Por Alfredo Rada (*)
Las elecciones presidenciales brasileñas han colocado en primer plano un actor que ya no puede considerarse secundario en la disputa por el poder: las grandes corporaciones tecnológicas, conocidas como Big Techs. El bloqueo temporal de la página de Facebook y de la publicidad electoral de Lula da Silva, once días antes de la primera votación, puso de manifiesto la capacidad de Meta, propietaria también de Instagram y WhatsApp, para interrumpir la comunicación de una candidatura sin ofrecer explicaciones. El episodio revela un problema de fondo: empresas privadas administran espacios decisivos para la deliberación pública sin someter sus decisiones a controles democráticos nacionales soberanos. Es una forma de injerencia antidemocrática extranjera.
La primera cuestión es comprender que las redes sociales no son simples vitrinas donde cada candidatura compite en igualdad de condiciones. Son sistemas empresariales que seleccionan, ordenan y distribuyen contenidos mediante algoritmos: conjuntos de instrucciones que determinan qué publicaciones aparecen, a quiénes se muestran y con qué frecuencia. Su objetivo comercial consiste en retener la atención de los usuarios, multiplicar las interacciones y vender publicidad. La consecuencia política es considerable: aquello que provoca indignación, miedo o confrontación puede adquirir una visibilidad superior a la de una explicación razonada, aunque esta última sea socialmente más útil.
Facebook e Instagram no necesitan publicar una instrucción editorial favorable a determinado candidato para influir en una elección. Basta con que sus mecanismos de recomendación, segmentación publicitaria y moderación produzcan efectos desiguales. Además, el microdireccionamiento permite presentar mensajes distintos a grupos específicos de electores, dificultando que periodistas, adversarios y ciudadanos conozcan el conjunto de la propaganda electoral. La plaza pública se fragmenta así en innumerables audiencias, cada una expuesta a versiones parciales de la realidad.
El caso brasileño ofrece ejemplos concretos. El 23 de septiembre, Meta desactivó la página de Facebook de Lula y restringió sus herramientas publicitarias. Tras una reclamación del Partido de los Trabajadores, los servicios fueron restablecidos, sin una explicación pública satisfactoria. En otro episodio, la plataforma suspendió temporalmente el perfil de Instagram del proyecto audiovisual Revelando, que había difundido una investigación sobre presuntos vínculos entre actores financieros, religiosos y políticos. También en este caso la cuenta fue recuperada después de la intervención pública, sin que la empresa aclarara suficientemente lo sucedido.
La opacidad resulta todavía más preocupante cuando se examina la publicidad política. Una prueba de Amnistía Internacional Brasil, realizada con catorce anuncios que contenían desinformación electoral, encontró que Meta aprobó ocho. Entre los materiales rechazados había mensajes que solicitaban una intervención militar, pero varios de ellos superaron los filtros. Otro estudio citado por la revista colombiana Raya, en un buen análisis firmado por Juan Sebastián Lozano, identificó anuncios electorales presuntamente ilegales, incluidos videos generados mediante inteligencia artificial sin la debida identificación. Estos resultados evidencian fallas importantes de supervisión, aunque no permiten concluir, por sí solos, que la empresa favorezca sistemáticamente a una candidatura.
Aquí reside precisamente el núcleo del problema. No disponemos de información suficiente para establecer con certeza si los algoritmos benefician a Flávio Bolsonaro frente a Lula. Pero tampoco existe transparencia adecuada para comprobar que actúan de manera imparcial. La ausencia de pruebas concluyentes no equivale a demostrar neutralidad: significa que una parte decisiva del proceso electoral permanece encerrada en una caja negra corporativa.
La dimensión geopolítica agrava el asunto. Las grandes tecnológicas estadounidenses concentran recursos financieros, infraestructura digital y capacidad de influencia que trascienden las fronteras nacionales. Cuando un gobierno intenta regularlas, sus directivos pueden movilizar campañas contra las nuevas normas y presentar cualquier exigencia de responsabilidad como un ataque a la libertad de expresión. La administración de Donald Trump, además, ha convertido las disputas brasileñas sobre regulación digital en materia de presión comercial y diplomática. De esta manera, la soberanía democrática de Brasil entra en conflicto con intereses corporativos respaldados por el poder internacional estadounidense.
Se necesitan reglas públicas, decisiones motivadas, mecanismos independientes de apelación, auditorías algorítmicas y transparencia sobre los anuncios, sus financiadores y sus destinatarios. Las empresas deben responder por las infracciones que cometan sin convertirse en árbitros exclusivos de la conversación pública. Se necesita también que no existan monopolios transnacionales, que se abra la posibilidad para los países de permitir la operación de otras plataformas digitales desarrolladas por otros países (China, India, Rusia).
Brasil demuestra que regular las plataformas es una tarea urgente, pero también compleja. La libertad de expresión exige proteger tanto a los ciudadanos frente al poder estatal como frente al poder privado que decide qué pueden ver y escuchar. Si las elecciones dependen crecientemente de infraestructuras controladas por corporaciones que nadie eligió y cuyos procedimientos nadie puede examinar, la democracia corre el riesgo de conservar sus urnas mientras pierde el control de las condiciones en que se forma el sentido común social y la voluntad popular. En esa disputa se juega mucho más que una presidencia: está en juego la supervivencia de la democracia como poder efectivo de la ciudadanía.
(Contrapunto)
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
