Por Héctor Tajam(*)
La Dirección General Impositiva (DGI) define el Gasto Tributario (GT) como una pérdida de recaudación a consecuencia de tratamientos diferenciales con respecto al previsto en la norma. La implementación de estas medidas busca beneficiar principalmente el consumo de las personas y la inversión de las empresas, de tal forma que los impuestos que explican el 86% del GT son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y el Impuesto al Patrimonio (IP) de las personas jurídicas (empresas). Estos dos últimos, a los cuales también podríamos calificar de impuestos al capital, significaron en 2024 el 43,5% del total del GT, unos 2.318 millones de dólares (3% del PIB anual 2024).
Es una cifra muy significativa si tenemos en cuenta que UNICEF ha estimado que para erradicar la pobreza infantil en Uruguay se necesitarían 355 millones de dólares, el 15% de esa renuncia fiscal. De acuerdo al reciente Informe de la DGI, que forma parte de la Rendición de Cuentas 2024, en los últimos cuatro años (2021-2024), el total de impuestos exonerado al capital (inversiones y patrimonio) asciende a la suma de 7.632 millones de dólares, aproximadamente un 18% de la inversión privada en dicho período.
Hay un amplio consenso acerca de la necesaria revisión del sistema de exoneraciones impositivas, que en la comparativa internacional se ubica como uno de los más onerosos. El GT promedio de América Latina según CEPAL es de 4% del PIB anual, mientras en Uruguay supera el 6% (6,6%). Por otra parte, el pretendido resultado de tan alto sacrificio de recursos ha sido escaso, la inversión en capital fijo de nuestro país, 17,4% del PIB, solo supera en el continente a la realizada en Brasil, Costa Rica y Puerto Rico. El guarismo promedio de la inversión en América Latina y el Caribe ascendió a 20% del PIB (datos del Banco Mundial).
¿Por dónde empezar? Hay distorsiones realmente preocupantes que es necesario atender. Por ejemplo, el caso del Impuesto al Patrimonio. Este tributo a la riqueza patrimonial de las personas jurídicas (empresas) recaudó en el año 2024 la suma de 750 millones de dólares, mientras que el impuesto exonerado (no pagado) ascendió a 1.100 millones de dólares. Único caso en que lo exonerado supera a lo efectivamente recaudado. Obvio que la baja recaudación no solo responde a los montos exonerados, también a altos niveles de evasión. Pero hay que trabajar a ambos niveles para que la riqueza sea también una fuente de aporte progresivo (como el IRPF) y un instrumento para reducir la desigualdad.
Hay otro caso de singular excepción. Refiere a la tasa del IRPF y del IRNR (Impuesto a la Renta de No Residentes) que grava a la distribución de utilidades. La tasa general que grava a las rentas de Categoría I (Rentas de capital) es el 12%. La DGI considera a todas las rentas gravadas a una tasa inferior como generadoras de gasto tributario. En este caso, la distribución de utilidades está gravada solamente al 7%. Si consideramos ambos casos, el monto exonerado es de 100 millones de dólares promedio en 2022-2024 (ver cuadro adjunto).
En síntesis, en la búsqueda de recursos, la imaginación al poder. Que contiene además una importante cuota de audacia. Para que el Frente Amplio se supere a sí mismo y reafirme el concepto de cambio que la derecha le disputa desde 2019.
(*) Héctor Tajam es Economista, Director del Programa EconomiaPolitica.uy y Columnista de Mate Amargo. Fue Diputado (2005/10) y Senador (2010/15) por el MPP – Frente Amplio. Miembro del Capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RedH)
