Paysandú tiene 8.255 viviendas vacías
Por Darío Rodríguez (*)
El Departamento de Paysandú tiene una tasa de desempleo altísima, 13 % (8 mil personas); sin contar la precarización laboral, pobreza (27.183 personas) e indigencia.
Además, como en el resto del país, el frío está pegando duro y el MIDES y otras instituciones se alinearon con las políticas nacionales.
El desarrollo universitario en esta región, con lo democrático que ello significa, disparó o dejó expuestas las carencias de la ciudad que, a nivel público o privado, se intentan subsanar.
Una de las carencias tiene que ver con la adaptabilidad de la ciudad a los requerimientos de jóvenes que la transitan, muchos de ellos en bicicleta, en una localidad invadida por motos y automóviles.
Especulación
La otra tiene que ver con la accesibilidad de estos (y otros sectores) a la vivienda. Esta necesidad dio origen a tres procesos: cierto incremento de la inversión privada, adaptación de hoteles como albergues estudiantiles y la construcción de una residencia universitaria a cargo de la Intendencia de Paysandú (IDP)
En paralelo, revisando datos del último censo, en el Departamento, sobre un parque habitacional de 51.058 viviendas; 8.255 están desocupadas.
La mayoría están en la capital Departamental. Naturalmente, algunas están con problemas judiciales, otras en reparación y otras son inhabitables. Aunque esta información se hace difícil de obtener.
También se maneja la existencia de “latifundistas urbanos”; entre ellos un profesional de la ciudad que tendría decenas de vivienda.
Deber de cuidar y usar
Desde el 2018, existe una ley que promueve “el cumplimiento de dichos deberes, de forma de evitar y revertir los procesos en los que se combinen situaciones de vacío y degradación de inmuebles urbanos”.
Sobre esta base, la bancada de senadores del FA reflotó el proyecto que desestimula la permanencia de viviendas vacías por un período prolongado.
En Uruguay hay unas 330 mil viviendas vacías. En parte de la exposición de motivos se remarca que “la problemática de inmuebles urbanos vacíos, sin uso y degradados es multicausal y multidimensional, por lo que le corresponde al Estado enfrentar y promover su reversión”. En tal sentido, la iniciativa duplica o triplica la imposición. Ahora, si el propietario del inmueble -más allá de ser persona física o jurídica- posee más de 10 viviendas vacías, deberá triplicar su aporte.
El posible incremento impositivo no se aplicará a las propiedades que estén en reciclaje/remodelación; que se arrienden por temporadas; que se encuentren en asentamientos; que sean casa de esparcimiento; que estén en litigio o que el propietario esté ausente en forma temporal por razones laborales, académicas u otras.
Cuando el tema comience su tratamiento, la derecha y otros actores vinculados a sectores especuladores e inmobiliarios pondrán el grito en el cielo porque, viejo argumento, se atacaría la sacrosanta propiedad privada.
Sin el acceso al suelo urbanizado es difícil acceder a la vivienda; un problema que suelen encontrar las pujantes cooperativas.
En el caso de la IDP, previó la constitución de cartera de tierra (hay un decreto de la Junta Departamental del 2002 que murió de inanición) pero su implementación fue casi nula.
Gordura e hinchazón
Hay una frecuente confusión (no es lo mismo gordura que hinchazón) que equipara la entrega de tierra por parte de la(s) Intendencia(s) con la existencia de una cartera de tierra. Este instrumento, parte de la planificación urbana, implica incidir en el mercado de la tierra urbanizada (con servicios), en los costos, en ubicación y en la habilitación de la participación ciudadana.
En Paysandú, con suerte, opera el mecanismo de la discrecionalidad. En otras localidades como Guichón y Quebracho la tierra en sitios consolidados escasea.
A nivel nacional, el MVOT tiene una cartera de tierra, pero en unos 15 años entregó tan solo 15 terrenos en todo el país. Es casi inexistente. En Paysandú, una cooperativa ya construida, accedió a un terreno que tuvo sus dificultades.
(Cooperativas optimizan uso del suelo, van a la centralidad y en altura)
Hay más instrumentos, lo que falta es -en algunos casos- la decisión política en los estamentos correspondientes del Estado; y recursos. Al respecto, el gobierno manifestó que duplicaría el presupuesto del MVOT.
Días pasados, en recorrida por el Departamento, el director nacional de Vivienda: Milton Machado, informó que el Ministerio abrió un llamado para asignar préstamos para la compra de viviendas usadas. Se debería evitar la presencia de agentes inmobiliarios.
El llamado, que es exclusivamente para el interior, habilita al beneficiario/a contar con un préstamo de 2 mil UR (unos 80 mil dólares). El Estado podrá aplicar subsidios. Para acceder al préstamo hay que acreditar un ahorro de 80 UR (aproximadamente 147 mil pesos)
El jerarca dijo que “es significativo realizar este llamado en Paysandú porque sabemos que en el interior muchas familias esperan una oportunidad real de acceso a la vivienda. Hacerlo en el marco de esta recorrida, contempla nuestra prioridad de acercar las soluciones a las personas, especialmente a quienes más la necesitan”. Machado no especificó a cuantas familias alcanzaría en Paysandú, aunque esbozó que el llamado estará abierto 60 días, agregando que si la demanda supera a la oferta, se realizará un sorteo. Disponer, como se exige, de ingresos mínimos “formales” de 35 mil pesos deja fuera a muchas familias. “A su vez los beneficiarios deben tener entre 18 y 60 años y no deben estar calificados con la categoría 5 en la central de riesgos del BCU, ni tener embargos, ni ser propietarios de ningún inmueble, ni ser adjudicatario de una solución habitacional subsidiada por el Estado”.
En este contexto la Intendencia debería ir a la constitución de una cartera de tierra, expropiar terreno si fuera el caso (hay una manzana, cerca de la terminal de ómnibus, ex aceitera Indhar, abandonada) En la campaña de mayo, uno de los candidatos del FA, Guillermo Caraballo, presentó una propuesta para diseñar un proyecto urbano.
(Barrios privados: la sociedad financia servicios)
Debería, además, tener una política sobre el stock de vivienda que identifique, ante la falta de vivienda, a los que se esconden y especulan; cercenando un derecho humano. Además, debería, por costos y desorden urbano, evitar la autoexclusión de sectores acomodados que imitan formas de habitar y se abroquelan en barrios privados; generando enormes costos para la ciudadanía.
(*) Darío Rodriguez es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UdelaR), periodista y asesor en temas de cooperativismo, vivienda y hábitat
