La cárcel del Pueblo: los demonios en mameluco

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 Por Ricardo Pose(*)

 

El dos veces presidente Julio María Sanguinetti, contempla de pie una de tantas obras pictóricas de su colección; lo embarga una agradable sensación de felicidad, de tarea cumplida, no por lo que le inspira la obra del pintor sino por la noticia que leyó en su celular, cuya pantalla aún brilla, en la penumbra de su escritorio.

Si la propuesta de la ANEP finaliza con un acuerdo político de poner en una misma categoría de violación de los derechos humanos, lo que sucedió en la Cárcel del Pueblo cuando estaba en manos de la guerrilla y luego durante su función como centro clandestino de detención del terrorismo de estado, viene a ser un gobierno progresista 41 años después el que estampe sello, firme y signe la Teoría de los Dos Demonios, que fue su obra maestra en 1985.

Bajo el rótulo del “Cambio en Paz”, Sanguinetti tomó de la experiencia argentina, no el juicio a las Juntas Militares, sino su teoría de los dos demonios, según la cual el Golpe de Estado y el terrorismo de estado era el resultado natural del accionar de grupos armados insurgentes.

Sanguinetti tenía buenos motivos para que esa teoría se impusiera; primero porque era el primer presidente electo luego de años de dictadura cívico militar y debía resolver por un lado las miles de denuncias nacionales e internacionales sobre torturas, asesinatos y desapariciones durante el período de la dictadura, y convencer a los militares de no ejercer una tutela sobre el reciente gobierno, a los que se les ofertó no abrir investigaciones.

Segundo porque, aunque Eleuterio Fernández Huidobro gastó ríos de tinta y de saliva recordando que don Julio María siendo Ministro de Cultura de Juan María Bordaberry conocía de la existencia del Escuadrón del Muerte, y la pertenencia de alguno de sus integrantes (algunos como Carlos Pirán fueron senadores de su bancada oficialista de 1985 a 1989), no se logró colocar en la agenda política el prontuario violentista del flamante primer magistrado del recuperado estado de derecho.

Tercero porque había que sacarle la pata del lazo al Partido Colorado, el partido más golpista en la historia del Uruguay (1933 – 1942 – 1973), que una vez más había violentado el Estado de derecho que había construido.

Aquí hay un detalle interesante: Sanguinetti y los principales dirigentes colorados como Jorge Batlle y varios del partido nacional (e incluso algunos de izquierda sobre en lo que algún momento habrá que reabrir el debate), se sumaron a la teoría de que el Golpe de Estado cívico militar fue respuesta al accionar de los tupamaros.

Sin embargo, el principal promotor de la dictadura, Juan María Bordaberry, fundamentaba la necesidad del golpe en la crisis del sistema político, desde su concepción fascista, y fueron militares de la Armada en febrero de 1973 quienes resistieron las primeras intentonas de golpe: no había tupamaros con capacidad operativa entre febrero y el 27 de junio de 1973, capacidad militar de la guerrilla empezada a ser diezmada en abril del 72’, cuando la Asamblea General vota el Estado de Guerra Interno.

En el Decreto 464/973 del 27 de junio de 1973, no hay una sola mención al “demonio” tupamaro.

En una apretada síntesis de los fundamentos expresados en el decreto N° 1026/973, expone como motivos:

  • La existencia, para el ejecutivo, de un proceso de desconstitucionalización provocado por la obstrucción sistemática del Parlamento a las iniciativas de gobierno y por el abuso de los mecanismos de control político como las interpelaciones y pedidos de desafuero (que huelga decir no había una bancada de legisladores tupamaro/as).
  • Se afirmó que sectores políticos y legislativos actuaban en connivencia con organizaciones declaradas sediciosas en referencia directa al conflicto por el pedido de desafuero del Senador Enrique Erro, acusado por la justicia militar de vínculos con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (aunque también podrían haber mencionado a Héctor Gutiérrez Ruiz del Partido Nacional, Heber también nacionalista y el medio de prensa El Debate, etc.)
  • Bajo el amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional, el decreto planteó que la permanencia de las Cámaras en esas condiciones impedía cumplir con los fines esenciales del Estado y ponía en riesgo el orden público (hubiese tupamaros o no, agregamos nosotros)

En paralelo a la firma del decreto, Juan María Bordaberry dirigió un discurso por cadena nacional de radio y televisión para explicar la medida: señaló que el objetivo era frenar el avance de ideologías marxistas que, según su postura, utilizaban las instituciones democráticas para destruir el sistema desde adentro.

