Por economiapolitica.uy *
Héctor Tajam **
Dibujo Prof. Adán Iglesias Toledo ***
La Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL) publicó recientemente la edición correspondiente al año 2026 del Estudio Económico para América y el Caribe, con el objetivo de estudiar limitantes del crecimiento económico, en un contexto 2025-2026 en el cual “la región continuará exhibiendo un crecimiento insuficiente para aumentar sostenidamente el ingreso por habitante y cerrar las brechas de desarrollo”. Los nudos principales a desatar en esa perspectiva son situados al interior mismo de las economías latinoamericanas: los bajos niveles de inversión, el escaso crecimiento de la productividad y la elevada informalidad. Cuestiones que para nada nos son ajenas. Para la CEPAL, la estabilidad macroeconómica no ha sido suficiente para acelerar el crecimiento y cerrar las brechas del desarrollo, pues no se han articulado con políticas de desarrollo productivo, transformación digital e integración regional capaces de generar empleo formal de calidad que se traduzcan en mejoras permanentes de la productividad. He aquí los que la Comisión ha denominado como una de las “trampas de baja capacidad para crecer”. Hay otras que veremos en este artículo.
El punto de partida del análisis que motiva la preocupación de los investigadores de la CEPAL es el reducido crecimiento económico, medido por la variación del PIB (Producto Bruto Interno), que a esta altura ya se comienza a definir como la segunda década perdida, en relación con la primera que tuvo su origen en la crisis de la deuda de los años 80 del siglo pasado. Entonces el PIB creció apenas 2% anual, ahora, en los 10 años que van desde 2016 el registro es más bajo, 1,4%. Y las perspectivas no son para nada estimulantes, que podemos apreciar en el siguiente cuadro.
Obviamente lo más preocupante de dicha información es el desempeño económico de Uruguay, por debajo del promedio en 2025 y en las proyecciones para 2026-27. En la proyección para este año solamente superamos a Bolivia, un país que atraviesa un período de graves crisis institucional, social y económica.
La CEPAL identificó tres carencias principales: inversión, productividad y empleo. En nuestro caso, con las cuentas nacionales cerradas al primer trimestre de este año, la inversión fue el componente del PIB, visto desde el enfoque del gasto, que más incidió en que el PIB anualizado solamente creciera 1%. La productividad por persona ocupada se mantuvo ya que el empleo aumentó un poco más que el PIB. Ese buen signo del empleo se sostuvo en buena medida sobre una reducción de la informalidad, que a los ojos de la CEPAL sería un buen augurio. En efecto, destaca la reducción de los empleos informales en un 12% en 2019-2025. Con información del INE (Instituto Nacional de Estadística), podemos constatar además una disminución a julio 2026 de -2,5% con respecto al promedio 2025, y de 6% con respecto a julio 2025 (23.000 empleos informales menos). De todas maneras, 373 mil empleos informales (incluye subempleo no registrado), 21% del empleo total, es una cifra aún muy alta para una economía como la nuestra, aunque esté alejada de los registros de la región, que promedian 50%.
“La elevada informalidad reduce la efectividad de las políticas laborales, limita la capacidad recaudatoria del Estado, restringe el apoyo del sistema financiero y disminuye el impacto de las políticas de desarrollo productivo”. La CEPAL debería agregar lo que significa para la organización de los trabajadores ese gran porcentaje de informalidad, y por tanto para los resultados de la negociación colectiva en tanto ingresos y condiciones laborales.
Muchos factores juegan en esta problemática. Los bajos ingresos, que presionan para cobrar en negro el salario sin aportes, complicando el futuro de retiro. La presión del patrón, que en el afán de aumentar la plusvalía presiona para pagar menos sin el registro, cuando no acude directamente a la evasión.
En definitiva, crecer con informalidad es hacerse trampas al solitario como dice el refrán, algo que sin duda se está tratando de cambiar, por lo que no hay que escatimar recursos en controles, pero sobre todo, en buscar fórmulas de apoyo para trabajadores y empresas a salir planificadamente de esa trampa que va construyendo una lógica espuria de ingresos y de beneficios.
OTRAS TRAMPAS
En 2025 la CEPAL aludió a la trampa de la deuda externa y el bajo crecimiento, de la “deuda eterna”, que se recicla constantemente sin nunca disminuir, presionando recursos fiscales que se desvían desde la inversión social y productiva hacia el pago de su servicio (amortización e intereses). El cuadro siguiente nos ilustra el panorama latinoamericano de acuerdo a la importancia del endeudamiento externo (público y privado) con respecto al valor de la producción de bienes y servicios de cada país (PIB), que también es una muestra de la capacidad de repago de cada uno. Nuevamente Uruguay en una posición incómoda, segundo país del continente con la más alta proporción de deuda externa/PIB, un 14% por encima del promedio.
