Por Claudia Suárez Delgado (*)
Uno de los grandes desafíos para mujeres y disidencias continúa siendo la participación política y el ejercicio de la ciudadanía en todos sus aspectos, el acceso a espacios con derecho a la palabra y la acción sigue enfrentando algunas barreras.
El sistema patriarcal realiza una separación de los espacios: asignando a los varones el espacio público y las mujeres el espacio privado, es por esto que más allá de diferencias culturales prevalecen manifestaciones de la sanción a la mujer cuando hace uso de la palabra, la imagen y la circulación en el espacio público.
En este sentido las mujeres y disidencias que hacen uso de su derecho de participación política, reciben altas dosis de violencia que busca expulsarlas del ámbito y reducir sus capacidades de acción.
Uruguay tiene un sistema de partidos sólido y consolidado, sin embargo, a más de 40 años de democracia ininterrumpida, la representación femenina en el Parlamento sigue siendo baja: al instalarse el nuevo Parlamento en febrero de 2025, sólo el 29,2 por ciento de quienes ocupan una banca eran mujeres (10 en el Senado y 28 en la cámara de representantes), ubicándose en el puesto número 14 entre los 19 países latinoamericanos. La “ley de cuotas” (Ley 18.476, de 2009) aumentó la presencia femenina en las listas pero tuvo impacto limitado en las electas.
En marzo de este año, Niki Johnson y Verónica Pérez-Bentancur (Facultad de Ciencias Sociales, Udelar), junto con ONU Mujeres, presentaron un informe basado en una encuesta nacional realizada a las 181 mujeres que fueron electas al Parlamento uruguayo en las elecciones de octubre de 2024, tanto titulares como suplentes, de las que respondieron 128. El objetivo fue documentar sistemáticamente la violencia basada en género que enfrentaron durante la campaña electoral e identificar sus formas, contextos y factores de riesgo.

Entre los hallazgos de la investigación, 4 de cada 5 candidatas electas (81,3%) reportaron haber vivido al menos una forma de violencia relacionada con su candidatura durante la campaña. La mayoría reportó violencia psicológica: cuestionamientos a su legitimidad, comentarios centrados en su apariencia y no sobre el tema que era tratado. Casi un 29 por ciento plantea haber recibido acoso sexual, comentarios o amenazas de connotación sexual. Un porcentaje de casi el 10 por ciento plantea haber recibido violencia física o daño sobre objetos materiales (medios de transporte, por ejemplo), en la mayoría de los casos estos actos de violencia son perpetrados por varones.
En cuanto a los lugares donde se expresa la violencia, el 63 por ciento se dio en redes sociales y medios digitales, siendo que algo menos de 60 por ciento plantea haber sido violentada presencialmente en actividades de campaña. Los medios de comunicación también son un espacio donde las candidatas reportan violencia, en ese espacio los enfoques sexistas, trivialización, interrupciones y ataques a su reputación fueron las violencias relatadas.
La investigación plantea un aumento en los niveles de riesgo a mayor visibilidad e importancia política, de esta forma las candidatas a senadoras son levemente más violentadas que las candidatas a diputadas, aumentando aún más en quienes lideran sectores.
Un 50 por ciento reportó violencia intrapartidaria, con ocultamiento de información, exclusión de reuniones, comentarios despectivos, entre otras. A diferencia de otros países de la región, solo el 10 por ciento reporta violencia familiar o presiones dentro de la familia para que abandonen la política.
Para conocer más sobre este tema desde la óptica de una legisladora charlamos con Inés Cortés diputada del MPP (Frente Amplio).
Mate Amargo – A comienzos de año se presentó una investigación realizada por Niki Johnson y Verónica Pérez-Bentancur sobre violencia política en la última campaña, ¿cómo se recibió la misma por parte de las mujeres políticas?
