Por Darío Rodríguez(*)
La creación de la Universidad Tecnológica (UTEC), con diversos Institutos fuera del área metropolitana y la descentralización de la UdelaR, son dos mojones de enorme impacto en el interior, ahora, y en perspectiva. No solamente porque miles de hijos de trabajadores y sectores medios, y de pequeños poblados, acceden a la misma, sino porque los tiempos reclaman jóvenes con formación universitaria. Para la gente del interior la inequidad era territorial y de clase.
Contabilizando solo la UdelaR, se puede mencionar que el Cenur Litoral Norte, uno de los cuatro existentes, comprende Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. El mismo alberga unos 15 mil estudiantes y se puede cursar, completa, la carrera de medicina.
(Nueva sede universitaria en Paysandú)
Los impactos en las distintas capitales Departamentales, particularmente Salto y Paysandú, se visualizan en el comercio, hotelería (mudada a residencial), alquileres particulares, disparo de precios y aumento de la construcción. Esto incluye el desarrollo, a cargo de la Intendencia, de una residencial estudiantil; de significativo avance.
Con cierta sensibilidad
Además de formar cuadros profesionales, la UdelaR, ha tenido en la extensión -una de sus tres funciones centrales- una línea de acercamiento, intercambio y trabajo conjunto con la comunidad y organizaciones de todo tipo.
Precediendo a la conformación de la figura del Centro Regional Litoral Norte, funciona en Paysandú y Salto, desde hace más de tres décadas, el Consultorio Jurídico: un instrumento parte de la malla curricular del estudiantado que, a su vez, oficia de apoyo a los sectores que se les hace más difícil acceder a la Justicia. El mismo atiende a sectores con escasos o nulos ingresos económicos.
(Ex terminal vieja, polo UTU-UdelaR)
Al frente de dicho consultorio está la doctora Silvia Cabrera, acompañada por un conjunto de colegas que operan en Salto y Paysandú.
Entrevistada días atrás en el programa “Soy de Esta tierra”, Cabrera, profesora adjunta grado 3, manifestó que “en el interior el consultorio funciona hace más de 30 años; desde el 89’ en Salto y luego se instaló en Paysandú”.
El consultorio atiende todo tipo de materias, excepto penales, y es parte de la formación de los estudiantes de abogacía y de la extensión. “Es parte de una materia que se imparte en el último año; implica una práctica tutelada de jóvenes próximos a recibirse. La población que se atiende es la que carece “de recursos para una defensa privada”. La mayoría de asuntos tienen que ver con cuestiones de familia, “una problemática que nos atraviesa a todos como sociedad” expresó la directora. “Evacuamos consultas y brindamos asistencia”, agregó.
Abuso infantil
Familia es un 90% de la consulta en Paysandú. Pensiones, divorcios, pensiones alimentarias, tenencias, régimen de visitas, autorizaciones para que menores puedan salir del país, son las más salientes. “Hay muchos casos de abuso infantil que debemos atender con equipos multidisciplinarios, casos de violencia doméstica”. Lamentablemente “hay mucho incumplimiento con las pensiones alimentarias”. Lo natural sería que si los padres se separan ambos contribuyan, de acuerdo a sus ingresos, con la manutención del o los hijos. “Muchos ocultan ingresos”. Algunos no tienen trabajo, pero los niños comen todos los días “y no es argumento decir no tengo trabajo para no contribuir. Como sea tenemos que sacar el dinero para nuestros hijos. No puedo entender al que dice no puedo. Hay que buscar los recursos económicos. Hay gente que ofrece su trabajo” expresa con decisión. “Los hijos son menores de edad que están desprotegidos”.
De su experiencia destaca que cuando la gente viene a la consulta, generalmente por un tema de menores, empezamos y siempre terminamos llegando a una situación de violencia doméstica. Siempre se esconde algún tipo de violencia.
En Salto el consultorio atiende con siete docentes, allí hay más estudiantes de abogacía; dos lo hacen en Bella Unión, desde el barrio Las Piedras, que tiene muchas carencias; y en Paysandú actúa una dupla integrada por las doctoras Gabriela Benaventano y Lucía Sorondo. Hay solo dos estudiantes, lo que limita la atención de la demanda.
Paysandú: 72 atenciones por año
El trabajo del consultorio no solo se limita al asesoramiento. Se complementa con asistencia en el juzgado y patrocinio. “Si lo precisan allí estamos y se promueven todas las acciones que sean necesarias a ese nivel. Lo mismo en actividades administrativas como cuestiones del BPS, por ejemplo, personas que les rechazan pensiones por incapacidad. Tenemos muchos asuntos de ese tipo. Colaboramos en una evacuación de una vista, presentación de un recurso”.
En relación a no encarar la materia penal, Cabrera explicó “que requiere otra intervención por parte de los estudiantes. Los abogados penalistas actúan como defensa y ésta es muy particular, tienen acceso a la carpeta investigativa y no podemos introducir allí estudiantes. Requiere cierta privacidad que no tiene el resto de las materias”. En las cárceles, lo penal que es muy requerido por parte de una población joven y pobre, se atiende con defensores de oficio; siempre saturados. Cabrera elogia que los defensores “funcionan muy bien, son personas muy capacitadas”.
La directora recordó que, en su momento, en Paysandú, existió un consultorio barrial que funcionaba en el Movimiento Protección a la Infancia, (MOPI) en zona norte de la ciudad, promovido por la doctora Violeta Saldivia. “Tuvo muchos años de atención” y servía para aquellos, de una zona tan poblada, que no “se acercaban al centro de la ciudad. Hoy pensar en instalar consultorios barriales no tendría sentido” dado las limitantes existentes.
Las consultas que realiza el servicio están ligadas a la cantidad de estudiantes. En Salto y Bella Unión se atienden 6 casos semanales, respectivamente, al tiempo que en Paysandú baja a dos en el mismo período. Cada consultorio atiende casos de su departamento, aunque la gente del interior debe venir indefectiblemente a la ciudad, y no siempre los sectores involucrados pueden hacerlo. Si uno vive en Guichón (90 kms de la capital) o Quebracho (a 45 kms) y no puede viajar, queda excluido de la utilización del servicio. “La atención es presencial” recalca la directora.
(Sede Salto: allí también el Consultorio atiende a los más pobres)
Acercarse a los barrios, o al interior departamental, choca con los escasos recursos económicos para salir. Se requiere, por ejemplo, pagar más horas docentes. “Es una limitación” dice Cabrera. De todas maneras, “se han realizado actividades” fuera de la ciudad, en lugares más profundos. Similares prácticas se efectúan en Artigas y Salto.
Cabrera destaca, cosa que es complicada, la accesibilidad y vinculación con otros organismos: INAU, BPS, MIDES “Siempre hay colaboración”. Con la Intendencia “últimamente no hemos necesitado apoyo, pero cuando en ocasiones pedimos ayuda la encontramos”.
¿Cómo acceder al servicio?
El/la interesado/a debe trasladarse a la ex Terminal de ómnibus de Paysandú, los días martes a partir de las 8 de la mañana, con documento de identidad y recibo de ingresos. El consultorio está en Zorrilla y Artigas.
En el momento se llena una declaración jurada de ingresos para que luego el equipo docente analice si encuadra en la población objetivo del servicio.
De todas maneras, aunque no reúna los requisitos, “nunca se niega una consulta”; eso sí, queda vedado el patrocinio.
(Se extrañan los consultorios barriales)
(*) Darío Rodriguez es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UdelaR), periodista y asesor en temas de cooperativismo, vivienda y hábitat.
