La violencia atraviesa la pantalla

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Por Claudia Suarez Delgado (*)

 

El mes de noviembre es una buena ocasión para repasar algunas de las formas de violencia en las que el patriarcado se manifiesta.

Cada manifestación de violencia debemos entenderla en el marco de un sistema que opera en función de mantener los órdenes de poder y por tanto de explotación y sumisión, defendiendo estructuras de privilegios y control social.

Estas manifestaciones se van modificando, especializando y tomando diferentes formas según el lugar y el momento.

Hoy enfrentamos el nuevo desafío de lidiar con ellas en el ámbito virtual, con las herramientas de las nuevas tecnologías.

Ya nuestra Ley de violencia hacia las mujeres, basada en género Ley N° 19580 define al violencia mediática en su literal M) como:

“Toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

Para conocer más sobre este tema nos acercamos a Analia Lavin y Karina Núñez, ellas lideraron una investigación sobre “Los derechos digitales de las trabajadoras sexuales uruguayas”, se trató de una investigación cualitativa que toma la IAP (investigación acción participativa) de Fals Borda y la epistemología situada de Haraway como modelos metodológico y con la particularidad de haber sido implementada por trabajadoras sexuales en colaboración con académicas feministas.

Para este trabajo se realizaron 42 entrevistas en profundidad, una encuesta online con 55 respuestas y 7 entrevistas a expertas. La muestra fue diversa en género (mujeres cis, trans, varones, personas no binarias), edad, raza, nivel educativo y territorio (Montevideo e interior del país).

Nos cuenta Analia:

– Para las entrevistas en profundidad, priorizamos una muestra diversa que diera cuenta de múltiples realidades. En un contexto global y regional de persecución a las personas trans, buscamos explícitamente una alta representación de identidades de género disidentes. También nos propusimos incluir la mayor diversidad geográfica posible. Uruguay es un país centralizado y la perspectiva dominante es la de su capital, Montevideo. La decisión de enfocarnos en el interior implicó desafíos particulares, ya que por cuestiones generacionales, de clase y dificultades de acceso a la tecnología, el uso de internet para su trabajo muchas veces se limitaba a WhatsApp. Para poder incluir la perspectiva de quienes trabajan cotidianamente con internet, cambiamos de estrategia y decidimos incorporar a más personas de la capital, tanto entrevistadas como entrevistadoras. En cuanto a la encuesta online, la información allí obtenida se alineó con los datos cualitativos de la entrevista en profundidad y nos ayudó a tener una visión más completa del panorama del trabajo sexual por internet en Uruguay.

A lo largo de la investigación identificamos claramente dos tipos de uso de internet para el trabajo sexual: un primer grupo con un uso limitado a WhatsApp, Telegram, y a redes sociales como Facebook e Instagram, y otro que depende de la publicaciones en páginas clasificadas para poder trabajar. Las de este último grupo son más jóvenes y tienen un nivel de educación y alfabetización mucho mayor.

Nos cuentan algunos ejemplos: 

Jazmín (no es su nombre real) es un ejemplo del primer grupo. Es una mujer trans que vive en una ciudad del interior cercana a Montevideo. Jazmín es afrodescendiente, tiene 45 años e hizo cursos para trabajar en hospitales como auxiliar de servicio, a lo que le gustaría dedicarse. Pertenece a un grupo de activismo por la diversidad y es bailarina de música tradicional desde la adolescencia. Siente que con su presencia en espacios conservadores y hostiles a las mujeres trans ha abierto un espacio para que más chicas como ella puedan hacerlo. Ejerce el trabajo sexual desde los 13 años, por mucho tiempo en la calle y luego concretando encuentros por el celular y alquilando un espacio para trabajar, lo que la hace sentir más segura. Usa sobre todo WhatsApp y Facebook, y ha experimentado violencia digital cuando algunas personas publicaron capturas de conversaciones privadas y fotos íntimas en muros de Facebook, que llegaron a personas conocidas. Con el tiempo aprendió a cuidarse más, y ahora sólo manda fotos a los números de teléfono de personas con las que ha entablado una relación, aunque sea únicamente virtual. Desconfía de la policía, ya que en los tiempos en que trabajaba en la calle vivió con sus compañeras muchas situaciones de violencia, incluso perpetrada por las mismas autoridades. Fue testigo de burlas de policías e incluso médicos frente a denuncias de violación. Esto, agrega, ha cambiado bastante en los últimos tiempos.

