Por Ricardo Pose(*)
El tema de los famosos aviones Hércules adquiridos por el Ministro de Defensa no dejan de deparar sinsabores. Subiendo la apuesta, que lo puede colocar en el primer podio de la incapacidad, ahora compró en la feria dos lanchas OPV para el patrullaje de nuestras aguas territoriales. Lanchas que demorarán 18 meses en ser entregadas, construidas por un astillero español que nunca fabricó naves militares (y estaba a punto de fundirse), sin mencionar el irresponsable juego en las tensiones geopolíticas.
Mucho antes de que Uruguay accediera a la ampliación de su mar territorial sobre 350 millas marinas, la custodia de la soberanía acuática parecía un chiste de estaño de boliche.
Los oficiales de la Armada contaban muy serios, incluso en las comisiones parlamentarias, que -dado el escaso presupuesto para combustible en los gobiernos anteriores a los del Frente Amplio- el avión vigía salía a controlar desde el espacio aéreo y cuando divisaba la presencia de intrusos, pasaba las coordenadas al buque militar que salía “a la deriva” porque el avión debía volver a tierra.
El insidioso senador Fernández Huidobro preguntaba, sarcásticamente, ¿por qué no salían juntos a hacer la tarea, ambas naves, de forma conjunta? y la respuesta, de Ripley, era: “o le ponemos combustible al avión, o al barco”.
Así que cuando se logró ampliar nuestra soberanía, el problema se multiplicó.
Un júbilo de intención patriótica recorrió el país cuando el 17 de julio, de este año, el Ministro García anunció con bombos y platillos: “la adquisición por parte del gobierno uruguayo, de dos buques de patrulla oceánica para la Armada Nacional, que serán comprados al astillero español Cardama a un precio de 82,2 millones de euros.” Se trata de dos buques “cero kilómetros, cero millas” y la decisión adoptada se basó “en razones técnicas que aportó la Armada Nacional, razones de monto y razones de plazo”.
Explicó que “estos dos buques van a permitir, a la Armada Nacional, retomar su misión esencial consistente en la custodia de nuestra soberanía nacional en el mar, del cuidado de nuestros recursos naturales, de evitar y reprimir -cuando sea necesario- actividades ilegales, la pesca ilegal, el crimen organizado, y retomar el control sobre todo en nuestro espacio marítimo, cuestión que como ustedes saben está muy limitada a partir del deterioro y la antigüedad que tienen los buques que cuenta la Armada Nacional en el día de hoy”.
Tal vez la diferencia mayor con la compra de los Hércules -además de la obvia, que esta vez compró el Estado uruguayo vehículos de mar y no de aire-, es que dejó de recorrer chatarreros para mandar fabricar las lanchas que son necesarias para los objetivos de patrullaje de nuestros mares.
18 meses a la deriva
García también explicó que fueron mandados a fabricar a un plazo de entrega de 18 meses,: “Esta fue la oferta, de las recibidas, la de menor costo, de las 8 de diferentes orígenes que se recibieron, y al mismo tiempo fue la oferta que más rápidamente ofreció la entrega de los dos buques. El primer buque -ustedes saben que hay una cantidad ahora que está en el Tribunal de Cuentas, tiene firmas de contrato, etc.-, si todo marcha en esos plazos, estaría entregándose en los primeros meses de 2025; los dos buques en 2025, uno al inicio y otro al final, en frases simples. Y justamente eso fue también lo que motivó la decisión que adoptamos en estas horas”.
Desde la Armada, fuentes de Mate Amargo plantearon su malestar porque se desconocieron los detalles técnicos aconsejados y porque la compra se realizó en una Feria anual de embarcaciones.
Las autoridades del Ministerio cerraron la compra sin siquiera visitar el astillero español que las construirá.
Integrantes de la Armada han investigado (compartiendo con nosotros los resultados) y han arribado a la conclusión de que el astillero de Vigo Cardama “no ha construido jamás una OPV ni buques militares; lo más similar es un oceanográfico que era una unidad de control de pesca e investigación marina que fue devuelta por deficiencias técnicas, no cumplía los detalles acordados y su estabilidad era defectuosa” (en estas manos quieren dejar el futuro de las OPV que serán vitales en el control de las 350 millas de soberanía). El modelo OPV es el C242 y al que alude la información anterior se agrega que fue construido en Astilleros CIES y terminado allí, (en Cardama), pero aún está allí porque no lo aceptaron (de hecho al día de hoy sigue allí) ya que no estaba construido tal como había sido propuesto, con fallos de estabilidad entre otros.
Fuentes del mundo empresarial de los astilleros nos hicieron llegar su investigación sobre la empresa Cardama y traen otro dato preocupante. Uruguay pagará 94 millones de dólares (los famosos 82,2 millones de euros) por ser la oferta más barata, encargado a una empresa (Cardama) que en el mercado de astilleros español no solo es una de las más chicas, sino que además no está pasando por su mejor momento financiero.
Algunas fuentes alertan que, como surge de la propia información de la empresa Cardama Shipyard, su capital social como empresa pequeña es de 800.000 euros; la Armada Nacional pide de garantía 1.500.000 euros que no estarían en condiciones de afrontar; a primera vista un negocio que si no naufraga, andará por 18 meses en aguas turbulentas. Otro detalle del negocio, con respecto a la empresa, que hacen notar es que “la información que se publica en Infodefensa es lamentable. En 2021 facturó 11 millones… cuando un astillero normal de reparaciones factura anualmente más de 70 millones”.
En principio García dilapidó 94 millones de dólares.
“Balquitos” de papel.
