Economiapolitica.uy *
Héctor Tajam **
Dibujo Prof. Adán Iglesias Toledo ***
El año 2026 comenzó trágicamente. La agresión militar de EEUU a Venezuela, secuestrando a su Presidente e instalando una intervención continuada en su política interna, inició nuevos tiempos para el continente latinoamericano, prácticamente secuestrando su soberanía. En ese marco de inestabilidad y de profunda división ante el agresor, los gobiernos del continente optan por salir a vender al exterior sus recursos naturales, y los humanos que los transforman, al mejor postor, mediante acuerdos comerciales y alicientes a la inversión extranjera. El cuarto gobierno frenteamplista, desde el comienzo de su mandato en marzo 2025, continuó la apuesta al crecimiento económico mediante la promoción de la inversión extranjera directa[i], la apertura de mercados (acuerdos con la Unión Europea y China), el manejo del dólar como política de estabilización de precios, e innovó con la localización del Impuesto Mínimo Global a las Empresas Transnacionales en la búsqueda de recursos presupuestales para financiar políticas inclusivas.
Finalmente, el Presupuesto Nacional 2025-2030 se aprobó en diciembre del año pasado, con una impronta muy diferente al gobierno multicolor anterior en lo que hace al gasto público social, destacándose la atención a la infancia y la adolescencia, la vulnerabilidad social, la salud y la seguridad. Clasificado el gasto por organismo, el 25% fue destinado a la educación pública (ANEP), 16% al INAU (Instituto del Niño y el Adolescente), 15% al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entre los más relevantes. Ello implicará un aumento del gasto público de 140 millones de dólares en 2025, que aumentaría gradualmente hasta 240 millones en 2029, dentro de un rumbo de reducción del déficit fiscal en un monto aproximado de 500 millones de dólares.
En un principio se estimó que el presupuesto se financiaría con los recursos generados por el crecimiento económico, en una suerte de derrame institucional. Pero con la constatación de una situación fiscal peor a la esperada, y en un debate sobre la pertinencia, o no, de elevar impuestos (en particular sobre la riqueza acumulada), el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) se decidió por implementar el aporte local del impuesto a la renta de empresas transnacionales que operan en nuestro país, denominado Impuesto Mínimo Global, y que de otra manera lo pagarían donde se ubican sus casas matrices. La recaudación esperada por este impuesto oscilaría entre 400 y 600 millones de dólares anuales.
El Presupuesto 2025-2029 se sostiene sobre un crecimiento económico, medido por un aumento del Producto Interno Bruto (PIB), de 12,8% entre 2025 y 2029, lo que significa una tasa de crecimiento acumulativa anual de 2,4%. Un pronóstico que duplica el resultado alcanzado en los 5 años del gobierno multicolor – 6,4% en el período y tasa anual de 1,3%. Pero lamentablemente la realidad no transcurre de acuerdo con las proyecciones. El BCU (Banco central del Uruguay) aún no ha publicado los resultados de la actividad económica al cierre de 2025, pero dispone de un indicador mensual, el Índice de Actividad Económica Mensual (IMAE), que ya alerta sobre un desacople con las proyecciones presupuestales: a diciembre de 2025 el PIB crece al ritmo de 1,8% promedio anual. A su vez la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de la ONU) y el Banco Mundial preveen también desempeños inferiores a los esperados, así como las encuestas de expectativas del BCU y el Índice Líder CERES, que mostramos en el cuadro adjunto. En ese marco el MEF ha disminuido sus propias expectativas, por lo cual sería importante la puesta en práctica de políticas activas sobre la utilización y asignación de los recursos humanos y materiales con que cuenta nuestro territorio, en lugar de solamente preparar el terreno para el desempeño de la inversión privada.
En este escenario el empleo ha sido, en su medición global, una variable que ha evolucionado favorablemente. De acuerdo con los Informes Técnicos del INE (Instituto Nacional de Estadística), entre diciembre y febrero 2025 (mes anterior a la asunción del Presidente Yamandú Orsi), el empleo creció 1,5%, lo que se tradujo en 25.900 puestos de trabajo adicionales. A su vez mejoró notoriamente la formalidad en dicho aumento, en la medida en que los mayores empleos sin restricciones explican casi la totalidad de la mejora en el campo laboral. Ahora bien, debemos tener en cuenta que esta característica se explica porque la mayor creación de empleo se dio en sectores donde la formalización del empleo es mayor, como la administración pública, la enseñanza, las comunicaciones y las actividades profesionales. En los sectores de la producción material (agro e industria) y en las principales actividades de servicios (comercio, transporte, restaurantes y hoteles) la disminución del empleo fue importante, lo que nos está marcando donde se está enlenteciendo la economía nacional.
La información del INE sobre el desempeño de la industria manufacturera lo confirma, pero con un detalle adicional, la pérdida de puestos de trabajo se asocia con un aumento de las horas trabajadas, revelando una extensión de la jornada laboral. La productividad aumenta por personal ocupado y por hora trabajada, pero esto no parece contemplar la disminución de competitividad que está alegando el empresariado que reduce personal abruptamente, sin notificación previa, o que cierra industrias de viernes para lunes. Los recientes casos de la tecnológica SABRE Corp. ubicada en Zonamérica, y de la Cervecería y Maltería Paysandú, que produce Norteña, de la transnacional AMBEV, son ejemplos recientes de estas situaciones.
