hay, además, una dimensión especialmente importante para Treinta y Tres. Recuperar viviendas genera trabajo. Requiere albañiles, sanitarios, electricistas, pintores, técnicos y trabajadores de distintos oficios. Un programa de estas características podría incorporar capacitación, pequeñas empresas locales y trabajadores del departamento, respetando los convenios colectivos correspondientes.
En ese sentido, hablar de economía circular urbana es hablar de algo más que reciclaje de materiales. También supone evitar el desperdicio de lo que colectivamente ya construimos.
Empezar por cinco
Cuando el Plenario Intersindical presentó en noviembre del año pasado su propuesta al intendente Dr. Mario Silvera, este manifestó la necesidad de realizar consultas jurídicas. Quizás sea un buen momento para retomar aquella conversación.
Intendencia, Junta Departamental, Plenario Intersindical, Ministerio de Vivienda, Universidad y actores vinculados a la construcción podrían impulsar la incorporación de Treinta y Tres a una próxima etapa de esta experiencia.
No necesitamos comenzar recuperando cientos de viviendas. Podríamos comenzar con cinco. Identificar esos inmuebles, conocer por qué permanecen vacíos, estudiar su situación jurídica, tributaria y edilicia, determinar qué instrumento puede utilizarse en cada caso y estimar cuánto costaría recuperarlos y qué destino podrían tener. Y aprender de la experiencia. Las políticas públicas también pueden construirse así, comenzar en pequeña escala, evaluar, corregir y, cuando los resultados lo justifican, ampliar. Minas y Paso de los Toros ya empezaron a recorrer ese camino. Treinta y Tres tiene condiciones para sumarse.
Durante años hemos observado la convivencia entre necesidad habitacional, viviendas vacías, deterioro urbano y una ciudad que continúa extendiéndose mientras parte de lo que ya construimos permanece inutilizado. Podemos seguir viendo allí solamente una contradicción. O podemos empezar a verlo como una oportunidad. Porque cuando hablamos de política habitacional no deberíamos preguntarnos únicamente cuántas viviendas nuevas podemos construir. Hay otra pregunta, bastante más sencilla, que hemos formulado mucho menos:
¿cuántas de las que ya existen podemos recuperar?
(*) Diego Duarte Calleja es Licenciado en Trabajo Social (Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de la República). Especialista en Estudios Urbanos e Intervenciones Territoriales por Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR) y Doctorando en Estudios Urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento UNGS de Bs As Argentina. Desde hace 10 años trabaja en MEVIR, Treinta y Tres
