Instalación consejo consultivo de Economía Social y Solidaria
Por Claudia Suárez Delgado (*)
En diciembre de 2019 se promulga la Ley N° 19848 de Declaración de interés nacional la promoción, difusión, estímulo y desarrollo de la economía social y solidaria, en cualquiera de sus expresiones. La define compuesta por el conjunto de entidades que en el ámbito privado desarrollan actividades económicas, sociales, culturales y ambientales, de conformidad con los principios que recoge en el artículo 4°, entre ellos: La persona debe ser el centro de la actividad económica y social, teniendo absoluta primacía frente al capital; las relaciones se sustentan en la solidaridad, la cooperación, la reciprocidad y el control democrático, primando el interés común por sobre el individual; La gestión debe ser autónoma, democrática y participativa. Agregando el compromiso con la comunidad, el desarrollo local, el cuidado del medio ambiente y la promoción de la equidad de género y la inclusión social de personas con dificultades de inserción.
Luego de varios años de inactividad en torno a esta ley promulgada en el gobierno de Tabaré Vázquez se concretó en el Palacio Legislativo la constitución de un organismo que marca un antes y un después para el cooperativismo y la economía social y solidaria en el país. Retomando de esta forma la senda de trabajo de los diferentes gobiernos frente amplistas.
Con la presencia de autoridades nacionales, departamentales, organizaciones sociales y el referente europeo Presidente de Social Economy Europe y de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, Juan Antonio Pedreño, se realizó el evento de constitución del Consejo consultivo de la economía social y solidaria.
El evento convocado por el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) no solo concretó una obligación legal, la que impone la Ley 19.848 sino que representó, según todos los oradores, un punto de inflexión político e institucional para el sector de la economía social y solidaria en Uruguay.
La presidenta de INACOP, doctora Graciela Fernández, fue quien puso en perspectiva ese camino. Recordó que el proceso viene incluso de antes de esa ley: ya en la Ley General de Cooperativas 18.407, el INACOP tenía el mandato legal de «impulsar el estudio y la investigación de otras formas de la economía social y solidaria». Fue a partir de esa obligación que el Instituto comenzó a impulsar lo que diez años después se convertiría en la Ley 19.848.
Ese recorrido colectivo, marcado por debates, encuentros departamentales, ferias en Canelones, instancias en la Intendencia de Montevideo, procesos de consulta amplia, también fue recordado por Helena Almirati, representante de la Coordinadora de Economía Solidaria, quien habló en nombre del flamante Consejo Consultivo. «Estamos acá porque venimos desde lejos», afirmó. Y recordó a otro protagonista del proceso que ya no está: Juan José Sarachu.
Qué es y qué hará el Consejo
El Consejo Consultivo de la Economía Social y Solidaria quedó constituido con la firma del acta notarial por parte de representantes de 17 organizaciones. Entre ellas: la Coordinadora Nacional de la Economía Solidaria, FONDES-INACOP, la Universidad de la República, ANEP, los ministerios de Desarrollo Social, Industria, Ganadería, Turismo y Educación y Cultura, el Instituto Nacional de Colonización, el Congreso de Intendentes, la Auditoría Interna de la Nación, redes de comercio justo y redes de otras economías transformadoras.
El Consejo tiene dentro de sus potestades: asesorar, proponer, construir proyectos. Pero Almirati subrayó dos mandatos que considera centrales: la convocatoria periódica a una Conferencia Nacional de la Economía Social y Solidaria, y la promoción de organismos similares a nivel local, no solo departamental, también municipal. «Al final de este período, en pocos años, no solo que haya más organizaciones, más y mejor economía solidaria, sino más organismos como este», planteó.
Dentro de los anuncios realizados en el evento se planteó que en los próximos días se firmará un convenio específico con el Poder Legislativo para que organizaciones de la economía social provean servicios e insumos al Palacio. También se estudia un proyecto para que artesanas y artesanos elaboren productos de suvenires vinculados al Palacio, se informó también que los trabajos de conservación del Palacio, cuyas obras de los últimos años fueron ejecutadas en gran parte por cooperativas, fue renovado y ampliado.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, recorrió el respaldo internacional al cooperativismo y la economía social, como lo es la Recomendación 193 de la OIT de 2002, que reconoció el rol estratégico del cooperativismo en el desarrollo económico con equidad; la declaración de 2022 que exhortó a las Naciones Unidas a pronunciarse en igual sentido; la resolución de la ONU de 2023 reconociendo que la economía social y solidaria contribuye a un crecimiento «más inclusivo y sostenible»; y los compromisos de la Cumbre de Sevilla de 2025, donde el presidente Yamandú Orsi estuvo presente y señaló que la economía social «es el instrumento de desarrollo económico que queremos y que creemos».
