Sequía, gestión y modelo de país en debate
Por Joaquín Andrade Irisity(*)
Hace ya 2 años, Uruguay quedó marcado por una de las crisis hídricas más graves de la historia reciente. La escasez de agua dulce en el área metropolitana, el aumento de la salinidad en el agua suministrada por OSE y la declaratoria de emergencia hídrica pusieron en evidencia la fragilidad del modelo de gestión del agua en nuestro país. Actualmente, lejos de haberse solucionado, muchas de esas tensiones resurgen o se mantienen, o al menos permanecen latentes.
La sequía prolongada dejó al descubierto la fuerte dependencia del sistema metropolitano del embalse de Paso Severino, que llegó a niveles críticos. El gobierno de aquel entonces recurrió a la extracción de agua del Río de la Plata, lo que derivó en un suministro con altos niveles de sodio y cloruro. Si bien las autoridades aseguraron que el agua era bebible, numerosos informes y reacciones ciudadanas encendieron las alarmas.
El presidente de ese momento, Raúl Montero, defendió la gestión de la empresa estatal y afirmó que no había un colapso, sino una situación de emergencia controlada. Por su parte, el entonces ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y el subsecretario Gerardo Amarilla minimizaron los riesgos sanitarios. Sin embargo, desde FFOSE (Federación de Funcionarios de OSE) se denunció la falta de inversión sostenida, el vaciamiento del ente y el avance de una privatización encubierta del recurso hídrico.
La crisis puso de manifiesto una profunda desigualdad en el acceso al agua potable. Mientras algunas zonas urbanas recibían bidones distribuidos por el Estado, otros sectores, especialmente los asentamientos, dependían de soluciones precarias. La brecha entre Montevideo y el interior se hizo más evidente, y surgieron conflictos locales por el uso del agua, en particular en zonas donde operan empresas privadas de carácter extractivista.
Aunque las lluvias de fines de 2023 y 2024 lograron una recuperación parcial, los problemas estructurales persisten. Desde FFOSE se continuó denunciando que las políticas de entonces privilegiaban la tercerización de servicios y la entrega de recursos al capital privado, lo que debilitaba la capacidad de acción de OSE. Además, advirtieron sobre la falta de un plan integral que garantizara el acceso universal al agua como derecho humano.
Por otro lado, desde el Ministerio de Ambiente se insistía en la necesidad de infraestructura alternativa, como el proyecto Neptuno: un emprendimiento cuestionado por su impacto ambiental, su gestión privada y por priorizar el suministro industrial por sobre el consumo humano.
Organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas continúan movilizadas en defensa del agua como bien común y derecho humano. Reivindican el mandato del plebiscito de 2004 que incorporó en la Constitución el principio de gestión pública y participativa del agua.
La experiencia de 2023 demostró que, frente a las crisis climáticas, no alcanzan las soluciones técnicas: se necesita una política pública con justicia ambiental, equidad territorial y participación real de la ciudadanía.
Actualmente, la problemática del agua sigue siendo un tema urgente y complejo en Uruguay. Desde FFOSE se mantiene una postura crítica frente a la nueva gestión de gobierno.
En junio, la gestión del agua continúa siendo uno de los ejes de mayor tensión en la agenda pública del país.
A más de dos años de la crisis hídrica que puso en jaque al sistema de abastecimiento metropolitano, el debate sobre el futuro del agua sigue vigente y atraviesa al gobierno de Yamandú Orsi, a los sindicatos, a las empresas y a los movimientos sociales.
Uno de los focos de conflicto es el proyecto Neptuno, una planta potabilizadora proyectada en San José, gestionada por un consorcio privado integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. Fue defendida por el gobierno anterior como una solución urgente para ampliar las fuentes de agua potable.
Sin embargo, la Federación de Funcionarios de OSE se opuso desde el inicio, denunciando que el proyecto privatiza la gestión del agua, es inconstitucional y amenaza la sustentabilidad del recurso.
Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente -ahora liderado por Edgardo Ortuño- reactivó el proyecto de la represa sobre el arroyo Casupá, una obra de gestión pública que busca almacenar hasta 118 millones de metros cúbicos de agua.
Concebida hace más de una década, había sido frenada por sus impactos ambientales, pero el nuevo gobierno apuesta a retomarla como alternativa estructural. Ortuño anunció el comienzo de las obras para el segundo semestre del próximo año, tras completar los trámites ambientales y financieros.
La división entre proyectos refleja tensiones políticas. Mientras FFOSE apoya una solución pública como Casupá, ve con preocupación que sectores del nuevo gobierno no hayan descartado desde el inicio, de forma categórica, el proyecto Neptuno.
Las contradicciones del Poder Ejecutivo alimentan las movilizaciones de organizaciones ambientalistas como Tucu-Tucu y la CNDAV, que mantienen la exigencia de derogar el contrato y discutir un nuevo modelo de gestión del agua.
En este escenario, también surgen voces desde el Parlamento que advierten sobre los peligros de ceder la gestión del agua a manos privadas.
Dirigentes frenteamplistas, como la diputada Bettiana Diaz, han señalado en diferentes oportunidades que el problema no se reduce a lo técnico o financiero sino político apostar a modelos de gestión privada en temas tan sensibles como lo es nada más ni nada menos que el acceso al agua implica debilitar el mandato constitucional del 2004 y socavar el carácter público de un recurso esencial.
La disputa, por lo tanto, no es únicamente sobre infraestructura, sino sobre el modelo de país y el tipo de democracia que se quiere construir
La gestión de Yamandú Orsi se enfrenta a un dilema que aún sigue vigente: ¿cómo garantizar el acceso universal al agua en un contexto de cambio climático, escasez y presión empresarial?
El desenlace dependerá de decisiones políticas concretas y del peso que tenga la opinión de los actores sociales en el rumbo actual de gobierno. En definitiva, el debate sobre el agua, lejos de cerrarse, sigue vigente. En las calles sigue sonando: «El agua no se vende, se defiende»
(*) Joaquín Andrade Irisity es estudiante avanzado del Profesorado de Historia en el IPA y de Comunicación Social en UTU, escritor y periodista en formación.
