Paysandú entre la emergencia y la expansión de la UdelaR

Por Darío Rodríguez

En los últimos días, tres asuntos ocuparon la agenda informativa en Paysandú. La presencia del Consejo Directivo Central (CDC) de la UdelaR, el cierre del vertedero municipal y el planteo realizado por diputados de la oposición, de los departamentos litoraleños, reclamando medidas ante la emergencia socioeconómica regional, acapararon todas las miradas.

El martes pasado, la jornada se inició en la mañana con una recorrida de miembros del CDC, intendente Nicolás Olivera y otros funcionarios, más docentes, estudiantes y funcionarios del Centro Universitario local (CENUR) por la Estación Experimental Mario Cassinoni. Luego se verificó visita al ex corralón municipal para, finalmente, dar paso a la sesión abierta del órgano de conducción universitaria con posterior rendición de cuentas a cargo del rector Rodrigo Arim. En el espacio Gobbi, el jerarca explicó, luego de dar cuenta del uso de los recursos asignados, que para la próxima rendición de cuentas (RC), ultima de este gobierno, se procuran recursos para fortalecer las funciones universitarias. “Es necesario recuperar terreno perdido. Priorizamos la recuperación salarial” , por ello se pretende una partida del 5% para el ejercicio siguiente.

El impresionante crecimiento matricular en el interior (unos 20 mil estudiantes) llevó a solicitar una partida de 380 millones de pesos para dichos territorios, aclarando que “no son fortunas si pensamos en lo que podemos lograr”. Potenciar sistema de becas para alcanzar al estudiantado más vulnerable es una de las apuestas. Está pensado, pese a las restricciones, concretar el Cenur Suroeste entre Colonia y Soriano. Infinidad de otras propuestas, en perspectiva país, tales como refuncionalización del Hospital de Clínicas, programa sobre cuidado de los recursos hídricos y la creación de un laboratorio en Bionanofarma en conjunto con la República Popular China requieren financiación. En total, piden, unos 133 millones de dólares.

En Paysandú, con una inscripción anual de 2 mil estudiantes, (8 mil cursando) la Intendencia donó -.con anuencia unánime de la Junta-, el céntrico predio de unas 2 hectáreas y un valor aproximado de 2 millones de dólares, en que funcionaba el corralón municipal. En dicho predio, la UdelaR levantará la nueva sede, aunque para construirla de un solo tirón requiere un refuerzo presupuestal de unos 5 millones de dólares que fueron incluidos en la solicitud. Habría voluntad política de completar financiación.

En el 2021, en forma inaudita, el gobierno asignó 294 millones de pesos a la Intendencia con destino al nuevo edificio cuando debió pasarlo directamente a la UdelaR. Acá se ve un costado meramente electoral. Una cifra similar pone la Institución por lo que resta un 25 de la financiación que se aspira conseguir en esta próxima RC. Se estima un costo total, aproximado de 15 millones de dólares.

La UdelaR levantará un edificio de 4 pisos, ampliable, sobre la calle Zorrilla y reciclará las construcciones recostadas sobre Luis A de Herrera. De hecho, se generará en la zona una nueva centralidad en la ciudad con neto corte universitario ya que en las inmediaciones se ubica El Hospital (sitio de prácticas de las carreras de la salud) y el Complejo educativo, en la ex terminal de ómnibus, compartido con UTU.

El director de Arquitectura de la UdelaR, Horacio Flora, reseñó las características del nuevo proyecto edilicio a implantarse en predio “excelentemente ubicado” y con algunas construcciones. Las obras proyectadas abarcarán 7 mil metros cuadrados.

En esta parte del territorio, con notorio crecimiento matricular, se despliega íntegra la carrera de medicina, infinidad de formaciones y variadas actividades de investigación en interacción con la comunidad. La confirmación de la construcción, en un departamento con enormes problemas laborales, que muda de industrial a turístico y universitario, es una noticia gratificante. Entre otras cosas mitiga la iniquidad de acceso a la UdelaR.

Hoy, sobre la calle Zorrilla, se despliega desde hace muchísimos años, una feria, cuyos puesteros deben salir de allí. La UdelaR podría contribuir a que la Intendencia encuentre una solución de traslado en acuerdo con los involucrados y no se haga el proceso en forma inconsulta. Intendente ha dicho que aún no hay propuesta.

¿Con todos?

El menú estuvo pautado por la ratificación del cierre del vertedero municipal, a cielo abierto, y el funcionamiento de una planta que, entre otras cosas, clasifica residuos domiciliarios, encapsula y entierra lo descartable. Al amparo de la ley de Gestión Integral de Residuos, con una inversión cercana a los 3.5 millones de dólares, la Intendencia dará tratamiento a las 200 toneladas diarias de residuos que su población genera. En la normativa se habla de dar un salto “cualitativo, impulsando una gestión sólida, resiliente, inclusiva y moderada”. Tras sanción de la ley, el Ministerio de Ambiente presentó, ya con el nuevo gobierno en funciones, un Plan Nacional de Gestión de Residuos. El mencionado instrumento tiene diez ejes; siendo uno de ellos la “inclusión social y formalización del sector”.

La gestión de la nueva planta la Comuna se la entregó a una empresa privada, Sindeco, sin que, -salvo los recicladores con escasa organización y capacidad de incidencia- hubiera mayores resistencias. Días pasados, autoridades departamentales y del Ministerio de Ambiente recorrieron el sitio de la nueva planta para verificar avances. Se estima esté operativa en algunas semanas.

