Por Claudia Suárez Delgado (*)
Existen diferentes formas de acercarnos al tema de violencia basada en género en Uruguay, una de ellas son los datos.
Un informe elaborado conjuntamente por ONU Mujeres, CEPAL, INE (Instituto Nacional de Estadística) e InMujeres, mide el avance de Uruguay hacia la igualdad de género en el marco de la Agenda 2030, Objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda Regional de Género de América Latina y el Caribe. El mismo analiza no solamente el indicador número 5, centrado en la igualdad de género, mide también la discriminación de niñas y mujeres, la eliminación de la violencia, el reconocimiento del trabajo de cuidados, los derechos reproductivos y económicos y el acceso a la participación y lugares de liderazgo.
También toma en cuenta otros indicadores que transversalmente se encuentran teñidos por las desigualdades por razón de género.
En el informe podemos ver, desagregados por sexo, datos sobre los objetivos de fin de la pobreza, hambre cero, acceso a la salud y bienestar, a la educación, trabajo y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y acceso a la paz, justicia e instituciones sólidas.

El acceso a los datos permite conocer mejor la realidad y de esta forma delinear mejores políticas sociales en busca de la resolución de las problemáticas.
Si tomamos el acceso a la educación, nos encontramos con una gran paradoja: las mujeres superan a los hombres en educación (58% vs 41% en finalización de secundaria; siendo similar a nivel terciario). Sin embargo, esa ventaja no se convierte en igualdad en el acceso a puestos de trabajo, ni salarial, ni política.
Las mujeres superan a los hombres en las tasas de matriculación universitaria, pero aún se mantienen subrepresentadas en las carreras STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por su sigla en inglés).
En todos los niveles son las mujeres las que logran mayores niveles de finalización en los estudios.
Más allá de estos datos, que dan cuenta de un mayor nivel educativo en las mujeres, la brecha salarial continúa siendo del 22,2 % en ingresos mensuales y 3,4 % en ingresos por hora según los datos de 2024.
En cuanto a la participación en el mercado laboral, un 57.2 % de las mujeres participó en el mercado laboral vs 72,1 % de los hombres. Tomando a su vez los datos de desempleo, en las mujeres se ubica en el 9.4%, dos puntos por encima del de los varones de 7.2%. Esta brecha se agranda cuando se trata de personas jóvenes, menores de 25 años, donde 29.6% es el porcentaje para mujeres y 23.9 para varones que se encuentran desempleados. El 12,7 % de las mujeres no tiene ingresos propios, frente al 6,8 % de los hombres, impactando esto en la autonomía de las mujeres.
Cuando agregamos a los datos de empleo las horas de trabajo no remunerado, el informe plantea que las mujeres trabajan más que los hombres, 54 horas semanales frente a 50 de los varones. Pero la mitad de ese trabajo, en el caso de las mujeres, responde a cuidados o trabajos informales. Las mujeres dedican el doble de horas que los varones al trabajo doméstico y de cuidados: 14,8 horas frente a 7,2, prevalece la idea social de que es un trabajo que corresponde o es natural de las mujeres.
A pesar de que en Uruguay han bajado los índices de pobreza, por cada 100 hombres pobres en Uruguay hay 154 mujeres en la misma situación. Registrándose una feminización de la pobreza. La brecha es mayor entre los 25 y 49 años: 21,2 % mujeres vs 16,3 % hombres, correspondiéndose con la edad reproductiva. Sumado a esto, las mujeres afrodescendientes registran el doble de pobreza que las mujeres no afrodescendientes, dando cuenta de la interseccionalidad a la que se suma las condiciones de discriminación.
Tomando el objetivo de desarrollo N° 2, “hambre cero”, la inseguridad alimentaria afecta al 18,7% de las mujeres y al 12,7% de los hombres. La anemia afecta al 24,5 % de las mujeres entre 15 y 49 años; siendo de 15,8 % en embarazadas con más de 20 semanas, con los problemas que esto acarrea para la salud materna y el desarrollo fetal.
En cuanto al objetivo N° 3, que da cuenta de salud y bienestar, en este punto los indicadores de Uruguay son muy buenos. La mortalidad materna bajó a 10,3 por cada 100.000 nacidos vivos (2024), muy por debajo de la meta de 70. El 100% de los partos es atendido por personal especializado, estos datos dan cuenta tanto del extendido acceso a la salud para la población así como la concientización del derecho a la atención.
La fecundidad adolescente se redujo de 52 (2016) a 21,4 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años (2023), siendo que el 87 % de las mujeres entre 15 y 49 años cubre sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos.
