Por Joaquín Andrade Irisity(*)
Hay una pregunta que parece sencilla, pero que cada vez resulta más difícil de responder:
¿cuánto cuesta independizarse en Uruguay?
No se trata solamente de conseguir una vivienda. Se trata de poder pagarla todos los meses, sin que el alquiler termine absorbiendo una parte desproporcionada de los ingresos.
Para muchas personas, especialmente entre los jóvenes, independizarse dejó de ser únicamente una decisión personal para convertirse en un problema económico.
Los números ayudan a dimensionarlo:
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el alquiler promedio registrado en junio de 2026 fue de $22.245 mensuales. El nuevo indicador, que amplió las fuentes utilizadas para medir el mercado, registró más de 144.000 contratos vigentes en mayo.
El dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con los ingresos. Desde julio de este año el Salario Mínimo Nacional es de $25.383. Es decir, un alquiler promedio equivale aproximadamente al 88% de un salario mínimo.
Por supuesto, comparar el alquiler promedio con el salario mínimo no significa que la mayoría de los inquilinos cobre el mínimo, ni que todos paguen $22.245. Pero la comparación sirve para mostrar la magnitud del problema: para quien se encuentra en los sectores de menores ingresos, el costo de acceder a una vivienda puede ocupar una parte enorme de lo que gana.
El propio Estado utiliza una referencia que resulta significativa. En el Fondo de Garantía de Alquiler para Jóvenes se establece que el alquiler no puede superar el 40% de los ingresos del grupo. La cifra funciona como una señal de hasta dónde puede llegar razonablemente el peso de la vivienda sobre el presupuesto familiar.
Mientras tanto, los salarios también han aumentado. El índice Medio de Salarios del INE registró en mayo de 2026 una variación de 5,12% en los últimos doce meses. Pero el problema no puede reducirse a comprar dos porcentajes.
Lo que importa es cuánto dinero queda disponible después de pagar el techo, los servicios, el transporte, la alimentación y el resto de los gastos necesarios para vivir. Y acá aparece una cuestión generacional. Durante buena parte de la historia uruguaya, la posibilidad de trabajar, alquilar o comprar una vivienda y forma un hogar estuvo asociada a una determinada idea de movilidad social. No era una realidad universal ni igualitaria, pero si existía una expectativa: el trabajo podía permitir construir cierta autonomía.
Hoy esa promesa parece más difícil de sostener.
Pero el problema habitacional no termina en el precio del alquiler. Uruguay tiene viviendas desocupadas mientras existen personas que no logran acceder a un hogar. La cuestión no es solamente la cantidad de viviendas disponibles, sino quién pueda acceder a ellas y en qué condiciones.
Ahora aparece otra dimensión del mismo problema. Incluso cuando existe una vivienda disponible y una persona consigue alquilarla, queda por resolver una segunda pregunta: ¿puede sostener ese alquiler sin resignar otras dimensiones de su vida?
Los datos de pobreza muestran que la condición de inquilino también pesa. En el primer semestre de 2025, el INE estimó que un hogar inquilino de Montevideo compuesto por tres personas necesitaban ingresos líquidos de al menos $54.233 para superar la línea de pobreza, mientras que para un hogar no inquilino de iguales características el umbral era de $41.169.
La vivienda, entonces, no es simplemente un techo. Es también una parte central del presupuesto familiar y una condición para acceder a la ciudad, al trabajo, al estudio y a una vida autónoma.
Por eso discutir alquileres no debería limitarse a preguntar cuánto cuesta el metro cuadrado o cuánto aumentó el precio de un apartamento. La pregunta política es más profunda: ¿qué porcentaje de los ingresos de una persona debería destinarse a poder vivir dignamente?
Un país puede tener viviendas, construcción, inversión inmobiliaria y nuevos edificios. Pero si una parte de la población no puede pagar para habitarlos, el problema sigue estando ahí. Alquilar para vivir no debería significar vivir para pagar el alquiler.
La discusión sobre vivienda vuelve, así, a una pregunta más amplia sobre qué sociedad queremos construir: una donde independizarse sea un proyecto posible o una donde tener un hogar propio dependa cada vez más de cuánto dinero se tiene antes de comenzar la vida adulta.
Porque detrás de cada alquiler hay algo más de una cifra mensual. Hay una persona que quiere irse de la casa de sus padres, una pareja que quiere formar un hogar, un estudiante que necesita acercarse a su lugar de estudio, un trabajador que busca vivir cerca de su empleo. Hay, en definitiva, un proyecto de vida.
Y cuando el acceso a ese proyecto depende cada vez más de la capacidad de pagar, la discusión deja de ser solamente inmobiliaria. Se convierte en una discusión sobre el tipo de país que estamos construyendo.
El derecho a la vivienda no debería consistir únicamente en tener un lugar donde dormir. También debería significar poder construir una vida sin que el techo se convierta en el límite de todos los demás proyectos.
(*) Joaquín Andrade Irisity es estudiante avanzado del Profesorado de Historia en el IPA y de Comunicación Social en UTU, escritor y periodista en formación
