Por Octavio Echeverria Alfaro.
Asamblea Comunal de Copiapó
Han pasado poco más de tres meses de la derrota en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, y ya viene siendo hora de que las izquierdas empiecen a hacer política fuera del fantasma del 62%. No más política en la medida de lo posible. Para eso es necesario también dejar atrás el cambio constitucional como centro de la transformación posible en el corto y mediano plazo.
El problema constitucional en Chile se viene tratando desde hace varias décadas, tanto desde el campo académico, conceptualizado herencias autoritarias, cerrojos, candados y trampas constitucionales, como en el campo político, ilegitimidad de origen y reformas de maquillaje, y en el campo social, la demanda por el cambio constitucional vía asamblea constituyente se inaugura a comienzos de los 80s. No es menor la relación que se observa, en la cual la demanda social por nueva constitución va creciendo en la misma medida que crece el malestar y la conflictividad social derivada de las consecuencias de la modernización neoliberal y su administración política. El ciclo de protestas inaugurado en 2006 con la movilización pingüina y que tiene como último hito la revuelta popular de 2019, puede ser leído bajo la síntesis que desde una sociedad rota posiciona a partir diversos ángulos una nueva constitución como base para empezar a “sanar y rehabilitar el cuerpo social quebrado”.
Lo que fue cerrado el día 4 de septiembre fue el momento constituyente con ímpetu democratizador abierto por la revuelta de octubre y administrado por la política tradicional en el acuerdo del 15 de noviembre, a su vez que la discusión constitucional fue clausurada para el resto de la sociedad, alojándose como un problema estrictamente de las elites político económicas. Son las vanguardias elitarias de los sectores políticos y empresariales las que necesitaban resolver en el corto plazo el problema constitucional y la incertidumbre generalizada, en función de una constitución – la del 80 – políticamente muerta y un sistema económico estancado. Pero el resultado del 4 de septiembre no quiere decir que el reflujo conservador renovó la legitimidad neoliberal y olvido las brechas que originan el malestar, sino que, todo lo contrario.
La revuelta popular de octubre de 2019 significó una ruptura del régimen político y una voluntad de cambio generalizada que continua manifiesta y sin atisbo de solución, situación que transciende al problema constitucional y a la forma constituyente de democracia tutelada que adopto, y que no va a encontrar cierre próximo, en cuanto sus causas se anidan en lo profundo del modelo neoliberal y su administración política, las que están impresas en las tesis de octubre producidas por la revuelta, a saber: “no son 30 pesos, son 30 años” y “hasta que la dignidad se haga costumbre”.
El fantasma del 62% ha generado una niebla de confusión en muchos actores políticos y sociales de las izquierdas, posicionando como la única política capaz de realizarse la “política en la medida de lo posible” – inauguración de estatua de Aylwin de por medio -, lo que ha aislado cualquier salida de izquierda antineoliberal a las problemáticas del país. Una cuestión similar, una pantalla ilusoria, ocurre frente a la posibilidad de una nueva constitución, donde la trinchera de las izquierdas se redujo a la disputa por las formas (porcentaje electo, con paridad de salida, escaños e independientes) de un proceso cercado por bases, arbitrajes, “sabios” y supeditación al parlamento (de poder originario solo el recuerdo). Ambos, fantasma e ilusión, provocan confundir radicalidad con velocidad, descuadran la promesa de esperanza y cambio, y hacen perder la guía sobre la apertura estructural que sostiene la ruptura del régimen político.
Para finalizar sostengo cinco posiciones para empezar a dar salida a la derrota desde una izquierda interesada en un programa y un horizonte que permita la acumulación orgánica de fuerzas futura.
- Las constituciones son por definición la imposición de un programa político a mediano y/o largo plazo de un grupo social al otro, y hasta que la correlación de fuerzas sociales no vuelva a ser favorable para la izquierda aquella disputa no es conveniente.
- Impugnación del proceso constituyente inaugurado el 12 de diciembre de 2022 como proceso viciado y antidemocrático, coaptado y secuestrado por las elites políticas y económicas que renuevan la democracia tutelada.
- Disputar octubre y sus tesis frente al reflujo de los 30 años que desean anular lo sucedido reinstaurando el halo modernizador del proyecto neoliberal.
- Refugiarse en nuestra verdadera demanda histórica, la asamblea constituyente popular y soberana, y pasar al ataque en las demandas socioeconómicas inmediatas más sentidas, viviendas, pensiones, salud, seguridad y crisis económica.
- Abandonar la trinchera mesocrática y abrazar la (re)construcción de puentes de traducción entre estratos y entre clases, que permita dar respuesta en perspectiva solidaria a la fragmentación social (combatir las islas y silos sociales) de una sociedad rota.