Inés Cortés – Sí, se realizó esa presentación y en realidad todas las parlamentarias, ya sea titulares o suplentes, que integramos las listas, fuimos parte de esa investigación, respondimos a las entrevistas y a las preguntas. La verdad es que no nos sorprendieron los resultados porque es algo que vivimos cotidianamente y que hemos naturalizado, lamentablemente. Desde insultos en redes sociales, que vendría a ser lo más suave, hasta el hostigamiento o -en algunos casos- hasta víctimas de agresiones físicas en la campaña, así que lamentablemente hemos naturalizado esas situaciones de violencia.
M.A. – A tu entender ¿cómo es el nivel de conciencia sobre la violencia recibida por parte de las mujeres que intentan mantenerse en el ámbito político?
I.C. – Creo que el nivel de conciencia de la violencia basada en género en el ámbito político, depende mucho de cada una y del proceso que haya hecho respecto de los feminismos y la revisión crítica de algunas prácticas que tenemos instaladas en nuestro relacionamiento, de alguna manera somos bastante conscientes, porque es algo que es bastante notorio, lo hacen notar de forma bastante explícita, en algunos casos. Pienso, por ejemplo, en las agresiones en redes sociales, que es una de las que más se reporta, el tipo de insultos o agresiones que nos hacen a las mujeres políticas, no tienen nada que ver con las agresiones hacia los varones políticos. Entonces, claramente hay un enclave de género en la forma de agredir, más allá de la ideología o de lo ideológico, que igual también creo que está acentuado. Si sos mujer de izquierda, es mucho peor el nivel de violencia que recibimos, sobre todo por quienes son los agresores.
M.A. – ¿Existen acciones o estrategias que se estén llevando a cabo para prevenir y eliminar esta violencia?, ¿se está logrando trabajar el tema entre las diferentes bancadas?
I.C. – A nivel de bancadas bicamerales se está trabajando en torno a un proyecto marco, modelo, que es a partir del modelo que hizo el MESECVI, que es el Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém Do Pará. Se generó una ley marco sobre violencia en entornos digitales hacia mujeres, que también obviamente está el tema de la violencia política. En Uruguay se bajó a través del Instituto Nacional de las Mujeres un proyecto que incluye también a niños y niñas y a varones, en realidad violencia en entornos digitales. Pero, todavía está muy incipiente y va a implicar muchos acuerdos y mucho trabajo coordinado que recién está en el esbozo del proyecto.
M.A. – A nivel del Frente Amplio existe un protocolo para la eliminación de la VBG, el mismo acaba de adecuarse, ¿cómo recibieron esas modificaciones, qué impactos esperan que tengan?
I.C. – El Frente Amplio es el único partido político hasta el momento que tiene protocolos de actuación frente a situaciones de violencia basada en género. Recientemente, en el último Congreso, se aprobó un nuevo protocolo que actualiza el primero y seguiremos trabajando en mejorar los mecanismos, obviamente siempre perfectibles, pero creemos que por ser un partido político antipatriarcal, que se define antipatriarcal, necesariamente tiene que tener este abordaje a la interna de sus filas.

Para conocer más sobre el nuevo protocolo de actuación ante situaciones de violencia basada en género hacia mujeres y disidencias del Frente Amplio, y los mecanismos para su difusión, charlamos con Carmen Beramendi, quien integró los espacios de trabajo para la adecuación del protocolo por parte de la Comisión nacional de feminismos, género y disidencias del Frente Amplio.
Mate Amargo – Se acaba de aprobar el nuevo protocolo para la prevención de violencia hacia las mujeres del Frente Amplio, ¿cuáles son sus grandes modificaciones?
Carmen Beramendi – Las modificaciones más importantes son: Ampliación del ámbito de aplicación a la violencia privada definiendo con precisión sus competencias. Si bien no tiene competencias para la atención especializada que corresponde a los servicios públicos existentes, deberá procurar acompañar en la información y derivación a los mismos.
Para aquellos frenteamplistas que hayan sido sometidos a un proceso judicial, se plantea el deber de colaboración informando a las autoridades correspondientes a los efectos de evaluar si hay que promover medidas de alejamiento temporales de los lugares de militancia o representación hasta que termine el proceso judicial.
