@mateamargouy
redacción
Las preguntas que se estarán haciendo son ¿Por qué renuncia? ¿Por qué renuncia sin acogerse al subsidio que le corresponde a cada legislador?
Después de que Rodrigo Goñi, diputado y empresario, adscripto de los mandados de Luis Lacalle Pou, llevase a la justicia todo lo relacionado con Venezuela, el mismo fiscal (Luis Pacheco) que ahora lleva adelante el pedido de procesamiento contra Placeres, no encontró delito alguno sobre los supuestos beneficios otorgados a empresas ante las ventas en el país caribeño.
Semejante resolución ponía un final inminente al asunto, la búsqueda de la derecha de casos de corrupción se quedaba sin premio. Es así que el fiscal Pacheco, utilizando el viejo código de proceso penal decide pedir el procesamiento sin prisión por conjunción de intereses.
El premio consuelo de la operación política tuvo, como sí no fuese bastante burdo ya, el desliz de que El Observador comunicase la “noticia” previo a que se enteraran los involucrados. El circo final de la derecha con el caso Envidrio y Venezuela, trató de magnificar el pedido de procesamiento, basado en conjunción de intereses por algo votado en el Parlamento y ocultar la realidad que les rompe los ojos: el mismo fiscal desestima que se haya incurrido en delito.
El militante sindical, trabajador de la autogestión, quien vivió toda la vida de su trabajo, una vez más les dinamita la jugada, esta vez no en la fábrica que “quebraba” para convertirse en importadora, sino desmontando otro circo contra la izquierda. Renuncia a todo beneficio o privilegio, quedará demostrado que el problema de fondo es haberle arrancado al mercado la posibilidad de lucrar, y que trabajadores organizados gestionen la única fábrica de envases de vidrio del Uruguay.
La conjunción de intereses para el fiscal Pacheco y para el resto de la justicia, intentará -sin éxito- dejar un antecedente nefasto en la llegada de líderes sociales al parlamento, a los ámbitos de decisión. Acaso ¿ningún estanciero votó en contra de los impuestos a la tierra? Por recordar a Bordaberry. O ¿ningún empresario rural votó subsidios a sectores en los que se veía beneficiado directamente?
Evidentemente a ninguno le tembló el brazo en beneficiarse, porque como se expresa en el artículo 112 de la constitución no se permite el procesamiento de un legislador por su voto.
Nunca ha sido algo atípico que un empresario de quiebra y no pague sus deudas ante el BROU, que los mismos empresarios que cierran una fábrica mal gestionada aparezcan mágicamente como importadores, o como parlamentarios o candidatos. Lo atípico es la autogestión, que trabajadores, sindicalistas y militantes sociales hayan llegado en los últimos 15 años a disputar el poder político. El intento de condena, la persecución por parte del turbio empresario y diputado Goñi, secundando las previas acusaciones de Jaime Trobo, es a las fuerzas sociales que se atreven ya no sólo a disputar el poder político, sino a desafiar y redistribuir, en donde más les duele: las fábricas y los bancos. Y para colmo, como queda demostrado por su propia denuncia: ¡respetando todas las reglas del juego, las trabas y vericuetos para quienes no poseen del capital!
Lo que tendría que cerrarse como un intento burdo de la derecha de tratar de inculpar a empresas, cooperativas, militantes sociales e incluso otros empresarios en supuestos beneficios, conseguía dar un manotazo de ahogado con el pedido de procesamiento por conjunción de intereses. Como ya explicamos anteriormente,un legislador no puede procesarse por su voto, y por si fuera poco: renuncia y se pone a disposición, dejando aún en mayor evidencia el montaje político y la inmoralidad de los denunciantes.
Placeres renuncia porque no tiene nada que ocultar, renuncia al subsidio para que no queden dudas, no persigue ningún rédito económico ni ninguna cuota de poder para defenderse. De lo único que lo pudieron acusar es de que su principal interés, está en conjunción con el del pueblo.
