Entrevista a Raúl Montezuma García
Por Gabriela Cultelli (*)
Cuando buscamos noticias de Panamá hoy, en primer lugar, Google nos muestra referencias climáticas, noticias deportivas, cotización del dólar y otras. Pero hay un Panamá que late y del que poco se informa. Por ejemplo, más o menos en el 7.º lugar, aparecía con fecha 8/6/2025, una noticia de Prensa Latina (PL) que nos contaba que se estaba convocando para un paro general para exigir la derogación de la Ley 462 de las Cajas de Seguro Social. Dice Prensa Latina: “La medida de presión también demanda la liberación de dirigentes de las organizaciones apresados por participar en las manifestaciones y en rechazo a la represión social”… y más adelante continuaba PL: “También rechazan la firma de un memorando de entendimiento entre el gobierno panameño y de Estados Unidos para permitir el establecimiento de bases militares y la intención del Ejecutivo de reabrir la mina de cobre Donoso en Colón, pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2023 que ordenó su cierre”.
Mate Amargo busco entonces la voz de esos pueblos hermanos y se entrevistó con Raúl Montezuma García, representante de los pueblos originarios.
Raúl Montezuma García (R.M.G) Soy Ngäbe del Grupo Indígena Ngäbe. Resido en la Comarca Ngäbe-Buglé. Es la comarca más grande en cuanto a territorialidad y número de habitantes, estamos cerca del cuarto de millón de habitantes. Somos dos grupos. Soy miembro del Congreso General de mi Comarca, que es la máxima instancia de decisión política tradicional no adscrita al Gobierno. He sido miembro por los últimos 15 años de El Congreso General, también colaboro como técnico en la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (CONAPIP), que es la instancia que nos reúne a nivel nacional a los 7 pueblos y 12 estructuras nacionales, donde están los otros hermanos.
Mate Amargo (M.A.): Desde la asunción del nuevo gobierno en Panamá e incluso antes, las luchas en defensa de la soberanía, de los derechos y esas luchas que sobrepasan con creces el territorio panameño entero en defensa del medio ambiente, han ido en crecimiento. Pero en estos días nos encontramos con grandes manifestaciones populares y una salvaje represión. Podría hablarnos de esta coyuntura particular sobre.
R.M.G.: En efecto. En la administración anterior (2019/24) nos alzamos por temas como la canasta básica, el cierre del Proyecto “Minera Panamá”, de la empresa canadiense “First Quantum Minerals”, que es una explotación minera en el corredor biológico Mesoamericano en la Cordillera Central, explotación de casi 20 años en condiciones legales y términos que laceraban los intereses del pueblo. Se intentó renegociar, no obstante, el pueblo fue enfático y salió en defensa de que se cerrara la mina. Fue una manifestación a finales de 2023, que duró más de un mes y se demandó en la Corte Suprema que falló en contra del contrato leonino que fue cancelado. Hoy vuelve a ser una demanda popular en tanto que el gobierno de José Raúl Mulino pretende reabrir la minera.
Hubo otros temas que movilizaron al pueblo como el excesivo costo de la canasta básica, de los servicios básicos y el encarecimiento del combustible de uso corriente en la población.
El gobierno del Presidente Mulino es un gobierno de extrema derecha radical y amenaza los recursos no renovables que tenemos, comprometiéndose con industrias extractivistas.
Otro gran tema hoy es la Reforma de la Caja de Seguro Social, la institución que presta los servicios de cobertura social a la población en general, a la población trabajadora. Fue creada a mediados del siglo 20 similar a un modelo alemán de asistencia y cobertura social. Sin embargo, a través del tiempo los gobiernos de turno usaron la Caja como una caja menuda (chica), en detrimento de sus fondos y, en consecuencia, de los programas de pensiones, jubilación y otros beneficios. Se usa como un botín de manejo político. Nunca ha tenido la independencia necesaria para cumplir el rol por el cual fue creada. En el contexto actual, el presidente José Raúl Molino impulsa un proyecto de reforma dirigido a robustecer la institución técnicamente, pero socialmente, en detrimento de la mayoría. Se aumenta la edad de jubilación. Nosotros somos un país donde la economía informal es más del 50%. Además, la ley establece que todos deben cotizar, por lo que va en detrimento de los pocos ingresos que algunos sectores populares tienen para sostenerse.
El Estado mismo debe mucho dinero a la Caja, pero todo el peso funcional recae sobre las clases populares. O sea, el pueblo debe sacrificarse para que la caja siga funcionando.
M.A.: El presidente panameño Mulino, en su cuenta X el 5 de marzo del 2025, expresó que Trump “miente” en relación a la supuesta recuperación del Canal de Panamá y más adelante escribe y en relación a Estados Unidos y Panamá. que “La cooperación entre nuestros gobiernos pasa por entendimientos claros en torno a temas de mutuo interés. ¿Cuáles serían los “temas de mutuo interés” para Molino? ¿Tendrían que ver con posibles nuevas bases militares?
R.M-G: El posicionamiento de Trump en Latinoamérica parte de la visión colonialista. Estados Unidos ha tenido mucha presencia en Panamá históricamente. Puede tratarse de una base o algunos espacios físicos territoriales que le permitan tener tropas, fuerzas, equipo militar y supongo que les serviría para amedrentar gobiernos que no han sido del todo cooperador con ellos, como Nicaragua y Venezuela.
