Por C. Morente (*)
Guayana, “tierra con muchas aguas”. La región de la Guayana es un territorio muy extenso situado al NE de América del Sur y que comprende su parte de fachada atlántica, el río Orinoco, el Amazonas, el río Negro y el cañón de Caricuare; unos 250.000 km2. Escasamente poblada, forma parte de la Orinoquia y la Amazonia. Desde el punto de vista administrativo comprende en la actualidad la Guayana francesa, Surinam (antigua Guayana holandesa), la República Cooperativa de Guyana (antigua colonia británica) con quien Venezuela tiene el conflicto territorial; el SE de Venezuela (estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro); y un sector al Norte de Brasil. El río Esequibo que nace en el extremo Sur de la Guayana profunda y recorre 1.000 km hasta desembocar en el Atlántico, se ha considerado desde tiempos coloniales como la frontera sur venezolana, dando nombre al territorio (Esequibo o Guayana Esequiba por el nombre del primer navegador, Esquivel). Esta compleja situación nos permite comprender los permanentes conflictos intercoloniales que se han producido en los últimos siglos.
En 1494 se firma el Tratado de Tordesillas mediante el cual los reinos de Castilla y Aragón, de un lado, y el reino de Portugal, por otro, dibujan una línea divisoria sobre un mapa ilusorio y, por ignorancia, bastante alejado de la realidad, para repartirse las futuras conquistas. El territorio ahora en litigio, la Guayana Esequiba, quedará en manos del reino de Castilla. Comienza la pugna intercolonial.
En 1499 el reino de Castilla llega a estos territorios que formalmente fueron declarados como provincia de Guayana en 1594. Como en otras costas del continente sur y El Caribe, expediciones británicas, holandesas y portuguesas, establecerían fuertes militares para garantizar sus actividades agrícolas y comerciales; como la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. Cuando Venezuela es declarada Capitanía General en 1777, que incluía, por supuesto, la región de Guayana, las tropas británicas huyen del lugar. Manuel Centurión sería el primer gobernador de Guayana. En 1796 la mitad de la Guayana Neerlandesa fue comprada por los ingleses (Esequibo, Demerara y Berbice). En 1831 se constituye la Guyana Británica y el 26 de mayo de 1966 Gran Bretaña reconoció su independencia, pasando a llamarse República Cooperativa de Guyana, cuya capital es Georgetown; república que, por cierto, mantiene a día de hoy el mayor índice de desnutrición infantil del continente. Las guerras intercoloniales siguen marcando, pues, el destino de estos territorios de la antigua Capitanía General de Venezuela que, antes de desvelar su riqueza en el subsuelo (oro, petróleo o gas), eran considerados como una de las doce “llaves” del Imperio Español, pues permitía el tránsito desde el Atlántico a través de las bocas del Orinoco hasta Bogotá. Una vez consolidada la independencia de las colonias del Imperio Español en Suramérica, el oeste del río Esequibo permanecerá como frontera de la República de Venezuela, heredando según el derecho internacional de aquella época las fronteras de la antigua Capitanía General de Venezuela.
La “Pérfida Albion” y la Doctrina Monroe
El propio Simón Bolívar en 1822 formula la denuncia de que colonos de la Guayana inglesa está invadiendo suelo venezolano, cruzando el río Esequibo.
En 1841, el naturalista alemán Hermann Schomburgk, contratado por la Royal Geographical Society, llega a la Guayana inglesa para hacer el estudio de la región, pero, en realidad, se dedica a trazar fronteras sobre el mapa sin ningún rigor histórico para favorecer los intereses ingleses. Más de 140.000 km2 de territorio venezolano, incluyendo la desembocadura del Orinoco, serán consideradas inglesas por “arte de birlibirloque”. Las llamadas “líneas Schomburgk” (algunas de las cuales se trazaron ya muerto el naturalista), serán el centro de la disputa territorial en el futuro.