Candelaria (no es su nombre real) representa la segunda tipología que identificamos. Tiene 28 años, es estudiante universitaria, y además del celular trabaja con una computadora. Tiene un hijo a cargo y se dedica al trabajo sexual desde que tiene 18 años. Publica sus anuncios en páginas clasificadas y siempre se cuida de guardar los chats por si tiene que tomar medidas en algún caso de violencia. Hace unos años, una persona que la conocía creó un perfil falso en Facebook y le mandó a sus padres varias fotos íntimas que tenía publicadas en una página. Cuando es necesario, contacta a los servicios de soporte de las empresas para asegurarse de que sus fotos no aparezcan publicadas, y está familiarizada con aspectos técnicos como el IP para poder identificar a posibles agresores. Tiene una actitud firme que ayuda a que la respeten, pero si es necesario usar violencia física para defenderse o defender a alguna de sus compañeras de trabajo, lo hace. A diferencia de Jazmín, alienta a sus compañeras a hacer denuncias en la policía. Considera que es la sociedad la que lleva a las personas al trabajo sexual, particularmente a las madres solteras. En este momento está tratando de trabajar menos, porque está estudiando en la universidad y porque “el estigma que hay sobre la trabajadora existe y va a existir siempre”.

Analia nos plantea que estos testimonios muestran que el trabajo sexual se vive de formas muy diversas. Los contextos personales, estructurales y tecnológicos influyen, pero también, más allá de los desafíos, muchas trabajadoras sexuales desarrollan estrategias de cuidado, empoderamiento y resistencia frente al estigma y la violencia.

Uruguay es el único país latinoamericano donde el trabajo sexual está regulado como trabajo (Ley 17.515, 2002), y cuenta además con una ley de protección de datos personales (2008) y una ley de violencia de género que penaliza la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (2017). Sin embargo, estas leyes no son suficientes para evitar el estigma, la discriminación institucional y las nuevas formas de violencia digital.

Algunas de las formas de violencia que las investigadoras detectan son:

Violencia basada en imágenes: la mayoría de las trabajadoras sexuales pierde control sobre sus fotos que comienzan a circular sin su consentimiento. Esto genera que puedan llegar a manos de familiares, vecinos. De esta forma es posible que aparezca el “Sextorting”, chantaje con las imágenes.

Ciberacoso: envío de insultos, material explícito sin consentimiento, acoso, manifestaciones transfóbicas y racistas, foros de clientes con comentarios denigrantes.

Impunidad de las plataformas: sitios específicos exponen información de las trabajadoras como los números de teléfono, sin exigir registro a los clientes. No asumiendo de esta forma medidas de seguridad

“Gig economy”: flexibilización, pérdida de derechos laborales, aumento de gastos (publicidad, internet), presión a un mayor gasto constante para competir.

“algorithmic whorephobia”: muchas veces las redes sociales bloquean sus cuentas, censuran su contenido mucho más rápido de lo que actúan sobre las situaciones de acoso que ellas denuncias. Por otro lado operan efectos de invisibilización del algoritmo que tiende a dar mayor visibilidad a aquellos más cercano a la hegemonía “modelo Barbie” plantean las entrevistadas, dando más visibilidad a las personas jóvenes, rubias, delgadas. Cuenta el equipo en la investigación que ellas mismas se toparon con este problemas, pusieron como nombre al correo electrónico “derechos de imagen y trabajo sexual” y les fue bloqueado.