Panamá abolió el Ejército luego de la dictadura en 1989, hay una fuerza pública de seguridad. Sin embargo, por el tema del narcotráfico y la seguridad internacional se han creado estamentos semi militares, como el Servicio Nacional de Frontera, en la frontera con Costa Rica y con Colombia, y el Servicio Aeronaval (patrulla los dos mares en ambas costas). Tenemos la sospecha de que la cooperación americana iría a robustecer a estos estamentos que hoy en día están siendo utilizados en su totalidad para avasallar a los manifestantes que estamos en la calle. Todos los estamentos de seguridad están siendo utilizados por el presidente para amedrentar, avasallar, aplastar a la población que está protestando.
La posición geográfica de Panamá ha sido de interés de las potencias que se disputan el control mundial. Ahora, con el ascenso de Trump se revive el tema de la zona del canal de Panamá, que pasó a manos panameña en el año 2000, producto del tratado de 1977 entre el presidente panameño Omar Torrijos y el presidente Jimmy Carter, en el marco de una lucha nacionalista por recuperar el espacio geográfico. El pueblo panameño es celoso de la soberanía porque en la administración de casi un siglo de los americanos, fuimos discriminados y avasallados. Cuando se va el último soldado en el 2000, significó un triunfo de un país pequeño ante una potencia y afloró el sentimiento nacionalista.
M.A.: Raúl Montezuma continúa haciendo referencia a la demanda de Trump por recuperar el Canal, basándose en un anexo del mismo tratado de 1997, pero sin asidero real ninguno, pues refiere a una contienda bélica inexistente en la zona, y agregaba la observación de que los barcos militares yanquis pasan por el canal sin pagar peaje, hecho que fue parte de los acuerdos citados que incluyen además posibles maniobras conjuntas y “cooperación” en esos ámbitos. El discurso del presidente panameño en tal sentido es doble: avasalla a su pueblo y se muestra dócil ante los intereses de los americanos, nos dice también Montezuma, quien asegura que ya no hay confianza. Mate Amargo agrega otro tema a la conversación: La Ley Minera y la Minera Panamá.
R.M.G.: La concesión de Minera Panamá fue primero para la exploración y la explotación desde los años 90, otorgada por los diferentes gobiernos que han administrado el Estado panameño en detrimento de los intereses nacionales. Llevó a diferentes demandas por parte de la población. A través de la Corte Suprema en el gobierno anterior del presidente Laurentino Cortizo, se trató de enmendar lo hecho priorizando la vida, y más beneficioso para el país.
Panamá es un país muy pequeño con recursos muy limitados y este proyecto está en todo el corredor biológico mesoamericano, en la Cordillera Central, en un área protegida. El pueblo se alzó cuando el gobierno intentó promover esta ley que se aprobó en asamblea, pero fue derogada por el clamor de la población y la demanda de inconstitucionalidad de los términos acordados. Y en diciembre noviembre del 2023, la Corte Suprema anuló el contrato y se prohibió la explotación.
Sin embargo, es ahí donde hay otra frustración en este momento porque hay intereses, según ha dicho el presidente y su ministro de economía, para la reapertura de la mina.
Las poblaciones indígenas han sido determinantes, sobre todo la comarca, por las víctimas fatales, heridos, lisiados, el atropello sufrido. Nosotros hemos demandado y nos hemos sumado al movimiento que rechaza la minería en nuestro país. Esa es la posición nuestra, de los pueblos indígenas y que no es negociable.
M.A.: La represión va en aumento. En la semana veíamos quemas de casas, heridos, sabemos de prisioneros/as. ¿Qué quisiera denunciar al respecto?
R.M.G.: Vamos para un mes y medio de alzamiento social, que tiene 3 connotaciones importantes: (1) El tema de la Caja de Seguro Social, la Ley 462. (2) El Memorándum de entendimiento con el Gobierno americano y (3) la posible reapertura de Minera Panamá.
El Gobierno no ha dado muestra de diálogo. Ha dicho que hará respetar la Constitución por los medios que tenga a mano, lo que incluye judicialización de líderes, criminalización de dirigentes, aprensión de líderes y utilizar todos los estamentos de seguridad para avasallar. La violencia ha sido extrema, sobre todo contra las poblaciones indígenas. Falleció un joven, un niño de 12 años, el fin de semana. Han quemado ranchos, caseríos, se ha tirado gas pimienta, bombas lacrimógenas, disparado balas a mansalva para reprimir a la población indígena.
La situación es muy crítica, al punto de que estamos viendo que ni en la dictadura del 70 al 89 fuimos tan avasallados, tan criminalizados. Son cosas bastante serias que estamos afrontando acá, no solo los pueblos indígenas, sino también los educadores, y otros sindicatos que están en la calle.
Nosotros somos el 16% de la población activa, históricamente segregados, discriminados, en desventaja social y las leyes que nos favorecen se lograron a base de sangre y fuego, de nuestros mártires. Por eso el pueblo indígena es celoso de nuestro territorio, porque ningún estado ni gobierno nos lo ha regalado, ha sido la lucha nuestra.
(Entrevista completa)
(*) Gabriela Cultelli, Licenciada en Economía Política (Universidad de La Habana), Mag. en Historia Económica (UdelaR), economista, escritora, columnista y co- Directora de Mate Amargo. Coordinadora del Capitulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH).