Pero la “trampa” no se limita a los obstáculos materiales y financieros necesarios para encarar un proceso de desarrollo económico, sino que se extiende a la política económica, agudizando el problema. La presión de los acreedores para la implementación de políticas de equilibrios macroeconómicos, que supuestamente son la garantía del repago, no ha hecho más que debilitar las economías en su actualización tecnológica e innovaciones para un mejor posicionamiento en los mercados globales. También han cercenado una mejor distribución del ingreso que pudiera contribuir a la mejora de la productividad y del bienestar social. Los gobiernos aceptan no aumentar los impuestos ante la amenaza de la pérdida del Grado Inversor, que así nos prestan a tasas de interés reducidas, y entonces no queda otra que continuar financiando flujos de gasto corriente con nuevo endeudamiento, en lugar de acudir a una pequeña porción del valor agregado nacional. De la misma manera aceptamos políticas antiinflacionarias a partir de la sobrevaluación de nuestra moneda aumentando la tasa de interés -que es el precio de la moneda-, incrementando por esta vía el valor de la deuda pública en dólares, pues casi el 60% de dicha deuda está nominada en pesos[1].
Esta influencia en la política económica, que edifica el país confiable, equilibrado y buen pagador, en una fantasía de que otros resolverán nuestros problemas, ha resultado en una explosión del endeudamiento del estado uruguayo inusitado desde 2020 hasta nuestros días. En el correr del siglo XXI, la deuda del sector público global se incrementó en 55.061 millones de dólares, de los cuales 26.602 millones, el 48%, corresponden a dicho período (6 años), esto es, cuando predominaron las metas fiscales y las políticas antiinflacionarias contractivas, y la reducción de impuestos y el aumento de las exoneraciones tributarias.
Cierto es que a partir de 2027 hay una posibilidad de que esto cambie, cuando se haga efectiva la recaudación del Impuesto Mínimo Global a ciertas empresas multinacionales que operan en Uruguay, del IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) que gravará rentas de capital obtenidas en el exterior, del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a las compras minoristas realizadas en el exterior a través de franquicias postales (conocido como “impuesto TEMU”), y del IMESI (Impuesto Específico Interno) que se aplicará a automóviles eléctricos importados a partir de un valor de aduana superior a 19.000 dólares.
En el cuadro anterior hemos incluido además el stock de inversión extranjera que paulatinamente se ha acumulado en los países de la región. Chile lidera cómodamente con activos extranjeros cuyo valor ya corresponde al 80% de su PIB, Colombia, Brasil y Uruguay le siguen, pero con registros bastante menores. En el caso de nuestro país, el 45% del PIB señala que la inversión extranjera directa (IED) ha acumulado un stock de 38.000 millones de dólares, en un proceso que se aceleró a partir del año 2006, cuando entonces apenas sumaba 4.000 millones (18% del PIB).
El stock acumulado de IED también puede operar como “trampa. La CEPAL ha considerado también una “trampa del desarrollo” cuando la IED se enfoca en sectores extractivos, en una lógica de enclave, que no genera eslabonamientos productivos locales ni empleos de calidad, y tampoco transfiere tecnología. Tan solo aprovecha la disponibilidad de recursos naturales y costos laborales e impositivos bajos. En nuestro caso, las inversiones en el sector forestal-celulosa han sido de gran dimensión, como podemos apreciar en el anexo gráfico. Sin duda aportaron al crecimiento del PIB y del empleo, pero en la dinámica económica de mediano plazo se incentivó el perfil primario exportador, y regresando a los niveles de cuasi estancamiento y progresivo aumento de la deuda pública. La CEPAL calcula para Uruguay una transferencia neta de recursos al exterior durante el siglo XXI (2000-2025) de 30.000 millones de dólares[2].
En forma similar al caso de la deuda pública, la política económica de atracción de inversiones extranjeras está ligada a instrumentos y metas de equilibrios macroeconómicos que generan verdaderos obstáculos al desarrollo económico, y comienzan a instalar contradicciones en el círculo virtuoso de crecer y distribuir al unísono. Más aun en este caso donde se suman garantías adicionales, tales como exoneraciones tributarias y presión impositiva incambiable durante el período de recuperación de la inversión (expectativas de lucro de la inversión inicial), ni siquiera en los ciclos económicos adversos.
La problemática de la IED contiene un aspecto regional sumamente importante. Los inversores juegan con la desunión del continente y la ausencia de una integración regional que vaya más allá de encarar acuerdos comerciales. Es así que competimos en quien la de mayores exoneraciones impositivas a quienes extraen nuestros recursos naturales, o menores salarios y mayor flexibilidad laboral, energía y puertos baratos, remisión de utilidades sin contratiempos, entre otros. Salir de esta “trampa” llevará tiempo, visto como está hoy el continente, pero si no la planteamos constantemente dejará de ser consciente.
ANEXO GRÁFICO
(*) EconomiaPolitica.uy es un Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Política.
(**) Héctor Tajam es Economista, Director del Programa EconomiaPolitica.uy y Columnista de Mate Amargo. Fue Diputado (2005/10) y Senador (2010/15) por el MPP – Frente Amplio. Miembro del Capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RedH)
(***) Prof. Adán Iglesias Toledo, Director del Medio humorístico DEDETE del Periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC. Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero.
[1] De acuerdo al Monitor de Coyuntura del Observatorio de la Coyuntura Económica de la UCU (Universidad Católica del Uruguay), N°277 de julio/2026, en 2025 el déficit fiscal sumó 4.232 millones de dólares al monto global de la deuda neta del sector público, y la apreciación del peso uruguayo agregó otros 4.513 millones.
[2] Según datos de CEPALSTAT – Indicadores Derivados de la Balanza de Pagos/Transferencia Neta de Recursos (https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?lang=es).