Por otro lado, las nuevas tecnologías brindan mayor seguridad que el trabajo en la calle, se logra eliminar intermediarios y con esto aumentar la autonomía y disminuir la explotación. La trabajadora puede negociar las condiciones, seleccionar clientes. Y principalmente permite generar redes de cuidado entre compañeras como grupos de whatsapp, donde pueden avisarse sobre clientes violentos, compartir ubicación, etc.

Nos cuentan las investigadoras que a partir de los testimonios, entrevistas a expertos y la bibliografía tomada en la investigación logran generar recomendaciones para que las mujeres puedan ejercer sus derechos digitales plenamente.

Dividen estas recomendaciones: en primer lugar para el Estado:

  • Pasar la regulación del trabajo sexual de la órbita de los ministerios de Salud y del Interior al de Trabajo y Seguridad Social, para que puedan implementarse sistemas de contralor más efectivos y menos estigmatizantes.
  • Capacitar a todos los funcionarios que interactúan con las trabajadoras sexuales, con énfasis en los policiales y judiciales, para que puedan disfrutar plenamente de sus derechos sin ningún tipo de violencia y discriminación.
  • Integrar la educación en derechos digitales y seguridad digital como parte de la atención integral a las trabajadoras sexuales, que actualmente se limita a un control sanitario para evitar las enfermedades de transmisión sexual.
  • Que la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales desarrolle una sección dedicada específicamente a los derechos de las trabajadoras sexuales, en consulta con ellas, y que cuente con los recursos y voluntad política necesaria.
  • Elaborar buenas prácticas y estándares de calidad para el diseño de las páginas clasificadas y aplicaciones, en colaboración con organismos estatales y en consulta con organizaciones de trabajadoras sexuales.

 En segundo lugar para las empresas

  • Consultar regularmente a las trabajadoras sexuales sobre sus experiencias con las páginas y plataformas e incluir sus sugerencias para que se protejan sus derechos.
  • Hacerse responsables de la privacidad de sus clientas, las trabajadoras sexuales, e implementar medidas que vienen demandando: inhabilitar el acceso directo, sin registro previo, a sus números de teléfono; incorporar medidas técnicas de seguridad como la gestión de capturas y descargas.

 En tercer lugar para las organizaciones de trabajadoras sexuales

  • Contar con asesoría jurídica permanente para poder denunciar las omisiones del estado en la protección de sus derechos.
  • Llevar a cabo litigios estratégicos para ampliar la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales y generar más visibilidad sobre su problemática.
  • Organizar campañas de incidencia legislativa para que se contemple la situación específica de las trabajadoras sexuales.
  • Desarrollar, junto con abogados, textos con advertencias legales para incluir en las interacciones con los clientes para evitar la distribución no consensuada de imágenes y otro tipo de contenido íntimo.
  • Fortalecer las redes de lucha y solidaridad a través de iniciativas colectivas.

Agradecemos a Analía y Karina por compartir la investigación y la experiencia, la misma es de una gran riqueza no solamente por la información que visibiliza, permitiéndonos comprender mejor la violencia sobre las mujeres en los entornos digitales, sino además la misma sobre específicamente las trabajadoras sexuales. Esto abre la oportunidad para profundizar en el trabajo para mejorar los marcos legales e institucionales que permitan a todas las personas transitar por los espacios libres de violencia.
Por otro lado esta investigación suma la riqueza de ubicar a las propias trabajadoras sexuales como protagonistas en la creación de saber sobre su situación, corriéndolas del lugar de sujeto a ser investigado, siendo este un desafío más que válido y a seguir experimentando.

Agradecemos la ilustración de Paola Gago sumisnistrada por las entrevistadas

 

(*) Claudia Suárez Delgado es Licenciada en Psicología, Especialista en Gestión Cultural y Magíster en Economía social, comunitaria y solidaria. Ceramista. Militante en organizaciones de la economía solidaria, feminista, integrante de la Red de intelectuales y artistas en defensa de humanidad (REDH) y de la Fdim, parte del colectivo Libertadoras antifascistas.uy

 

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