Entre la garantía de derechos y las garantías al consumo.
Por Claudia Suárez Delgado (*)
Uruguay se ha destacado, en varios momentos de la historia, por lo avanzado de su legislación en materia de garantizar derechos a la población. Al día de hoy tiene la oportunidad, nuevamente, de ponerse a la vanguardia de latinoamérica, modificando su Ley sobre trabajo sexual.
Uruguay aprobó la Ley 17.515 en 2002, un 4 de julio, a partir de allí se utiliza este día para conmemorar el Día Nacional de las Trabajadoras sexuales. En aquel momento Uruguay fue el primer país de la región en reconocer el trabajo sexual como actividad lícita. Sacó de la clandestinidad algo que ya existía y creó un marco mínimo de referencia, pero ya pasaron 20 años y como sociedad nos encontramos frente a la oportunidad de continuar reconociendo derechos.
Charlamos con Karina Nuñez de el colectivo Visión Nocturna, al respecto de los diferentes proyectos de ley que se han presentado y de las modificaciones que se proponen a partir de el colectivo. El colectivo Visión Nocturna lleva casi veinte años trabajando en el territorio, sobre todo en el interior profundo. Alertan sobre la proliferación de discursos transodiantes y posturas abolicionistas que dificultan el intercambio que busca llegar a una ley que proteja a las trabajadoras sexuales.
«La ley del 2002 es hija de su época», dice Karina Núñez: «Reconoció por primera vez el trabajo sexual como una actividad lícita y permitió que muchas compañeras accedieran a determinados derechos que antes ni se lo hubieran soñado. Pero también quedaron bastantes pendientes.» El estigma social no se movió. La discriminación en las instituciones continuó. Las dificultades para el empleo alternativo siguieron siendo una barrera real, sobre todo en los pueblos chicos donde todos se conocen. «Entre los 35 y los 41 años, las compañeras que arrancaron a los 18 ya no quieren estar más en trabajo sexual. Pero conseguir otro empleo implica sacrificar económicamente muchas cosas.» El acceso a la salud integral, a la vivienda, a la justicia, a los derechos básicos, sigue siendo un desafío, especialmente para las compañeras del interior.
«No alcanza con reconocer que existimos. Necesitamos que el Estado nos garantice, como le garantiza a otros colectivos, la ciudadanía plena», dice Karina. La propuesta es pasar de una lógica de control sobre los cuerpos a una lógica de derecho, de participación, de autonomía. Hoy hay dos proyectos de ley en el Parlamento. Uno presentado por la diputada Roselló y el diputado Jisdonian, otro por toda la bancada del Frente Amplio como parte de un compromiso de gobierno escrito en su programa. Que distintas fuerzas políticas quisieran reformar la ley es una señal: «Nos da la pauta de que se dan cuenta que esto hay que actualizar.»
El proyecto Roselló-Jisdonian mantiene lógicas de control que los colectivos consideran regresivas: autoriza a las Intendencias a definir zonas geográficas y horarios para el ejercicio del trabajo sexual; establece que la reglamentación debe prever criterios de vestimenta para no afectar la «sensibilidad vecinal”; crea un carné obligatorio con número de cédula visible; incluye al Ministerio del Interior en la Comisión Nacional que supervisa el cumplimiento de la ley; y elimina deliberadamente la cláusula que prohíbe la detención por el solo hecho de ejercer trabajo sexual. La exposición de motivos explica que se suprime «para evitar referencias que evoquen similitudes con actividades delictivas.»
El proyecto del Frente Amplio, mandatado por su programa que plantea la necesidad de revisión de esta ley y a su vez incluye a las trabajadoras sexuales dentro de las poblaciones más vulnerables junto a personas trans y privadas de libertad, plantea la necesidad de trabajar para lograr la accesibilidad al derecho a la salud eliminado las barreras económicas, territoriales, culturales. En esta línea el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio va en una dirección garantista. Dentro de su planteo no existe la zonificación, ni los códigos de vestimenta para el trabajo; el Carné es voluntario y gratuito; la participación policial aparece solamente bajo orden judicial; y el Ministerio que toma relevancia es el de Trabajo y Seguridad Social y no el Ministerio del Interior en la Comisión. Asegura a su vez representación real de las organizaciones del sector y amplía la protección explicitando la proyección para el trabajo en calle, domicilio y plataformas.