Por otro lado, si tomamos los indicadores de violencia, una de cada cinco mujeres en Uruguay sufrió violencia de su pareja o expareja. En la punta del iceberg de la violencia se registraron 23 femicidios consumados en 2023, lo que se corresponde a casi 2 muertes violentas por razón de género por mes. En 2023 también 38 mujeres ingresaron al servicio público de atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Si tomamos los datos de participación política, a 40 años de democracia ininterrumpida, sólo 28 de cada 100 parlamentarias son mujeres. Y el 35.7% de las carteras ministeriales son de mujeres ( muy superior al 14,5 % del período 2020–2024). Estos datos dan cuenta de la brecha aún existente para llegar a la paridad.
Para conocer más sobre cómo se construyen estos datos y qué desafíos implica charlamos con Jenny Segovia, encargada de la Unidad de Género del INE.

Mate Amargo – ¿Cómo ha sido el proceso para la construcción de los datos y el trabajo interinstitucional para lograr el objetivo?
Jenny Segovia – El proceso de articulación institucional para llegar al informe supuso el trabajo entre el INE y el Sistema de Información de Género de InMujeres, junto con las agencias de Naciones Unidas, CEPAL y ONU Mujeres. Y bueno, esto es la transversalización de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que es una agenda que se propuso una serie de metas hasta 2030 y dada la cercanía a ese momento, que faltan cuatro años, se empezaron a realizar informes voluntarios en los distintos países donde se le transversaliza la perspectiva de género a esas metas de desarrollo sostenible.
M.A. – ¿En qué medida creés que estos datos pueden aportar a generar mejores políticas públicas?
J.S. – Primero, es un estándar, estos indicadores se utilizan en otros países y nos permiten compararnos en relación a otros países. Nos permiten observar medidas de mediano plazo, porque el asunto con las políticas públicas es que en general las diseña una administración, después quizá en el momento de implementación hay un cambio de autoridades y entonces necesitamos indicadores para mirar los aspectos que son estructurales. Como las cuestiones culturales son estructurales, como los temas de género requieren tener series de tiempo, lo suficientemente robustas. No podés hacerlo de un año para el otro, observar grandes cambios, porque son aspectos, al ser estructurales, al ser culturales, lleva más tiempo poder moverlos.
En ese sentido me parece que la utilidad de estos indicadores tienen que ver con la armonización y la comparabilidad con otros países y con otras realidades, con otras políticas, diseños de otras políticas, podemos observar series completas. Ahí también ver los vacíos y también las oportunidades que se han generado o se han disminuido.
Nos permite, para las políticas públicas, reunir distintas dimensiones del desarrollo. No solamente pone el foco en disminuir el hambre o erradicar el hambre, sino que también incorpora otras medidas que tienen que ver con las brechas, las brechas salariales, que tienen que ver también con la salud, con la educación, y nos permite observar en su conjunto, ni que hablar con la violencia, con la participación política. Nos permiten observar en su conjunto toda una trama en la que las mujeres van transitando por cada una de esas dimensiones.

M.A. – ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan ahora para seguir transversalizando la perspectiva de género?
J.S. – Los principales desafíos tienen que ver, primero del orden presupuestal, sin lugar a dudas, no solamente para la elaboración del informe sino que hay algunos de esos datos, algunos de esos indicadores que requieren la realización de encuestas que son muy costosas, como por ejemplo las encuestas de uso del tiempo, las encuestas de violencia basada en género. Esas encuestas el problema que tienen es que tienen periodicidades que son decenales. Entonces está bien poder mirar perspectivas de largo plazo, pero también se requiere tener indicadores sintéticos en los periodos en los cuales no hay esos relevamientos, porque eso nos permite poder ver la foto más completa.
Imagínate que en un periodo de 15 años tenés una o dos de estas mediciones, que un poco es la agenda de 2030, en realidad son una serie de metas a cumplir en 15 años porque se inicia esto de los ODS en 2015 y va hasta 2030 la meta.
Por otro lado hay algunas decisiones y desafíos técnicos que hay que tomar, hay que discutir y tomar algunas decisiones que tienen que ver con poder ver más allá de lo que… de la economía convencional y sobre todo más allá del PIB. O sea, todo lo que deja por fuera el PIB. Esa es la siguiente discusión que se viene, como poder pensar en una perspectiva que no solamente se enfoque en metas tan objetivables, sino que pueda empezar a incorporar otras dimensiones, particularmente lo que tiene que ver con los desafíos ambientales.
Es muy difícil pensar en términos de políticas de género sin pensar en lo que supone el desafío ambiental, en qué planeta vamos a vivir, en qué condiciones, porque además sabemos que los impactos son diferenciales, sobre todo del cambio climático, tienen también un sesgo de género y de clase.