La mejora en el empleo ha mejorado el ingreso de los hogares uruguayos en los nueves meses del gobierno presidido por Yamandú Orsi. En efecto, comparado con igual período del año anterior el aumento alcanzó un 2,6%, con un mejor guarismo en las localidades del interior del país. Para el salario, al mes de enero 2026, ya integrado el ajuste anual de enero (en promedio 3,2%), el salario real registró un aumento de 2,3% respecto a febrero 2025 (mes anterior al comienzo del actual gobierno), con especial énfasis en productos de la madera (+ 6,2%) y las telecomunicaciones en el sector privado (+6,8%), y en los gobiernos departamentales en el sector público.
En términos de poder adquisitivo también son relevantes los ajustes en el Monto no Imponible (MNI) y en las franjas del IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) y del IASS (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social) que se suceden a través del ajuste de su unidad de medida, la BPC (Base Prestaciones y Contribuciones). En esta ocasión se ajustó la BPC por la variación del IPC más un 20%, como lo permite la ley N° 17.856 (art.4°), regresando a los parámetros de los anteriores gobiernos frenteamplistas. De esta manera el MNI, es decir el salario líquido por debajo del cual no se paga IRPF, aumentó a $ 48.048.
Este aumento no va a tener consecuencias importantes más allá de lo que significan el IRPF y el IASS para los ingresos de trabajadores, jubilados y pensionistas. Para el caso hemos utilizado los simuladores de la DGI (Dirección General Impositiva), sobre una muestra de ingresos que para enero 2026 hemos ajustado por el aumento de la Pauta Salarial propuesta para la 11ª Ronda de Salarios, y por el aumento a los ingresos de jubilados y pensionistas, estos últimos sí ya definidos. Como podemos apreciar en el Anexo, la importancia del IRPF en el salario líquido prácticamente no varía. Lo mismo sucede con los ingresos por jubilaciones y pensiones afectados por el IASS, que para 2026 hemos ajustado en un 6%.
En conclusión, un año 2026 decisivo, con un Presupuesto votado bajo expectativas de crecimiento económico superiores a los que la realidad va dibujando, y un entorno económico con empleo superior y mayor formalidad pero en retroceso en la producción material, con ingresos salariales reales superiores a partir del ajuste de enero (en promedio 3,2%), y una política económica que continuando lo ejes centrales del modelo macroeconómico del quinquenio anterior nos sitúa en una creciente dependencia del mundo exterior, incluso en el aspecto fiscal (Impuesto Mínimo Global Complementario) y en la estabilidad de precios (dependencia del dólar). Los acuerdos Mercosur-UE y Uruguay-China pueden cambiar algo el panorama para la industria exportadora ya instalada, pero también puede aumentar nuestros grados de dependencia exterior, incluso una mayor extranjerización del sistema productivo.
Se vuelve indispensable la coordinación de políticas entre los diferentes niveles decisorios de gobierno – agro, industria, empresas públicas, transporte y obras públicas, planificación – con un ministerio de economía que “aliviane” el corsé del “país en orden”, previsible para que “el sector privado pueda tomar sus decisiones con tranquilidad”[ii], para recuperar un nivel de decisiones propias sobre el manejo y la utilización de nuestros recursos naturales y humanos, con visión estratégica en la construcción de soberanía económica. Y cuando de productividad se trate, reforzar el apoyo a los trabajadores, los verdaderos constructores del valor agregado nacional, no solamente en capacidades sino en estímulos que retribuyan y respeten su trabajo como se debe.
(*) EconomiaPolitica.uy es un Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Política.
(**) Héctor Tajam es Economista, Director del Programa EconomiaPolitica.uy y Columnista de Mate Amargo. Fue Diputado (2005/10) y Senador (2010/15) por el MPP – Frente Amplio. Miembro del Capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RedH)
(***) Prof. Adán Iglesias Toledo, Director del Medio humorístico DEDETE del Periódico Juventud Rebelde, miembro de la UNEAC. Colabora con varios medios de prensa en su país y en el extranjero.
ANEXO
[i] “El objetivo de la política económica es consolidar un aumento de la tasa de inversión en relación con el PIB y reforzar la posición de Uruguay como un destino atractivo y confiable para la atracción de capitales. En esta línea, el gobierno está desarrollando diversas iniciativas orientadas a fomentar la inversión y mejorar el clima de inversiones. No obstante, adoptando un enfoque prudente, las proyecciones que sustentan la presente Ley de Presupuesto, consideran efectos reducidos para estas iniciativas”– Perspectivas Macroeconómicas Uruguay 2025-2029, Presupuesto Nacional 2025-2029.
[ii] Conferencia de prensa del ministro Gabriel Odonne el 27 de febrero pasado.