Además de los dos proyectos de ley, desde Visión nocturna se plantea una nueva versión que en muchos puntos tiene coincidencias con el de Frente Amplio. Pero va más allá, planteando que el Estado tuvo responsabilidad histórica en el daño sufrido. El proyecto presentado por el colectivo integra un fondo específico de reparación.
«Muchas trabajadoras sexuales durante la dictadura fueron violentadas, encarceladas injustamente y hasta asesinadas bajo la tutela del Estado», dice Karina. «Y bueno, eso alguien tendría que hacerse cargo.» El proyecto de Visión Nocturna incluye un artículo específico que reconoce la responsabilidad del Estado. Establece una Política Nacional de Reparación Integral con medidas mínimas concretas: vivienda, educación, salud mental, patrocinio jurídico, reconversión laboral voluntaria, regularización previsional. Crea un Fondo Nacional de Reparación financiado con las multas a los explotadores. Y establece formación institucional obligatoria en Interior, MSP, MTSS, Poder Judicial y gobiernos departamentales. La reparación no es solo dinero. Es que el Estado reconozca, en un texto con fuerza de ley, que hizo daño y que tiene una deuda.
El debate sobre el carné obligatorio no es abstracto. Un documento que identifica a alguien como trabajadora sexual, con número de cédula y vigencia de seis meses, puede convertirse en herramienta de estigmatización, de chantaje, de persecución, nos cuenta que se han detectado prácticas de retención del carné o amenazas a las trabajadoras sexuales a través del carné. La zonificación tiene consecuencias concretas en el interior. En un pueblo de tres mil personas, si la Intendencia define la zona habilitada, todos saben quién trabaja ahí. El anonimato relativo que puede existir en una ciudad grande desaparece. Y quien quiere dejar la actividad no puede: su carné dice lo que dice, su zona habla por ella. Y los impactos estigmatizantes de esto no solo son sobre la persona sino también sobre su familia.
El proyecto de Visión Nocturna prohíbe expresamente la participación policial en las inspecciones salvo orden judicial fundada. Y nombra el riesgo de la «razzia encubierta». El reclamo no se sustenta simplemente en el destrato y abuso que históricamente las trabajadoras sexuales han recibido de la policía sino en el entendido que frente a una relación laboral al ministerio que compete la inspección es al Ministerio de trabajo y no al Ministerio del Interior.
«En estos momentos en que los fascismos, los transodios y las grandes salvadoras abolicionistas del trabajo sexual están influyendo políticamente aún dentro del Frente Amplio», dice Karina. «La vemos difícil. Aunque en el papel nos tratan muy bien, en la realidad no se refleja.» La presión abolicionista tiene cada vez más presencia en el debate político regional y permea incluso a fuerzas que en principio deberían ser las más cercanas a las demandas del sector.
Uruguay tiene una oportunidad, fue el primer país de la región en regular el trabajo sexual en 2002 y puede volver a ser referencia. «Si en el legislativo se logra que esto se incorpore con efectos de derechos humanos, con participación efectiva de nosotras, con la protección laboral real y con la reparación histórica: ahí sí podría decirse que será la normativa más avanzada de la región.»
Pero Karina advierte: «El verdadero liderazgo no está solamente en tener una nueva ley. Porque si no hay carne para sostener esa ley, son letras muertas o muertas que llevan letras.»
«Lo que dejemos nosotras cuando muramos lo seguirán algunas otras que ya venimos formando. Pero nos gustaría poderlo discutir en un espacio en el que realmente respeten lo que tenemos para decir, que no lo tergiversen, ni que sea necesario que lo que pasó por nuestros cuerpos se tenga que adecuar a lo que dice el panfleto de la academia porque si no, no nos aceptan.»
Ellas piden tener voz, que no se hable por ellas, en este sentido hacen hincapié en la integración y relevancia de la Comisión Honoraria de Apoyo al Trabajo Sexual.
«El cambio más significativo que proponemos las trabajadoras sexuales es que dejemos de ser objeto de política y pasemos a ser protagonistas de la construcción de las políticas públicas. Ese sería el cambio más importante. Y no tan caro.» Como dicen en una de sus consignas “Nada sobre nosotras sin nosotras”
Agradecemos a Karina Nuñez por la nota y las fotografías.
(*) Claudia Suárez Delgado es licenciada en Psicología, ceramista, especialista en Gestión Cultural, militante en organizaciones de la economía solidaria, feminista, integrante de la Red de intelectuales y artistas en defensa de humanidad (REDH) y de la Fdim, parte del colectivo Libertadoras antifascistas.uy
