Por Juca Simonard
Un grupo de vecinos de Roraima, que por razones de seguridad decidieron no ser identificados, acusan a Jair Bolsonaro (PL), al gobernador de Roraima, Antonio Denarium (PP) y al entonces ministro de Justicia y actual senador Sergio Moro (União Brasil) de haber promovido un genocidio contra los Yanomami.
Recuerdan que Moro presentó el Proyecto de Ley 191/2020 que regulaba la explotación de oro en tierras indígenas, permitiendo a Bolsonaro presentar propuestas de exploración minera, desconociendo las audiencias y negaciones de los pueblos indígenas sobre la explotación. La fracción II, artículo 14, capítulo V de la PL señala que:
“La solicitud de autorización podrá presentarse con declaración en contrario de las comunidades indígenas afectadas, siempre que sea motivada”.
La introducción de la parte “siempre que sea motivada” permitió al gobierno facilitar la explotación en tierras indígenas, lo cual, según los querellantes, es inconstitucional. Además, el aumento de madereros y mineros en el Territorio Indígena Yanomami habría incrementado la propagación de enfermedades derivadas de los efectos de las intervenciones depredadoras.
El uso de mercurio en la prospección de oro en minas clandestinas ha sido responsable de la contaminación de los ríos y, en consecuencia, de la principal fuente de alimentación de los yanomami, provocando desnutrición severa, enfermedades cardíacas y muerte. La deforestación, a su vez, contribuyó a la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, que ya no dependían de la selva amazónica como fuente secundaria de alimentos, con una disponibilidad reducida de caza y poniendo en peligro la agricultura de subsistencia.
Según la denuncia penal enviada al Procurador General de la República (PGR) Augusto Aras, el gobernador de Roraima, Antonio Denarium, así como el senador Mecias de Jesus (republicanos) y otros legisladores estatales, habrían sido cómplices del proyecto de Moro y de Bolsonaro. Se pide una investigación imparcial y rigurosa por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, sobre el genocidio.
Los actos de genocidio tipificados en el Estatuto de Roma de la CPI y, también, en la Ley Penal brasileña, van más allá de los comportamientos que caracterizan las agresiones que conducen al resultado de la muerte. El estatuto de la CPI establece, en su artículo 6, que la práctica de “sometimiento intencional del grupo a condiciones de vida con miras a provocar su destrucción física, total o parcial”, se caracteriza como genocidio”.
“Es una forma de genocidio que se refiere a la destrucción de un grupo a través de una ‘muerte lenta’ y, entre los métodos utilizados, se pueden mencionar la privación de nutrientes (alimentos y agua) a sus miembros, la expulsión sistemática de sus hogares y la reducción de los servicios médicos esenciales por debajo de las condiciones mínimas de vida, además de someterlos a trabajo excesivo o esfuerzo físico extenuante”, dice la noticia, en un comunicado enviado a “Brasil 247”.
El comunicado denuncia que “el escenario de desnutrición endémica y abandono en las acciones de salud que se conoce hoy, revela claramente un método que se utiliza para aniquilar físicamente al Pueblo Yanomami y permitir, con su potencial destructivo de la etnia, la ocupación de la zona. por la minería ilegal y depredadora”. Según informaciones periodísticas, el genocidio de los yanomami en Roraima siempre ha sido “un proyecto político destinado a apropiarse de las riquezas al resguardo indígena a través de la estrategia de utilizar el genocidio como una forma de ocupación del territorio por parte de buscadores y madereros ilegales”.
Los agentes del ‘genocidio’
Según ellos, el exministro Moro fue “el cerebro legal detrás del genocidio, y fue el autor de los proyectos de ley federales destinados a autorizar la minería en las reservas indígenas”, mientras que Bolsonaro “en todo momento declaró que los Pueblos Originarios eran un ‘obstáculo al desarrollo de Roraima’”.
En lo que a él respecta, el senador Mecías de Jesús, quien encabeza la agrupación política que opera en Roraima, “actuó como escudo del brazo operativo del IBAMA y FUNAI, desmovilizando las fuerzas de inspección de estos cuerpos y siendo el articulador de la omisión. de políticas de salud completamente abandonadas por el DSEI-Y [Distrito Sanitario Especial Indígena – Yanomami], organismo controlado por el senador”.
El gobernador Denarium habría facilitado los medios legales y físicos para la ocupación de tierras indígenas por parte de buscadores, “habiendo presentado proyectos de ley de su propia autoría para permitir el uso de mercurio en la minería y también para evitar acciones de inspección”.
“El 08/02/2021 fue sancionada y publicada la Ley Estatal nº 1.453/202121, por iniciativa del Gobernador Antonio Denarium, que autorizó el uso de mercurio en la minería aurífera, además de simplificar todo el proceso de licenciamiento ambiental, potenciando espantosamente la ocupación de la zona indígena por buscadores de oro”, denuncia el noticiero.
“Por otro lado, para permitir el proyecto de progresiva desatención de la fiscalización de la minería ilegal, la Asamblea aprobó otra ley también por iniciativa del gobernador Antonio Denarium, la Ley Estatal N° de la Minería”, puntualiza.
Aun así, el ahora ministro del Tribunal de Cuentas Federal (TCU) y entonces diputado federal Jonathan de Jesús, hijo de Mecías, “actuó directamente a cargo del DSEI-Y, asegurando que no se implementaran acciones de salud indígena”, según el comunicado; y el concejal Ítalo Otávio, de Boa Vista (RR), propusieron una ley municipal para impedir que los no residentes en el municipio sean atendidos en el hospital de la capital, dejando a los indígenas excluidos del único hospital de referencia en el estado de Roraima.
“Los miembros del TCU y los Coordinadores del DSEI-Y dejaron de actuar en sus funciones de regulación y fiscalización para permitir que se consumara el Genocidio Yanomami como consecuencia de su abandono”, afirman. “El pueblo yanomami quedó vulnerable y expuesto al genocidio por parte de los actores políticos involucrados en este proyecto. La desnutrición endémica y el abandono de la atención médica revelan un claro método que se está utilizando para aniquilar físicamente al pueblo yanomami y permitir que la minería ilegal y depredadora ocupe la zona”, señalan.
“El descuido en hacer cumplir las leyes contra la minería y el fomento de la tala deliberada no fue suficiente para construir el resultado final de apropiación de la riqueza; era necesario aniquilar físicamente al pueblo yanomami para permitir la explotación ilegal y depredadora de la zona”.
“La gravedad que representa el crimen de Genocidio de los Yanomami como una conducta que, al tiempo que expone al Pueblo Originario a la potencial desaparición y aniquilamiento, afecta a la humanidad en su conjunto dada su monstruosidad que realza la necesidad de que el castigo riguroso surja como medida de repudio y condena de toda la comunidad internacional, justificando así la atribución de la CPI – Corte Penal Internacional”.
Secreto de Justicia
La notificación penal (PGR-00098945/2023) fue presentada ante la PGR el 15 de marzo. El día 17, fue recibida y remitida a la Oficina de Expedientes de la agencia y, luego, el mismo día, a la Asesoría Especial jurídica criminal, según material enviado por fuentes a “Brasil 247”.
Traducción: Mate Amargo
Tomado de: Brasil 247 29/3/2023
