Shock al Shock

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@mateamargouy

Prof Andrés Vicente Bentancor Tejera.

La población uruguaya trata de asimilar el SHOCK social y económico que introdujo el gobierno usando de escudo la pandemia, pero que en realidad representa una definición de su política económica y que, entre otras cosas, se caracteriza por, la reducción de la inversión social y aumento de impuestos en general (vale recordar que el aumento de tarifas públicas y la disminución del descuento a compras con tarjetas de débito o crédito fueron previos al decreto de Emergencia sanitaria). Le suma además por si fuera poco y sin tener en cuenta este detalle, o todo lo contrario (prefiero pecar de inocente), el ingreso al parlamento de una Ley de Urgente Consideración (LUC) con 502 artículos(hoy ese número se redujo), que aunque hoy cueste visibilizarlo, pondrá en SHOCK toda la estructura y organización del Estado uruguayo.

La ley en general es de carácter regresivo en su conjunto, y presenta dos grandes ejes vertebradores que son su esqueleto axial. Paso a detallar.

Molestan los pobres y más si son jóvenes

Por un lado está el apartado sobre seguridad, que se manifiesta en contra de los más desposeídos, poniendo una fuerte impronta punitiva y coercitiva por parte del Ministerio del Interior y para ello construye espacios legales para un uso abusivo del aparato represivo del Estado. A decir del senador Suplente de Carlos Moreira (el intendente de las pasantías), el señor Jorge Gandini: “está bien detener a aquellos que tienen aspecto delictivo”, marcando una fuerte aporofobia y sobre todo para con los más jóvenes.

Enemigos de lo público:

El otro gran eje del esqueleto de la LUC se enmarca en la destrucción de la Educación Pública uruguaya, atacando todos los niveles: desde inicial y primaria hasta la educación universitaria, desafiando en este caso incluso su autonomía.

El objetivo de la Ley en educación es transformar un derecho humano fundamental e inalienable en un servicio, un bien de consumo que permita mercantilizarla para poder lucrar con ella.

Para conseguirlo se han valido de una serie de actores, de los cuales sobresalen algunos muy por sobre otros, en particular la organización Eduy21 que con sospechosa legitimidad ha promovido esta visión privatizadora y mercantilizadora de la educación, a partir de su Libro Abierto; como si esto fuera poco además cuenta con sus principales integrantes dentro del gobierno de la coalición de derechas.

Podemos nombrar entonces al ministro de educación y cultura Pablo Da Silveira, al Presidente del Codicen Robert Silva, a la Directora de Planeamiento Adriana Aristimuño, en el entendido de que unos y otros son dos caras de una misma moneda. Entonces cabe preguntarse ¿qué intereses representan? ¿Qué diferencia a Eduy21 del gobierno de la educación?

Consideramos que de concretarse este proyecto de políticas educativas pro mercado, se ponen en riesgo tres elementos que son fundamentales.

El primero es el proceso de formación de ciudadanos críticos, dejando de lado la adquisición de conocimientos como herramienta fundamental de cualquier individuo para poder ejercer ciudadanía en el más amplio sentido, para transformarse en un individuo que adquiere competencias en áreas que le permitan demostrar algunas habilidades para ser parte de la mano de obra dócil, poco calificada y más barata para las empresas (que curiosamente, como puede verse en la sección Socios Contribuyentes del sitio web de Eduy21, apoyan este proyecto desde las cámaras empresariales).

El segundo aspecto que está directamente vinculado al anterior: La segregación del conocimiento, dependiendo de la situación social de base que tengan los estudiantes, dejando a la merced a aquellos que viven en las clases sociales más vulnerables de la población y que se los agrupa en los quintiles 1 y 2. Pará ello basta observar y leer sobre los anillos de aprendizaje que proponía el ministro de educación y cultura y miembro de Eduy21, Pablo Da Silveira.

El primer anillo estará compuesto por lengua materna, segunda lengua, matemáticas y ciencias con cursos obligatorios y algunos “remediales”; si el estudiante es capaz de superar este anillo se dirige hacia el segundo donde residen informática, “competencias emprendedoras “, expresión, valores y formación ciudadana ; y si logrará avanzar hacia el tercer anillo, recién ahí podría recibir asignaturas como Literatura y Filosofía a las que el hoy ministro cataloga como materias complementarias de acceso condicionado, que funcionarían como optativas. Características similares podemos encontrar en la LUC y en el libro abierto, promoviendo una clara tendencia a la primarización de la educación media básica y desapareciendo el ciclo básico único, para así ampliar los años de escolarización hasta los 15 años. Pero además, con el agravante de que esta reforma solo afecta a la educación pública, ya que los centros educativos privados quedan exentos de optar por esta propuesta regresiva, tanto desde lo pedagógico como desde lo presupuestal dado que es un recorte encubierto.

Y a partir de aquí aparece el tercer elemento que consideramos una problemática. La desaparición del Ciclo Básico Único (C.B.U); un recorte de presupuesto que a la vez dejaría un tendal de docentes sin trabajo en la órbita pública. Estos pasarían a ser un ejército o grupo de reserva que entrará en “competencia“ con aquellos que accedan a los puestos de trabajo, siendo los efectivos de mayor grado los más favorecidos en primera instancia dentro del sistema público, y por ende los interinos (egresados o no) serán los docentes más perjudicados.

Cabe agregar también que si se aprueba la LUC los directores dejarán de tener su función pedagógica, para transformarse en “gestores de centros” que lleven adelante una empresa educativa, donde además tendrán la posibilidad de contratar a quien ellos consideren “mejores”, sin respeto alguno por la carrera funcional. Regresando así a un sistema de acomodo y corrupción (amiguismo) para ocupar los cargos, que nos retrotrae a los años 90.

Pero no nos extraña, porque si nos detenemos un minuto observaremos que actores como Robert Silva, hoy presidente del Codicen y también miembro de Eduy21, formó parte del gobierno de la educación en esos años; o el mismo Renato Opertti , que desde Eduy21 promueve un día sí y otro también la idea de flexibilizar la labor de los docentes, caballito de batallas que lo sostiene desde los años 90 y principios de los 2000, años donde él cobraba sus contratos en dólares, mientras los docentes cobraban su salario en cuotas y los estudiantes se amontonaban en clases de 50 por grupo.

Por eso decimos que este proyecto educativo del gobierno, que es lo mismo que decir de Eduy21 y que se refleja en la LUC es un proyecto regresivo, agresivo y violento.

Y para defenderlo son capaces de usar cualquier artimaña, como lo hiciera Adriana Aristimuño, la directora de planeamiento de Codicen y también integrante de Eduy21, cuando en nota titulada ”Rompan todo” del diario El País (que también es socio contribuyente de Eduy21, al igual que El Observador y el programa En la Mira) decía “con los trabajadores de la educación, no hay atajos, sabemos que hay que confrontar, y si es necesario a cuchillazos”. Qué más hace falta para dejar en evidencia su poco republicanismo, su poca apertura al debate y al diálogo como elementos fundamentales en la construcción de sociedades más democráticas. ¿O será que al final la democracia es lo que les molesta?

“Ya no hay tiempos de lamentos”, nos estamos enfrentando en una BATALLA CULTURAL por la HEGEMONÍA CULTURAL “como decía Murga La Mojigata en su espectáculo 2020” , debemos evitar la debacle de la Educación Pública uruguaya, uno de los patrimonios más importantes que tenemos como sociedad. Para ello es necesario instruirnos, organizarnos y unirnos como pueblo en el enfrentamiento de esta ley.

De lo contrario, que el último apague la LUC.

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