Aseguró que la medida no buscaba suprimir las libertades individuales ni instaurar una tiranía, sino reorganizar el marco constitucional mediante un Consejo de Estado que redactaría una nueva Carta Magna para someterla a plebiscito (salvo lo del plebiscito, civiles del consejo de estado, de las cámaras empresariales, terrateniente y militares, omitieron esa parte del discurso sobre la tiranía).

La teoría de los Dos Demonios fue confirmada, además, por el parlamento bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando votó la propuesta de Cabildo Abierto de reparación de las víctimas por el accionar de grupos armados, que paradojalmente dejó por fuera de la lista a los Escuadrones de la Muerte (Ley N.º 20.193 (promulgada el 24 de agosto de 2023 y reglamentada mediante el Decreto 67/024 el 28 de febrero de 2024).

 

La casa apropiada

Para que no se nos acuse de una marcada subjetividad, vamos a tomar las palabras del historiador Aldo Marchessi en su trabajo: “¿Qué hacen los derechos humanos con la revolución? Una reflexión sobre un lugar de la memoria de la historia reciente uruguaya”.

Cuenta Marchessi: “La casa de Juan Paullier 1190 en Montevideo, construida a principios del siglo XX fue comprada en 1963 por un empleado bancario, José Luis Porras y su esposa Zulema Arena, en aquel entonces estudiante de medicina, a través de un préstamo de la Caja Bancaria.

La trayectoria de la familia Porras es representativa de la clase media montevideana que en el contexto de la crisis económica y política (inflación, estancamiento económico) a inicios de los sesentas comienzan a radicalizarse y comprendiendo las causas de la injusticia y a cuestionar las respuestas que a dichas crisis venían dando las clases dominantes.

A fines de los sesentas, en el contexto de una fuerte huelga de trabajadores bancarios duramente reprimida por Pacheco Areco, el matrimonio ingresó al MLN-T. Ellos formaban parte de los círculos de parroquias influenciados por la iglesia del Tercer Mundo y la experiencia de Camilo Torres, varios de los cuales terminaron militando en la organización”.

Un primer elemento en el debate que se propicia desde la ANEP, debe ser el reconocimiento de las propiedades que las Fuerzas Armadas o funcionarios de grupos de tareas se apropiaban de las propiedades y bienes materiales de los detenidos o asesinados.

En síntesis, la casa de Juan Paullier no es ni del Ministerio de Defensa ni de la ANEP, sino de la familia Porras, que presentó en 1988 los recursos legales para recuperar su propiedad. Sin embargo, el 31 de octubre de 1988, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1.º Turno desestimó la devolución de la finca al considerar que el inmueble había sido «objeto del delito»; ningún abogado se dio cuenta de litigar que, si fuera por la comisión de delitos, varios inmuebles del estado, de los ministerios de Defensa y del Interior, deben ser incorporados a una lista que se ajuste a tal definición.

 

La cárcel del pueblo

Dice Marchessi: “En el marco de lo que ellos (los tupamaros) llamaron la estrategia de “doble poder” surgió la posibilidad de crear “cárceles del pueblo.” Dicha estrategia procuraba desarrollar la idea de que paralelamente a la “institucionalidad burguesa” estaba surgiendo una institucionalidad “revolucionaria” que interpelaba y en el mediano plazo destruiría al aparato estatal liberal. Las acciones armadas procuraban transmitir esa idea, fundamentalmente a partir de la propuesta de desarrollar formas de justicia revolucionaria. Las cárceles del pueblo eran un elemento fundamental de dicha estrategia y condensaban simbólicamente la idea de que el doble poder estaba efectivamente funcionando (Aldrighi) (…) Entre el año 1969 y 1972 los tupamaros secuestraron alrededor de veinte personas (políticos, empresarios, y miembros del personal diplomático).

La casa se comenzó a utilizar como una de las “cárceles del pueblo” en el marco de dicha estrategia. Fue así que se realizaron excavaciones en el interior de la casa para construir unas habitaciones subterráneas que funcionarían como la “cárcel del pueblo.” La “cárcel” constaba de tres celdas de 1,20 por 3 metros, un hall de entrada de 3 por 3 metros donde estaba la guardia, y un pequeño corredor donde se encontraban los retretes para los encarcelados y los miembros de la guardia. Mientras en la superficie de la casa Porras junto con su esposa y sus cuatro hijas continuaba con su rutina cotidiana, en las habitaciones subterráneas vivían algunos de los secuestrados por el MLNT con sus respectivos guardias. La cárcel nunca tuvo más de tres personas que era su capacidad límite.

