Colectivo Histórico “Las Chirusas”
“se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional.”(1)
Se cumplen 50 años de la declaración de estado de guerra interno y la suspensión de las garantías individuales. La aprobación oficial de esta declaración otorgaba jurisdicción a la justicia militar para actuar, sin necesidad de responder ante el Poder Judicial o ante el Parlamento, ya que con la nueva Ley de Seguridad del Estado, elaborada por el Poder Ejecutivo, se establecía el delito de atentado a la Constitución como delito militar.(2)
La suspensión de las garantías estaba pensada para treinta días, según los plazos establecidos por el artículo 31 de nuestra Constitución, pero se extendería por más de una década. A lo que habría que agregarle la práctica del control social a través de las Medidas Prontas de Seguridad, las que ya se venían desarrollando en nuestro país, en los distintos gobiernos democráticos entre 1945 y 1968.
En el siguiente artículo no iremos más allá de los acontecimientos del día anterior, los que fueron utilizados como pretexto para el total desembarco del aparato policial-militar en el gobierno hasta -en los papeles- 1985, en todo caso iremos hacia atrás para señalar el ascendente proceso represivo del Estado desde el Golpe de 1933 al Golpe de 1973.
‘Estado peligroso’
Para el Doctor en Historia, Leandro Kierszenbaum, uno de las principales herencias conceptuales y legales del terrismo es la idea de un ‘Estado peligroso’: “una situación en la que todavía no se cometió un delito pero en la que existe la posibilidad de que se transforme en un evento delictivo temido.”(3) o el derecho de toda sociedad a defenderse de los delincuentes, incluso antes de que delincan.
Siguiendo esta lógica se concibió la Ley Nº10.071 de Vagancia, Mendicidad y Estados Afines, cuyo proyecto de ley fue iniciado en 1937 en pleno terrismo, sancionado en octubre de 1941 y sigue vigente hasta hoy. El Jefe de Policía de Paysandú se amparó en ella para tratar de “vagos” y detener arbitrariamente a los obreros que llevaban adelante la huelga remolachera de fines de 1957.
Las Medidas Prontas de Seguridad reforzaron, en la práctica, esta idea de ejercer la autoridad dentro del Estado de Derecho pero por fuera de los “medios ordinarios”, asegurándose el poder de apreciación del peligro. Y las usaron en 1946 para asegurar el abastecimiento de pan ante el conflicto con el Centro Industrial de Panaderos; en 1946 y 1949 con los conflictos portuarios; en el conflicto metalúrgico de 1950; en el conflicto de salud pública de 1952 y el conflicto del transporte en el mismo año…y todavía no había triunfado la Revolución Cubana, ni siquiera había comenzado, esa que según el Senador Manini Ríos inspiró la grieta en nuestro país.
Faltaban más de 20 años para la consumación del Golpe de Estado del 73’, no existía ni la revolución cubana ni el MLN, y ya vivíamos un proceso de “policialización del Estado de Derecho”(4).
Paraestatalidad
El Senador Manini Ríos insiste en que hay una construcción de relato que favorece a determinadas corrientes políticas, en clara alusión a sectores dentro del Frente Amplio o al Frente Amplio en su totalidad. Quizás debiera aprovechar su paso por el legislativo, aprovechando que además es graduado en el estudio de la historia, e interiorizarse sobre el debate producido durante la interpelación al Ministro de Interior Nicolás Storace Arrosa el 13 de noviembre de 1961, a partir del asesinato del obrero de la carne: Walter Motta, a manos de la Guardia Metropolitana. En dicho debate, el diputado quincista(5) Flores Mora reconstruyó los principales casos de violencia que se sucedieron desde el asalto a la Universidad en octubre de 1960 y los que fueron sucediendo durante lo que iba del año 1961: las muertes de Serafín Billoto, Arbelio Ramírez, Antonio Santos por torturas, el supuesto suicidio de Juan José Camarri en una Comisaría de Montevideo, los malos tratos y torturas a los funcionarios del Casino de Atlántida, la balacera a un acto político del Partido Comunista y, finalmente, la muerte de Walter Motta.
Repito, para que no hayan malentendidos, hablamos de un diputado del Partido Colorado en el año 1961. Por supuesto que no existía el Frente Amplio y aún faltaban dos años para el robo de armas en el Club Tiro Suizo. Acontecimiento desde donde el Senador Manini Ríos articula su relato revisionista sobre los orígenes de la violencia en nuestro país.