Más allá que el vertedero era lo que estaba validado, el de Paysandú era una fuente de problemas, accidentes, pésimas condiciones de trabajo, contaminación y otras vicisitudes; entre ellas fenómenos de violencia que incluyeron alguna muerte. Al suscribir convenio con ministro de Ambiente, Robert Bouvier, Olivera afirmó que “fruto de ese desmadre también se generó un asentamiento habitado por gente que vive al lado de la basura”. Según el funcionario se iniciaría un proceso “virtuoso” con un “aporte más que significativo” del Ministerio y los otros involucrados. En tales circunstancias decenas de familias viven de lo que allí juntan y clasifican. Existe escasa información sobre cuál será la suerte de las mismas. Se presupone que la Intendencia las tiene censadas, que ha realizado un fuerte trabajo social y dispone de un plan de inserción (incluyendo vivienda) como prevé la ley. Pero nada se sabe, más allá de la declaración de buenas intenciones.

Ayer crucé la frontera

El impacto de la diferencia cambiaria con Argentina y la aplicación de una política económica concentradora acumula unos 25 mil desempleados en el litoral. Seis mil de ellos viven en Paysandú, donde la Intendencia, -que como todas espera la llegada de los flacos jornales solidarios-, dispone de un fideicomiso, de hasta 25 millones de dólares para ejecutar proyectos de diversa naturaleza. El mismo tiene 1.5 millones de dólares para mitigar el desempleo, pero el intendente no los ejecuta.

Días pasados los diputados del FA de la región, Nicolás Lorenzo (Artigas); Alvaro Lima (Salto), Martín Pitteta (Paysandú), Sylvia Ibargoyen (Río Negro), en conferencia de prensa, en el Parlamento se refirieron a la “compleja y devastadora coyuntura comercial y económica que viene afectando en forma gradual y progresiva, con graves consecuencias” la región. Reclamaron por la ausencia “de medidas sustanciales y de fondo que se aproximen a un plan de políticas de frontera largamente reclamada por la fuerza política”. La crisis se refleja en despidos, envíos al seguro de paro, cierre de negocios (de poco más de 5 mil empresas sanduceras, 86% son pequeños), aumento de pobreza y decenas de compatriotas volqueteando. Por ello el desempleo regional supera la media nacional. La bancada exigió estudiar el proyecto de ley “Protección Integral de las Zonas Fronteras” presentado en octubre del 21 que duerme el sueño de los justos. Pidieron aumentar hasta el tope legal el descuento en la venta de combustibles en la zona, instrumentar la micro importación, además de políticas públicas para generar empleos, alivios fiscales para mipymes, estímulos a comercios locales, creación de institucionalidad. Se conoce el dato que ya 2 mil compatriotas litoraleños se fueron a vivir a la vecina provincia de Entre Ríos. “No podemos permanecer pasivos ante la gravedad de la coyuntura existente” indicaron los legisladores. La crisis, tiene paralelismo, con el aciago 2002. Por otra parte, respaldaron al intendente Andrés Lima ante ataque del secretario de Presidencia Alvaro Delgado, culpándolo de no propiciar condiciones para generar empleos e inversiones. Creen que existe “un gobierno nacional insensible y ausente pese a la insistencia y reclamos permanentes de toda la sociedad uruguaya”.

En una suerte de delay, el gobierno adoptó tibias medidas para la región litoraleña. Se venía de la ley de Frontera que había otorgado beneficios fiscales a empresas y monotributistas por ciertos periodos. En las nuevas medidas gubernamentales, se incorpora el planteo del FA de aumentar al 40 % el descuento del IMESI a las naftas expedidas en la frontera. Entre el paquete figuran que las farmacias del litoral tendrán beneficios (de un 30%, un par de días a la semana) que mitigan las diferencias cambiarias con Argentina mediante uso de tarjetas. (No todos acceden a ellas) Conviene señalar que una porción de los uruguayos usa servicios médicos, odontológicos, farmacéuticos que trascienden el surtido mensual. Un aspecto más sustancial, aunque transitorio, tiene que ver con subsidios, entre 60 y 80%, para empresas de Soriano, Rio Negro, Paysandú, Salto y Artigas, que tomen personal; se tiene en cuenta edad y sexo. El monto máximo de subsidio es, por cada persona que se contrate, de hasta 33 mil 789 pesos. Lo de la micro importación y el desarrollo de una política de frontera quedó en el freezer. Se descartó implementar el cero kilo. De todas maneras, el director de Adunas, Jaime Borgiani, señaló por estos lares que se apretarán los controles en los pasos fronterizos. No se permitirá superar el pasaje de los 5 kilos por persona, cada 15 días. Hasta estos últimos días los controles en los puentes eran bastante lábiles. El apriete será fuente de conflicto e irritabilidad de la gente. Las medidas, tras dos años de espera, tienen olor a poquito.

La realidad desmiente a los voceros gubernamentales que sostienen que el Partido Nacional, es el partido campero, del interior. En estos tres años se ve poca inversión, aumento del desempleo y recortes presupuestales que impactan en la calidad de vida de los más jodidos. Por lo pronto, la descentralización universitaria viene a poner un halo de esperanza.