En diversos testimonios los secuestrados declaran haber sufrido las consecuencias del encarcelamiento en un espacio tan pequeño que limitaba la movilidad de los individuos y afectaba su salud debido a la humedad y la falta de luz. También los testimonios expresan el miedo ante una situación que podía culminar con la muerte de los mismos como había sido anticipada por los secuestradores ante la posibilidad del descubrimiento de la cárcel (Jackson; Pereira Reverbel)”.

Con las palabras finales del extracto elegido, nos sumergimos de lleno en el debate.

A diferencia de los más de 200 detenidos desaparecidos, sabemos el paradero y destino final de todas las personas que pasaron por la cárcel del pueblo, aun el de los restos de Dan Mitrione.

Ocho meses estuvo recluido el Embajador inglés Sir Geoffrey Jackson, desde enero de 1971 a septiembre del mismo año. A su liberación, el diplomático escribió el libro “Secuestrado por el pueblo” donde, entre otros elementos, menciona comprender (por ser una organización clandestina de lucha urbana) la precariedad de las instalaciones utilizadas como cárcel.

Sin lugar a dudas, todos los representantes de las clases dominantes de Uruguay que pasaron por la cárcel del pueblo hubiesen querido tener las condiciones de reclusión de la que hoy gozan los terroristas de Estado en la cárcel de Domingo Arena.

Desde el punto de vista jurídico, quienes estuvieron retenidos allí, en los dos períodos, sufrieron secuestros prolongados y condiciones de reclusión clandestina fuera de cualquier marco jurídico o supervisión humanitaria.

El relato que se trata de imponer, coloca en un pie de igualdad lo actuado por la guerrilla como por el terrorismo de estado.

Sin embargo, hay diferencias que hablan de un abordaje distinto a la hora de practicar la violencia.

Como el fin de tomar prisioneros por parte de la guerrilla era político, la población era comunicada de la captura de las personas, sus motivos, y luego los mensajes que dieran cuenta de su estado de salud.

No formaba parte del método de la guerrilla, el método de desaparición forzosa.

El marco jurídico internacional de la ONU sobre conflictos armados internos, sigue otorgando al estado la responsabilidad principal por las condiciones de reclusión y procesos judiciales, protocolos que la dictadura militar jopeó olímpicamente.

En el caso de las fuerzas beligerantes, el protocolo demanda las condiciones que no socaven la dignidad humana. (Artículo 3 del Convenio de Ginebra, y el Protocolo adicional II de 1977 según los textos publicados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).

Discutir poniendo en un pie de igualdad la violación de los Derechos Humanos de tirios y troyanos, es poner un manto que oculta las injusticias que sostienen un sistema de dominación; ninguna persona debería ser violentada en sus derechos, incluidos desde su primera infancia, a la alimentación, un lugar digno donde vivir, donde poder trabajar y desarrollarse como ser humano.

Operación Morgan

La ofensiva para desmantelar las estructuras clandestinas de los compañeros y compañeras comunistas del Partido y la Juventud a partir de 1975 por parte de los Grupos militares de tareas, utilizaron entre sus centros clandestinos de detención la Cárcel del Pueblo.

La operación Morgan dejó un saldo de veintitrés desaparecidos, dieciséis muertos en tortura, un asesinato en Argentina, seis muertes en prisión y cárcel para cientos de militantes políticos.

En una entrevista realizada a la histórica militante comunista Sara Youtchak, en abril de 2022 con motivo de autorizarse las visitas al local cárcel del pueblo, recuerda:

El 20 de octubre de 1975 en una esquina de la calle Belgrano yo estaba en mi auto, se me vienen encima cinco tipos, me meten una bolsa en la cabeza, me entran a dar [golpear]y fue el primer antecedente de raptos en la calle de comunistas, me desaparecieron seis meses, me torturaron cuatro, me recuperaron dos y en febrero me encarcelan en Punta Rieles donde voy a estar cinco años. Cuando me detienen me llevan vendada y golpeada en mi auto, dieron unas vueltas bárbaras y creo que al primer lugar que me llevan podría ser la Republicana, pero nunca estuve segura, sé que era un espacio abierto, se oía ladrar perros.

¿En qué momento identificas que podías estar en la cárcel del pueblo?