Son las personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica mayor quienes se ven más afectadas frente a estos eventos.
Las personas que viven en casas precarias, que pierden su casa, que se exponen a los riesgos de una descarga eléctrica, que una inundación o una ola de calor.
Ahí también están las mujeres no solamente en la realidad de vivir en esos barrios, sino también en organizar todos los desafíos, cada vez que hay un evento climatológico extremo después hay que ir a recuperar.
Recuperar una comunidad que queda lesionada frente a eso. Hay una sobrecarga en relación a los cuidados. No tenemos una medición específica porque la encuesta de uso del tiempo no incorporaba preguntas sobre eso porque,también estos dispositivos, que se han ido desarrollando para medir las desigualdades de género, son instrumentos que tienen unos 20 años y eso en las ciencias sociales y en las estadísticas es muy poco tiempo.
También estás construyendo un campo mientras estás construyendo una metodología para medirlo, una metodología que tiene que ser suficientemente robusta como para legitimar efectivamente esos datos que conseguís y mientras tanto el mundo sigue girando, empiezan a aparecer otras desigualdades y a aparecer otros desafíos.
Los impactos en la vida de las mujeres son mucho más rápidos que el tiempo que nos puede llevar a nosotros pensar el instrumento, ejecutarlo en campo, analizarlo, hacer un informe.
Después el otro desafío que es sustantivo es cómo traducir esa información tan robusta, tan sólida, legítima, etcétera, que cumple con todos los estándares metodológicos, cómo transformar esa información, que además es oficial, porque son cifras del Estado, en narrativas que lo puedan entender la gente, que se lo puedan apropiar las propias mujeres, porque esto nos permite construir y pensar todo lo que queda por delante. Ver lo que tenemos, todo lo que hemos conseguido. El desafío está ahí, cómo poder atravesar estos informes que, repito, es un informe voluntario, Uruguay decide hacer ese informe, esto es importante decirlo porque hay países que no quieren hacer informe de ese género. Uruguay es la primera vez que se hace, cuando en realidad los datos, estaban para hacerlo.
Entonces, también hay un desafío en cómo lograr que la población se pueda apropiar de la estadística oficial, de la estadística pública, que pueda entenderla. También eso es un aporte a la ciudadanía.
Que no quede solamente en un grupo de expertos o de expertas, sino que sirva para poder entender mejor nuestras propias desigualdades, nuestras propias tensiones y los vacíos.
También es importante y con esto yo cierro que lugar en las políticas públicas tiene la construcción de los datos. Si efectivamente pensamos que es relevante construir estadísticas, ¿para qué las construimos? porque eso nos permite pensar cómo diseñar esos instrumentos para evitar caer en capacitismo, para evitar caer en reproducir otros sesgos.
El desafío de la medición de la identidad de género, de la orientación sexual, de tener informes anuales vinculados a la realidad de la población afrodescendiente. Los últimos datos que tenemos, como mayor producción de datos, son los que se construyeron a partir del Censo 2011.
Ahora estamos elaborando un atlas sociodemográfico de la población afrodescendiente que va a ser a partir de los datos del Censo 2023. Pero bueno, necesitamos en el medio también poder ofrecer información y también mostrar que estas poblaciones están, que forman parte también de nuestro país, de nuestra estructura social. Lo que deja por fuera la estadística, hay algunas autoras que dicen lo que no se cuenta no cuenta. Pensando en términos de las políticas públicas, tenemos que poder tener evidencia para mostrar esas desigualdades.
Otro desafío es la sostenibilidad de esos procesos, la sostenibilidad de los equipos, porque también es muy desgastante trabajar temas de género en el Estado. Esos nudos de la desigualdad que atraviesan otras cosas, atraviesan también la producción estadística.
Le agradecemos a Jenny su trabajo y haber accedido a compartirlo con nosotros.
Generar datos nos permite diseñar mejores políticas públicas, democratizar esa información habilita que dejen de ser propiedad de los expertos para convertirse en herramienta política.
Informe La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe. Indicadores de género del Uruguay a 2024
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2026-07/es_indicadoresgenero_uruguay_15jul26.pdf
(*) Claudia Suárez Delgado es Licenciada en Psicología, Especialista en Gestión Cultural y Magíster en Economía social, comunitaria y solidaria. Ceramista. Militante en organizaciones de la economía solidaria, feminista, integrante de la Red de intelectuales y artistas en defensa de humanidad (REDH) y de la Fdim, parte del colectivo Libertadoras antifascistas.uy
Foto de portada: Claudia Suárez Delgado, Marcha 8M, 2021
Foto de Jenny Segovia brindada por la entrevistada