En su libro ‘Dentro de la compañía: Diario de la CIA’, el ex agente Philip Agee describe “operaciones terroristas” contra instituciones y personas vinculadas a la izquierda, dirigidas por el jefe de la estación montevideana entre 1960 y 1962: Tom Flores. El Senador Manini Ríos que menciona el discurso del Che Guevara en el Paraninfo, en el que llama a los militantes de izquierda a cuidar nuestra democracia, y así tratar de “más radicales que el Che” a quienes años más tarde decidieron el camino de las armas, se olvida de mencionar que al finalizar esa jornada el MEDL (Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Libertad) -con apoyo y financiamiento de los norteamericanos- asesinó de un balazo al profesor Arbelio Ramírez.(6)
El accionar de un sinnúmero de organizaciones(7), que a distintas escalas -y según su relevancia o su vinculación con Estados Unidos o con grupos nacionalistas argentinos como el Movimiento Nacionalista Tacuara- participaron de estas “operaciones terroristas”, dio lugar a la paraestatalidad. Una política de Estado, que consiste en descentralizar la represión a través de
fuerzas irregulares que son armadas de forma encubierta o clandestina con efectivos y recursos de origen estatal. Fuerzas que no representan a ninguna autoridad política, pero que no se las puede catalogar como delincuentes porque están compuestos por policías y militares: “En general, los ‘escuadrones de la muerte’ aparecieron en aquellos países donde los mecanismos regulares de represión presentaron dificultades para contener la movilización social (…) dando forma a estos grupos para que su accionar sorteara las barreras legales que impedían la supresión de los focos de oposición política. De ahí que su proceder se caracterizara no solo por la ilegalidad, sino por el interés de aniquilar a los disidentes.”(8)
¿”En defensa de las instituciones democráticas”?
El 24 de febrero de 1972, el MLN secuestró e interrogó a Nelson Bardesio. Un fotógrafo oficial, que en sus ratos libres oficiaba de agente de la CIA en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Jefatura de Policía de Montevideo. Y el interrogatorio fue en la “cárcel del pueblo”, la que el actual Ministro de Defensa Javier García quiere abrir al público(9), pero el fotógrafo policial “no fue ablandado con palizas, no fue colgado con los brazos a la espalda de modo que los dedos del pie tocaran apenas el suelo, no fue sentado a horcajadas, durante horas, desnudo, esposado y encapuchado, en un caballete con un perfil de hierro en T, ni fue sumergido en un tacho de agua que contenía excrementos y vómitos, ni se le aplicó picana en los testículos, en el pene, en los dientes, en el ano, ni fue quemado con cigarrillos, ni fue violado con un palo. Fue simplemente interrogado…”(10) Y en ese interrogatorio habló de su participación en un asesinato y en cinco atentados con bomba, habló de otros integrantes del Escuadrón, habló de sus jefes, sobre cómo operaban y sobre la coordinación institucional entre el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas para el desarrollo de las actividades paramilitares y parapoliciales.
¿Estas son las instituciones democráticas que defendían los caídos el 14 de abril? ¿Organizaciones paramilitares y parapoliciales, pensadas y financiadas desde el exterior y para todo el continente, realizando todo tipo de crímenes de lesa humanidad?
David “Chichí” Cámpora, quien cae junto a Eleuterio “Ñato” Fernández Huidobro el 14 de abril en la casa del matrimonio Martirena-Giménez, reflexiona: “Años después nosotros hicimos la crítica del 14 de abril, que fue tirar un cañonazo para matar un mosquito y provocar, entre otras cosas, el derrumbe de la casa.”(11) Los mosquitos eran: el profesor Armando Acosta y Lara, el capitán Ernesto Motto, el capitán Jorge Nader, el inspector Víctor Castiglioni, el subcomisario Oscar Delega y el empresario Miguel Sofía…todos pertenecientes al Escuadrón de la Muerte, responsables de las muertes -entre otras- de los tupamaros Abel Ayala, Héctor Castagnetto, Manuel Ramos Filippini e Íbero Gutiérrez.
Entre la mañana y el mediodía del 14 de abril de 1972, Acosta y Lara, Motto, y Delega, son abatidos. Y el atentado contra Miguel Sofía fracasó, dando lugar a las primeras dos muertes del MLN que traería consigo la reacción del Ejército. Allí murieron en combate, los tupamaros Nicolás Gropp y Norma Carmen Pagliano. Inmediatamente el Ejército asaltó 2 casas que ya venía vigilando desde hacía tiempo: la de Perez Gomar 4392, en la que mueren los tupamaros Alberto Jorge Candán Grajales, Armando Hugo Blanco Katrás, Gabriel María Schroeder Orozco y Horacio Carlos Rovira Griecco; y la de Amazonas 1440, en la que mueren los tupamaros Luis Nelson Martirena Fabregat e Ivette Rina Giménez Morales.
Un recurso gastado
Así podríamos definir a esa frase hecha que ahora le toca repetir al Senador Manini Ríos: “hay que dar vuelta la página”. Pero que nunca la acompañan de una explicación de cómo hacerlo y porque además recurren constantemente al tema, sobre todo cuando la coyuntura política del país les es favorable y sobre todo cuando la realidad económica del país no les es favorable.
Escribía el “Ñato” Huidobro: “Yo me arrepiento de no haber planteado, cuando vuelvo a la dirección del MLN el 16 de marzo del 72’ y esta operación del 14 de abril ya estaba en marcha, que no había que hacerla porque era un garrafal error. Soy responsable por omisión, pero soy responsable. Porque yo era jefe y no quiero hacer como otros jefes militares que no reconocen su responsabilidad ante la opinión pública, ante el pueblo uruguayo y el gobierno uruguayo, de las órdenes que dieron y dejan que a sus subalternos de aquel entonces los siga enjuiciando todo el mundo, pero ellos que fueron los responsables no son capaces de tener carácter militar y decir el responsable soy yo.”(12)
¡¿Cómo está para que se dieran por aludidos?! y se dejaran de dar discursos casi tan extraños como la candidatura de cualquier Presidente de Estados Unidos al Premio Nobel de la Paz.
Notas