Yo soy nacida en Parque Rodó, el parque era mi jardín de juegos; a la gente que agarraban en la calle la llevaban al 300 Carlos, la torturaban y luego la mandaban a la cárcel del pueblo, pero ahí creo que no torturaban, era como un depósito de humanos. Los milicos vestían ahí de particular, pero usaban borceguíes del ejército; cuando sonaba el teléfono ellos atendían diciendo familia Suárez, pero un día una mujer golpeó a la puerta, la entraron del jopo y la mujer desesperada gritaba que no tenía nada que ver, que pueden preguntar quién soy, que era empleada doméstica y que su patrón vivía a la vuelta, por bulevar España. Yo había prestado atención, porque te convertís en una esponja, tratás de obtener información; había un ómnibus que se escuchaba, pasaba cada 15 o 20 minutos. Cuando la mujer dijo eso recordé que el 116 pasa por Juan Paullier y dobla por bulevar España, dije ‘estoy en la cárcel del pueblo’, en realidad estaba a siete cuadras de mi casa, en mi barrio.

A mí me tenían apartada, me daban [torturaban]y me inyectaban para recuperarme y me volvían a dar. En uno de los interrogatorios se presentó alguien que dijo que era de la CIA, así se presentó al menos, y yo había integrado el comité pro-Cuba y ellos me vinculaban con la alta guerrilla. Se sumaba que el director de la CIA en Uruguay, Philip Agee, en su libro Inside The Company, nombra a tres uruguayos: Flora Papo, secretaria del gerente de SAS, agencia a través de la cual se hacían todos los vuelos, Jorge Castillo y yo.

Te consideraban medio “pesada”.

No sé qué me consideraban, me dijeron agente cubana, vinculada con la alta guerrilla cubana y los interrogatorios giraron en torno a eso.

¿Cómo vez esta propuesta del ministro de Defensa, Javier García, de autorizar visitas a la cárcel del pueblo?

Ellos por todos los medios están tratando de demostrar la teoría de los dos demonios, que desgraciadamente el propio Tabaré Vázquez habló de ella en un acto del 18 de mayo, pero en realidad esa teoría no existe en Uruguay. Cuando atacan al Partido Comunista, el movimiento tupamaro estaba en sus últimos coletazos. Cristi decía que “con desactivar a 10.000 personas en Uruguay, desaparecía la lucha de clases”. Claro, la lucha de clases no desaparece, pero se refería a que se eliminaba la capacidad de movilización, matar salía muy caro y mataron por brutalidad, apuntaron a una tortura que no dejara huellas, pero quebrara, distinto a lo que hicieron las dictaduras en Argentina, Chile y Brasil que apostaron al exterminio. Ellos reivindican el rol del ejército, como que no tuvieron más remedio que dar el golpe de Estado, como un golpe patriótico.

 

Los demonios en Mameluco

Resulta una ironía que los legítimos dueños de la casa utilizada cómo cárcel del pueblo, integrantes de grupos cristianos de la Teología de la Liberación que reivindican al Jesús que entró látigo en mano al templo de los mercaderes, sean catalogados como uno de los dos demonios.

El debate que se pretende limitar a un revisionismo histórico para deducir un Nunca Más, transita por el peligroso pretil de igualar en una misma etiqueta a una apuesta por la PAZ, construida por pacifistas, una suerte de deconstruidos “pacificadores”.

Peligroso porque termina creyendo en el “relato amable” de los demócratas estadounidenses que condenan a Trump, pero desde la época de Kennedy han alentado cuanta invasión militar consideraran oportunas, o convalidaran el accionar clandestino de la CIA, aunque años después, para expiar sus culpas ante ministros evangelistas, desclasifiquen informes.

Irresponsable porque a pesar de las plegarias “Gandhinistas” del progresismo, el mundo se sigue sumiendo en guerras y autoritarismos violentos.

Tercero porque anhelamos que la Paz haya llegado definitivamente para quedarse, tanto como que sepamos cómo resolver, sin violencia, perder la condición de subyugados.

(*) Ricardo Pose, es Periodista en: Mate Amargo, Caras & Caretas, Ceiba Periodismo con Memoria; Coordinador WEB Telesur; Columnista de El Otro País, periódico España; y radial en Cadena del sol (Rocha-Uruguay), Radio Gráfica de (Bs. As.-Argentina), Voces en Conversa (Maracaibo-Venezuela). Blog personal «El Tábano». Participa en Foros de debates de Lauicom (Universidad de la comunicación Venezuela). Integra la RedH capítulo Uruguay y la Dirección (suplente) del Sector Prensa Escrita de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).

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