Por Nelson Larzabal
El pasado 14/06/2022, el gobierno presentó un paquete de medidas para mitigar el impacto sobre algunos precios de la canasta básica. Dentro de dicho paquete, nos topamos con los Decretos 192/2022 y 193/2022.
El Decreto 192/2022, en su Artículo 1, baja el arancel por un plazo de 6 meses (hasta el 20/12/2022) de los aceites de soja, maíz y girasol provenientes de Argentina, pasando del 16% al 8%; y, en su Artículo 2, baja el arancel (sin plazo) de las harinas de trigo provenientes de Argentina, que pasan del 12% al 6%.
Por su parte el Decreto 193/2022, en su Art. 2, elimina de la lista de excepciones al Arancel Externo Común-Mercosur, por un plazo de 6 meses, que tributará con tasa global arancelaria extra zona de 0 %, al ítem arancelario 17 1101.00.10 (harina de trigo).
Dicho Decreto también, en su Artículo 3, hace la misma modificación para los aceites de soja, maíz y girasol proveniente de otros países fuera del MERCOSUR por un plazo de 6 meses. El Art. 4 establece que pasado el plazo de los 6 meses, se elimina de la Lista Nacional de Excepciones al arancel externo común, la harina de trigo, aceites de soja, girasol y maíz.
No es trigo limpio
Los Decretos 192 y 193, recogen en el “considerando”, que el aumento de precios de la canasta básica, son consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que comenzó el 27 de febrero del presente año.
Estos cambios en la reducción arancelaria (y en particular los establecidos en el Decreto 192/022) de productos que nuestro país produce y procesa, ha despertado críticas y profunda preocupación por empresarios de al menos nueve empresas y cooperativas molineras y aceiteras: Molino San José, Molino Santa Fe, Río Uruguay SA, Cooperativa de Trabajadores Molino Santa Rosa, Cooperativa de Trabajadores Molino Florida, Molino Carmelo, Molino Dolores, Molino Cañuelas y Cousa. Empresas y cooperativas que nuclear a más de 400 trabajadores.
En lo informado por OPYPA, se observa que no se toma en cuenta los costos reales de Argentina ni las diferencias en el tipo de cambio oficial y alternativo. Además de que responden a la realidad de empresas de punta y no las del promedio de la industria nacional, lo que pone en un contexto muy desfavorable a quienes se ubican en una escala mediana, afectando su viabilidad financiera y el destino de sus trabajadores, entre otros.
Quien a los propios olivos varea, a su propio caudal apalea
Con fecha 18 de agosto, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, recibió a FOEYMA y a la Unión de Trabajadores Aceiteros, quienes plantearon un escenario de pérdida de competitividad con el riesgo de pérdida de fuentes laborales e incertidumbre hacia otros actores que tienen que ver con estas cadenas (por ejemplo: los elaboradores artesanales).
Señalan su preocupación de que los supermercados se “inunden” de harinas argentinas a precios que nuestros molinos no pueden competir. Así mismo, indican que el margen de renta de un molino es estrecha, se ubica entre el 5 % y el 7 %. Por otro lado, manifiestan su profunda preocupación sobre las harinas importadas que no tienen el mismo riguroso control de calidad que tiene nuestra harina nacional, existiendo antecedentes de presencia de la toxina (DON) del hongo Fusarium.
Se supone que estas medidas se tomaron por una situación coyuntural, generada por un conflicto bélico, que no muestra horizontes de mejora en el corto plazo. Pero lo más grave, es el caso de la harina de trigo proveniente de Argentina, ya que se desconoce hasta cuando se mantendrán los aranceles bajos.
Según los últimos indicadores del INE, no se notó que estas medidas hayan tenido un impacto positivo en el bolsillo del consumidor pero sí han tenido un impacto negativo en la competitividad y la posibilidad de un horizonte caracterizado por la pérdida de fuentes de trabajo.
En resumidas cuentas, los Decretos 192/2022 y 193/2022 del Poder Ejecutivo, no cumplieron con el objetivo anunciado y están poniendo en riesgo a la industria y al trabajo nacional.
