Por Alfredo Rada (*)
Portada, Marina Cultelli (**)
Cuando un ex capitán del Ejército, Jair Bolsonaro, llegó a la Presidencia de Brasil, parecía que sobre la mayor democracia de América Latina se desataría un vendaval regresivo. Era 2019 y el nuevo gobierno puso en marcha el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares (Pecim), concebido para introducir en las escuelas públicas un modelo donde los docentes conservaban las tareas pedagógicas, mientras militares asumieron funciones de administración, disciplina y conducta estudiantil. El proyecto buscaba presentar la obediencia, la jerarquía y la disciplina castrense como remedios frente a la violencia escolar, la deserción y el supuesto adoctrinamiento izquierdista. Para 2022, alrededor de 200 establecimientos habían adoptado aquel esquema, aunque representaban apenas una fracción del sistema público brasileño. La experiencia, sin embargo, duró prácticamente lo que duró el bolsonarismo en el gobierno. En julio de 2023, Lula da Silva cerró el programa federal y retiró la participación militar, argumentando que no existían evidencias suficientes de una eficacia pedagógica especial, y que no correspondía que las Fuerzas Armadas asuman funciones que corresponden al sistema educativo civil.
La historia no terminó allí. El engendro encontró, en un país mucho más pequeño, un nuevo laboratorio. En El Salvador, Nayib Bukele aplica desde agosto de 2025 la lógica de la disciplina militar al conjunto de las escuelas públicas. Lo hace mediante un nuevo código de conducta que comenzó a regir en unas 5.100 instituciones. Bajo la conducción de la capitana Karla Trigueros al frente del Ministerio de Educación, se establecieron obligaciones cotidianas de saludo, cortesía, presentación personal, uniforme y comportamiento. El incumplimiento acumula deméritos y, al llegar a determinado número, puede impedir la promoción escolar. El argumento oficial vuelve a ser la seguridad: impedir que las pandillas recuperen espacios dentro de los centros educativos. Pero la pregunta democrática es otra: ¿puede una escuela formar ciudadanos libres si convierte la obediencia automática en virtud académica y la disciplina militar en criterio de éxito escolar?
Aquí aparece la diferencia medular entre Brasil y El Salvador. En el país centroamericano, la concentración del poder político, la persecución de opositores y el régimen de excepción han reducido severamente los espacios para la resistencia social e institucional. En Brasil, en cambio, el proyecto ultraconservador encontró sindicatos, comunidades educativas, movimientos ciudadanos, legisladores y tribunales dispuestos a disputar sus fundamentos. Esa diferencia importa porque la defensa de la educación democrática no se reduce a decidir qué uniforme utiliza un estudiante: supone determinar quién tiene autoridad para definir los contenidos, qué libertad conserva el docente y si el aula puede convertirse en territorio de vigilancia ideológica.
La reciente decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) del Brasil constituye, en ese sentido, una derrota constitucional de mayor alcance. El STF declaró por unanimidad inconstitucional una ley municipal de Paraná que implantaba el programa Escola Sem Partido, otra de las banderas culturales de la extrema derecha bolsonarista. La Corte sostuvo que los municipios no pueden alterar por su cuenta las reglas nacionales de educación y, sobre todo, consideró incompatible con la Constitución una prohibición genérica de contenidos supuestamente adoctrinadores, porque amenaza la libertad docente, persigue profesores y debilita el pluralismo de ideas.
No es un detalle jurídico. Es una definición sobre la democracia. Una escuela verdaderamente neutral no es aquella que silencia la política, sino aquella que permite conocer distintas ideas, contrastarlas y formar criterio propio. Pretender expulsar la política del aula suele significar, en realidad, expulsar determinadas ideas para dejar intactas otras. Por eso resulta significativo que, en una encuesta de Ágora Consultores, encargada y publicada por el Instituto Conhecimento Liberta, de febrero de 2026, 73% de los brasileños respalda que las escuelas enseñen política y cuestiones sociales.
Brasil llega así a la recta final de las elecciones de octubre con una disputa que excede las urnas. El bolsonarismo puede conservar votos, candidaturas y capacidad de movilización; lo que ha perdido es una parte importante de la batalla cultural por definir qué debe entenderse como educación. Y esa derrota constitucional contiene una lección continental: cuando la escuela deja de enseñar a obedecer y comienza a enseñar a pensar, el autoritarismo descubre que su mayor contendor no siempre está en las calles. A veces está sentado, lápiz en mano, en el pupitre de una escuela.
(tomado de contrapunto)
(*) Alfredo Rada, economista, asesor sindical, investigador, comunicador y docente boliviano con estudios en sociología. Fue viceministro y ministro. Es autor de varios libros y publicaciones.
(**) Marina Cultelli, Es una de las artistas uruguayas contemporáneas más versátiles, integrante de la RedH y de su colectivo feminista Libertadoras. Es Licenciada en Artes Escénicas, Magister y fue Profesora en Facultad de Artes (UDELAR), donde integró órganos directivos además de dictar cursos en otras universidades latinoamericanas. Recibió premios nacionales e internacionales. Fue Asesora en Educación y Arte. Desarrolló trayectoria teatral y es autora de varias publicaciones individuales y colectivas. Realizó exposiciones de pintura y performances.