«No es un mandato legal solamente. Es un compromiso internacional, es una recomendación de expertos. Pero lo más importante para nosotros y nosotras es un imperativo moral y ético», subrayó el ministro.
Castillo también recordó que la constitución del Consejo es parte de una línea política coherente y sostenida del Frente Amplio en todos sus períodos de gobierno, y reiteró el compromiso del Ministerio de Trabajo en el camino que se abre a partir de hoy.
Por su parte, Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe y de CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Pedreño, invitado especialmente por INACOP, viajó desde España para estar presente en el acto constitutivo, su exposición se centró en compartir la experiencia española en el fomento de la economía social y solidaria. El punto de partida para España fue en 2011: antes de ese año, no existían políticas públicas específicas para el conjunto de la economía social. España fue el primer Estado miembro de la Unión Europea en dotarse de una ley de economía social. A partir de ahí, el proceso fue de crecimiento sostenido.
Hoy, explicita según las cuentas del Instituto Nacional de Estadística español la economía social en España agrupa 130.000 empresas, y representa el 12% del empleo total. «El PIB mide todo menos lo que realmente importa. Importa lo que ha dicho usted, le señaló Pedreño a Almirati, importa a esas personas. Y ahí es donde está centrada la economía social.»
En Europa, el panorama también es elocuente. En 2015, solo seis países estaban dispuestos a elaborar políticas públicas en favor de la economía social: Francia, Italia, España, Eslovaquia, Eslovenia y Luxemburgo. En 2023, bajo la presidencia española de la Unión Europea, los 27 países miembros aprobaron por unanimidad una resolución para elaborar cada uno sus propias políticas en un plazo de un año. Hoy, la economía social europea suma 4,3 millones de empresas, representa el 6,5% del empleo, el 8% del PIB y factura más de 1 billón de euros. «Ninguna empresa europea, ninguna empresa mundial factura un billón de euros. La economía social sí», destacó Pedreño.
El presidente de Social Economy Europe fue contundente sobre el papel que puede tener el Consejo Consultivo uruguayo: «Puede ser el único lugar de encuentro de todo el sector con los ministerios. Si tomamos conciencia del papel que tendrá este consejo para el desarrollo de la economía social, el cambio va a ser impresionante.» Y trazó una advertencia que vale como mandato: «Si no somos capaces de llevar nuestra voz en la elaboración de las políticas públicas, dejaremos que sean otros los que decidan qué le interesa al sector. Eso no podemos permitirlo.»
A lo largo de todos los discursos se repite la idea de que la economía social y solidaria no es un sector marginal ni una expresión de buen corazón. Es un modelo de organización económica que pone a la persona por encima del capital, que distribuye los excedentes en función del trabajo, que gestiona democráticamente y que asume un compromiso con la comunidad, el ambiente y la inclusión.
«Nadie se salva solo. Por lo tanto, esta propuesta nos parece especialmente importante en este momento», dijo Blanca Rodríguez presidiendo el acto, parafraseando una expresión que resonó también en otros oradores.
En el cierre se compartió una historia que ilustra mejor que cualquier dato el espíritu del sector: una cooperativa apícola que, después de resolver una gestión ante INACOOP con apoyo institucional, donó 250 kilos de su mejor miel, a instituciones que atienden políticas alimentarias, se trata de una miel certificada con seis sellos de calidad, exportada a Europa y a Estados Unidos. «Esa es nuestra solidaridad: dar lo mejor que tenemos, no lo que sobra», resumió la voz de quien leyó la historia.
(*) Claudia Suárez Delgado es licenciada en Psicología, ceramista, especialista en Gestión Cultural, integrante de la Red de intelectuales y artistas en defensa de humanidad (REDH) y de la Fdim, parte del colectivo Libertadoras antifascistas.uy