A finales del siglo XIX, iniciado el declive del imperio británico y al amparo de la caótica situación que vive Venezuela, asolada por guerras civiles y su Estado incapacitado para dar una respuesta; a lo que hay que añadir el desarrollo de los EE. UU. como República colonialista, expresada en la llamada doctrina Monroe (que no es una “doctrina” sino una ideología expansionista), se produce, en 1899, el “Laudo Arbitral de París”, bajo el patrocinio de EE. UU.; mediante este laudo, pactado por Gran Bretaña y los EE. UU., sin presencia venezolana (los ingleses se niegan a que estén representantes venezolanos por considerarlos no dignos de sentarse con los suyos en la misma mesa), se cede al Reino Unido el territorio al oeste del río Esequibo. El “corolario Roosevelt” (se supone que corolario a la doctrina Monroe”) de 1904, amplía las capacidades de los EE. UU. en los territorios al sur; al “América para los americanos” se suma, ahora, el papel de policía sobre los mismos y frente a cualquier otra potencia. Derrocado el presidente venezolano Cipriano Castro, quien se había negado a pagar la deuda a las potencias extranjeras, por el general Juan Vicente Gómez en 1908 (con ayuda norteamericana que el mismo solicita), se inicia un proceso de reconstrucción del país bajo un régimen dictatorial y la premisa de pagar la deuda contraída por el Estado con potencias extranjeras para financiar las múltiples guerras internas anteriores y cuyo “garante” (desde el famoso corolario) no es otro que el gobierno de los EE. UU. de Norteamérica. Gobiernos venezolanos, posteriores al conocido “Pacto de Puntofijo” (1958), adoptaron una posición más soberanista en su reclamación territorial. El cambio de actitud es expresado en el discurso ante las NN.UU. del embajador de Venezuela, Marcos Falcón Briceño, el 12 de noviembre de 1962. Este nuevo panorama, y siendo públicas las tramoyas internas que se produjeron durante el famoso laudo de Paris, que es calificado como “nulo e írrito” por Venezuela, explica que el 17 de febrero de 1966 se produzca el “Acuerdo de Ginebra”, en el que están presentes Venezuela, Reino Unido y el Gobierno colonial de la Guayana. Se constituye una comisión mixta para solucionar el conflicto de manera consensuada y se reconoce la reclamación territorial de Venezuela al oeste del Esequibo. El 26 de mayo de ese mismo año, y con el objetivo de amarrar su influencia en la zona, el Gobierno británico reconoce la independencia de la República Cooperativa de Guyana. Venezuela reconoce a la nueva república, dejando clara su posición de que no podrá conceder concesiones en aguas en litigio.
El siguiente recorrido nos sitúa ya más próximos a la actualidad reciente. En diciembre de 2018, saltándose los Acuerdos de Ginebra, y a petición de la República Cooperativa de Guyana, el secretario general de las NN.UU., Ban Ki-moon, decide llevar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el conflicto territorial, con la oposición de la República Bolivariana de Venezuela que no reconoce las competencias de dicha Corte para dirimir el conflicto territorial. En ese mismo mes, el presidente de la Exxon Mobil, Rex Tillerson, es nombrado por Donald Trump, secretario de estado de los Estados Unidos. El 9 de marzo de 2015, un decreto del presidente Barak Obama declara a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los EE.UU.” y comienza la criminal política de medidas coercitivas para provocar un estallido interno que derroque al Presidente Nicolás Maduro y auspicie una intervención militar extranjera.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ)dicta el expolio de Venezuela
Como es lógico y natural, la CIJ, el 6 de abril de 2023, falla en contra de Venezuela en su reclamo territorial, reclamo que, de forma literaria, se expresa en la consigna “el sol de Venezuela nace en el Esequibo”. El 21 de septiembre de dicho año, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decide convocar un Referéndum Consultivo para el día 3 de diciembre. Nada más conocerse la voluntad del Gobierno de Venezuela de convocar el Referéndum Consultivo, la República Cooperativa de Guyana (es decir, la Exxon Mobil, empresa que designó a los abogados y aportó medio millón de dólares para financiarlos), interpuso ante la CIJ un recurso para declarar “ilegal” dicho referéndum; el recurso resultaba tan surrealista que hasta la CIJ declaró que Venezuela tenía legítimo derecho a convocarlo. El comando de campaña recibió la denominación “Venezuela Toda”. Cinco preguntas, para las que se pide el sí, se plantean a consulta: rechazar el laudo arbitral de París de 1899, apoyar el Acuerdo de Ginebra de 1966, apoyar la posición de no reconocer a la CIJ para dirimir en el conflicto, oponerse por todos los medios conforme a derecho a la utilización unilateral por parte de Guyana de un mar pendiente de delimitar y, por último, creación del Estado de Guayana Esequiba (el Estado venezolano se estructura en base a los Estados regionales), otorgando la ciudadanía venezolana y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y al Derecho Internacional a sus habitantes. El sí a la convocatoria del Referéndum Consultivo y el sí a las cinco preguntas fue apoyado no solo por el Gobierno venezolano sino también por cientos de organizaciones sociales, por el Poder Popular y por la oposición política no fascistizada y proyanqui, convirtiéndose en una causa nacional y patriótica. Como siempre que se produce algún acontecimiento de trascendencia en el país, la movilización popular para pedir el voto fue extraordinaria y se extendió hasta el último rincón de la geografía venezolana. Más de diez millones y medio de personas ejercieron su derecho al voto (el 52% de los electores, la cifra más alta de participación en eventos electorales de igual carácter), consiguiendo el sí una abrumadora mayoría en las cinco preguntas. Semanas después el Primer Ministro de Guyana, Mark Phillips, escenificaba una aproximación al Gobierno de Venezuela que duró poco por la presencia de tropas norteamericanas en la zona. Por su parte, el Gobierno de Venezuela tras conocer los resultados y a través del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hizo público un paquete de decretos ley, para materializar las propuestas, que han pasado a discusión a la Asamblea Nacional. La República Bolivariana de Venezuela no sólo tiene el derecho de defender su territorio sino también la obligación constitucional de hacerlo.
(*) C. Morente: Forma parte de la Asociación de Historia Actual (AHA), organización internacional, con sede también en la Universidad de Cádiz, que agrupa a investigadores sociales.