La segunda modificación importante es la jerarquización de la prevención: con espacios formativos especializados en todas las instancias orgánicas, campañas de información y concientización.
La tercera es la creación de una Comisión especializada responsable de la recepción de las denuncias y de la investigación de las mismas con celeridad y dando garantías del debido proceso a personas denunciantes y personas denunciadas. Una vez que se llega a establecer la existencia de violencia basada en género, se eleva este informe al Tribunal de Conducta Política (TCP) para la propuesta de sanción que es presentada al plenario por una comisión delegada que garantiza la confidencialidad.
M.A. – Contános sobre el proceso realizado para llegar al documento final.
C.B. – Para compartir el proceso para llegar al informe final importa contar con los antecedentes. El FA en 2016 se declara, por resolución del VI Congreso extraordinario Rodney Arismendi, como anti patriarcal y anti racista. Allí las mujeres nucleadas en la Unidad temática jugamos un rol fundamental. En el 2020 se aprueba el primer protocolo. En 2023, en el VIII Congreso extraordinario Tabaré Vázquez, se resuelve integrar Principios y Valores a sus Estatutos como orientaciones de política y ética sobre la conducta de militantes. Ese año 2023, en el Plenario Nacional, se encomienda la revisión del protocolo a una Comisión de Adecuación integrada en espejo al Secretariado, con representación de los sectores y de las bases de Montevideo y del Interior, presidida por la Presidencia de la Comisión de Feminismos, género y disidencias. En esta etapa, la Comisión actual comienza el proceso de adecuación a fines del 2025; se trabaja en reuniones semanales durante todo el 2026 y se resuelve que para la aprobación final es importante que se llegue a una versión por consenso de toda la comisión; esta versión es la que se envía a todas las departamentales y coordinadoras para que llegue a todos los Comités de Base. Se recepcionan todas las propuestas de modificaciones y se aprueban las que logran el consenso para su aprobación por el Plenario Nacional; las que no lo logran podrán plantearse en el Plenario directamente.
M.A. – Ya iniciaron las tareas de difusión del nuevo protocolo y el trabajo en prevención de la violencia política a la interna del Frente Amplio, ¿me podés contar las actividades realizadas y las que tienen proyectadas?
C.B. – Las acciones realizadas han sido de impresión y difusión del Protocolo en varios departamentos (Tacuarembó con la Mesa departamental, Ciudad del Plata, Canelones, Colonia y en varios Comités de base y coordinadoras de Montevideo)
M.A. – ¿Cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta la fuerza política para combatir la violencia política?
C.B. – El desafío más importante es el poder vincular el conjunto de las desigualdades entrelazadas con la de género, poder jerarquizar este tema “como definimos en el título del encuentro en Colonia” que esto es un compromiso de toda la fuerza política y no sólo de las mujeres, apoyando económicamente las acciones que lo requieran y fortaleciendo a nivel territorial las acciones de prevención.
La violencia política contra las mujeres responde a un sistema que se manifiesta de diferentes formas en todos los aspectos de la convivencia. Mantener estos niveles de violencia naturalizados socava nuestra democracia y atenta contra el derecho de participación y construcción de las condiciones de vida de las mujeres.
El esfuerzo por su eliminación requiere de diferentes acciones de intervención donde las cuotas y la paridad como única vía de trabajo se presenta como insuficiente.
Estudio violencia política hacia las mujeres Uruguay
Haz clic para acceder a resultados_estudio_mujeres_politicas.pdf
Protocolo FA:
(*) Claudia Suárez Delgado es Licenciada en Psicología, Especialista en Gestión Cultural y Magíster en Economía social, comunitaria y solidaria. Ceramista. Militante en organizaciones de la economía solidaria, feminista, integrante de la Red de intelectuales y artistas en defensa de humanidad (REDH) y de la Fdim, parte del colectivo Libertadoras antifascistas.uy
Foto de portada: Claudia Suárez Delgado, 2026