Lejos de la Liberación Nacional y el Socialismo

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En setiembre de 1815 Jose Artigas dictaba el Reglamento de Tierras, primer intento de una reforma agraria y de justicia social para la gente del campo. Las clases dominantes se encargaron del olvido y destrucción de las pocas acciones que se pudieron hacer.

Los pobres del medio rural quedaron en el ostracismo durante más de un siglo. Fue hace 50 años con la figura de Raúl Sendic que parte de la izquierda de nuestro país retoma las banderas de la lucha en el medio rural. Es así que comienza a discutirse en la ciudad temas como la pobreza extrema de los peones rurales, la necesidad de lucha contra el latifundio, la Reforma Agraria y la idea de la soberanía nacional sobre nuestra tierra. La llegada al gobierno en el 2005 del Frente Amplio parecía ser uno de los pasos más importantes en la continuidad y avance para el logro de estos objetivos. Sin embargo veamos lo que pasó.

En los últimos años se produjo en nuestro país un fuerte proceso de concentración de la tierra de donde se genera el 13% del PBI. La apropiación de capitales extranjeros de nuestros mejores campos ha sido una constante, como parte de un proceso mayor de apropiación de nuestros medios de producción estratégicos (más del 60% de los frigoríficos, molinos arroceros, industria forestal, etc.). Es pura concentración de capital realizado en tierra, en algunos casos con fines productivos de alta rentabilidad (forestación, soja) en otros con fines inmobiliarios y especulativos.

También existe un fuerte proceso de arrendamientos de campos, los cuales son explotados “al máximo” con sistemas poco amigables con el ambiente y luego son devueltos con la pérdida de suelo y fertilidad correspondiente. La soja se destaca en este proceso y fundamentalmente son capitales argentinos lo que desarrollan el cultivo. Hoy es el rubro de mayor crecimiento en el país y de menor generación de puestos de trabajo. Aún estamos averiguando que ganancia dejan al país.

El proceso de concentración de tierra produce expulsión de los habitantes del campo en dirección a los centros poblados, generando desarraigo y pobreza. Estamos en un escaso 8 % de población rural, según datos de hace más de 10 años. Llamativamente se demoran los datos del Censo Agropecuario que mostrarían la dimensión de la pérdida de productores. Se compromete así buena parte de nuestra capacidad de producir alimentos en una visión estratégica, ya que nos estamos quedando sin los agricultores que lo saben hacer. Los propios organismos de las Naciones Unidas han advertido las implicancias negativas de este “acaparamiento de tierras” a nivel mundial.

La respuesta del gobierno ante esta situación es el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). En sus argumentos la Ley reconoce lo negativo de la concentración de tierras y sus efectos, pero luego en el texto de la misma no existen medidas contra ese acaparamiento y de ninguna manera se lo desalienta. Lo que presenta esta ley es una convivencia con la excesiva concentración de tierras. Al decir del presidente “me pagan unos pesitos…” y se les devuelve, según expresa el texto “a las empresas en obras de infraestructura”. El resultado es mayores y mejores garantías a quienes quieran invertir comprándonos nuestro principal recurso. Los países que no quieren que suceda la concentración de tierras, lo primero que hacen es limitar por ley la superficie. Por ejemplo, Brasil pone las 5000 há, Argentina las 1500 Há, y así podríamos seguir incluyendo al propio EEUU.

Este proceso inverso de reforma agraria, paradójicamente se produjo básicamente durante nuestro gobierno (2005 – 2012). Esto acompañado de que aún subsisten las Sociedades Anónimas propietarias de tierras. Se compromete así, la capacidad de lograr la soberanía alimentaria, entendiendo a la misma como la capacidad de los pueblos de elegir y producir sus alimentos para satisfacer sus necesidades. Para ello precisamos tres condiciones: la primera poseer tierra y que esté disponible para ser trabajada. Es la función social de la tierra. Es necesario contar con los trabajadores del medio rural, asalariados y agricultores familiares con sus capacidades y saberes. Y por último, capital disponible para financiar los planes de producción.

Si no logramos que el Estado por medio de nuestro gobierno intervenga a favor de los más pobres y en función de los intereses de las mayorías, estaremos perdiendo buena parte de nuestra soberanía. Hoy es imprescindible que se arbitre un equilibrio entre el agronegocio (cuyo principal objetivo es el afán de lucro concentrador de la riqueza) y la Agricultura Familiar, la cual en su propia constitución es distributiva al estar integrada por miles de productores nacionales. No parece lógico que las empresas del agronegocio fumiguen con agrotóxicos hasta las escuelas rurales y se los exonere del pago del impuesto a primaria. Que se firme un acuerdo secreto con la transnacional Montes del Plata, brindándole privilegios. Hoy el MGAP rechaza las ayudas de los organismos especializados en la lucha a la pobreza rural y acepta las del Banco Mundial y BID, siendo éstas las más condicionantes de nuestra soberanía. Tampoco parece lógico que al INC no se le den los fondos necesarios dejándolo en un rol testimonial.

Llevamos más de un siglo donde los grandes dueños de la tierra, montan su fiesta anual en la Rural del Prado y dictan la política hacia el sector agropecuario. Esto no ha cambiado en estos años de gobierno del Frente Amplio, continúan yendo todos los ministros de ganadería, prolijamente a rendir cuentas al tinglado de la ARU y a recibir las directivas para el año siguiente. Fueron los del gobierno de Vázquez y en el actual para ahorrar trámites, se nombró directamente a uno de sus representantes. Ahora se dice que “cuando el campo le va bien, le va bien al país”, pero detrás de esto se esconde que mientras a los grandes capitales le va muy bien y amasan fortunas que sacan del país, en el otro lado los pobres con suerte llegan a un salario de miseria. Parece ser que la máxima propuesta del gobierno para los uruguayos del campo es que sean trabajadores dependientes del gran capital.

El camino del ideario Artiguista sigue esperando, los trabajadores del medio rural solo acceden a un trabajo, normalmente de malas condiciones laborales y mal remunerado (¡y con eso superar el umbral de la línea de pobreza!), ni hablar de llegar a obtener algo de la riqueza que generan. La superficie del territorio nacional, entre zonas francas y venta de campos a transnacionales se reduce. El gobierno en ancas de los buenos precios de los comodities, le responde al capitalismo con más capitalismo. Dudamos que éste sea el camino hacia la liberación nacional y el socialismo.

Por: Antonio Vadell

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