En febrero de este año los representantes de la empresa china CSTC pretendían plantear una segunda rebaja al precio ofertado, pretendían porque desde hacía un tiempo el ministerio no les atendía el teléfono. Hay que recordar, además, que por encima de los costos manejados en su momento, hubo una fuerte presión desde la embajada de Estados Unidos para que no se compraran las lanchas a la empresa China.
En su oportunidad los norteamericanos hicieron saber al senador Carlos Camy de su malestar ante la posibilidad del negocio. El 27 de junio un enviado para Latinoamérica de la República Popular China, el embajador y el agregado militar en Uruguay, se reunieron con Lacalle para -entre otros temas- deslizar su malestar por el informe del contraalmirante Gustavo Musso que rechazaba la propuesta de la empresa china por los problemas geopolíticos entre Estados Unidos y China.
Pero para comprender el proceso de ir dejando por el camino la propuesta china, remitámonos al informe que en su momento realizó Javier Bonilla para la publicación Defensa.com: “La cotización de las dos unidades con mayores ambiciones electrónicas pasó de casi 100 millones de dólares cada una a 82 millones hace unos meses. Previamente, un polémico fallo de una comisión asesora presidida por el c/n Marcos Saralegui declaraba su parecer ampliamente favorable a la propuesta china, por encima de las de la francesa Kership (unos 75 millones de euros por cada OPV-80 /90) y Damen, 112 millones por cada ejemplar de la serie OPV-1800 (variable de 2.200 toneladas), emparentada con las de la clase Tun Fatimah, de Malasia, que luego fueron tentativamente rebajadas suplantando su cañón de 76 mm por 30 mm y simplificando su sistema de combate, a 57 millones y medio de dólares cada una, aunque el ministerio se negó a recibir esa propuesta y el ministro a recibir a la embajadora de Países Bajos. Desde el principio fue este un llamado problemático, porque el titular de Defensa había dicho que no pensaba invertir mucho más de 100 millones de dólares, sin conocimiento de las cotizaciones que se manejan en el sector. Al mismo tiempo, la firma que más se aproximaba inicialmente a esa cifra, Ocea, fue impedida de participar por tener cascos basados en aleación de aluminio. El ministro García anuncia su intención de declarar la operación de compra desierta, también adelanta su casi segura disposición a adquirir dos o tres unidades de la vieja clase noruega Nordkapp (1980), a un precio original de 30 millones de dólares, destinando unos 70 millones más a modernizarlas, cifra total que mucho se parece a algunos precios sugeridos últimamente por dos unidades nuevas y no garantiza eficiencia de las actualizaciones planteadas en las usadas, a futuro. El no haber concretado oficialmente la hace dos semanas adelantada clausura de los procesos de compra de OPV iniciados hace más de un año coloca en una posición más que comprometida a las direcciones jurídicas y de secretaría del ministerio en lo que hace a su accionar. Por otra parte, proponer una segunda rebaja de precios a su oferta inicial desacredita la propuesta china a un grado superlativo, o induce a serias sospechas a este respecto, más allá de la pulseada diplomática que se plantea, cuando Uruguay insiste en un Tratado de Libre Comercio con China. Mientras no se declare este tema desierto, tampoco se puede descartar totalmente que Estados Unidos, tras admitir su oposición a la compra de navíos de ese origen asiático, pudiera inclinar su balanza por alguno de los dos proponentes de OPV occidentales. Por otra parte, el argumento aludido por el gobierno de que los precios de cualquier OPV nueva exceden sus posibilidades tampoco serían de recibo, porque el Ministerio de Economía pareció avalar una inversión de entre 150 millones y 165 millones de dólares por este concepto no hace muchas semanas”.
El pataleo chino llega al parlamento
Dirigida a Sandra Lazo, Presidenta de la Comisión de Defensa del Senado, el astillero chino luego de exponer las dificultosas conversaciones que mantuvo con las autoridades del Ministerio, expone una serie de interrogantes:
¿Por qué se eligió esta forma de procedimiento, en la que no existió fecha ni hora precisa de entrega de ofertas?, ¿por qué no hubo pliego de condiciones?, ¿por qué no se solicitó garantía de mantenimiento de oferta?, en fin ¿por qué se desistió de las formalidades y procedimientos acordes a una compra de este nivel?
¿Por qué se designó a la Comisión Asesora de Adjudicación un mes después de cerrado el plazo de recepción de ofertas?
¿Cuáles fueron los parámetros técnicos utilizados y los factores de ponderación?
¿Por qué el estudio técnico de las ofertas la hicieron únicamente los Almirantes, sin poder contar con los equipos de asesoramiento necesarios?
¿Tienen los Almirantes de la Armada los conocimientos técnicos necesarios para poder realizar un estudio de esta magnitud, siendo que ninguno de ellos proviene del Cuerpo de Ingeniería Máquinas y Electrónica (CIME)?
¿Por qué, si el Ministro García manifestó públicamente que se garantizaba la seriedad y transparencia del proceso con la designación de tres comisiones, Asesora de Adjudicación, Técnica y de Seguimiento, en éste proceso se designó únicamente a una Comisión Asesora de adjudicación sin la presencia del Comandante Wilson y un mes después de recibidas las ofertas?
Dudas de orientales, que otros orientales como nosotros tampoco podemos responder, aunque si sospechar.
(*) Ricardo pose es Periodista en Caras y Caretas, Presidente sector Prensa Escrita (APU). Columnista en Mate Amargo, CX 40 Radio Fénix, Radio Gráfica, Tierra de periodistas Rocha FM, Notero en Telesur y tvg China
