Por Ricardo Pose
Sirva la imagen que inspira el titulo de ésta nota para graficar lo que está pasando con el «Marsetgate», hasta el momento el narco uruguayo mas mediatico y que como si hubiere estornudado en vez de inhalar, los restos del polvo blanco salpicó a varios integrantes del mundo político, empresarial, futbolistico y del espectaculo.
Justamente en éste último universo, el del glamour y las pasarelas puntaesteñas, las mega fiestas eléctronicas, salta el nombre de Fernando Cristino, el «sobrino tueco» de la vice presidenta Beatriz Argimón.
Es probable que Cristino desconociera el origen del dinero que el empresario artistico Sebastián Marset invertía en sus desfiles de moda, y que aún desconociera los antecdentes judiciales del inversor en cuestión, pero dejada la buena voluntad de creerlos un «club de ingenuos», es imposible no recordar la amenaza de Cristino a Argimón, sobre dar a conocer el nombre del «Dealer de Luis».
Sin malicia, Cristino es un muchacho que se metió en el mundo del jet set tan afín a los circulos exclusivos de donde el herrerismo obtuvo buena parte del electorado; pero el tema no es Cristino que es un salpicado mas.
Del mismo Departamento, aparece el nombre de Francisco Sanabria, personaje vinculado al Partido Colorado de Uruguay y procesado por estafas desde su cambio en Maldonado.
También aparece salpicado el abogado Alejandro Balbi, que podría decir en su defensa que como profesional, esta libre de sospechas ya que su oficio le impone defender a un asesino serial, un violador de menores, o un narcotráficante.
A la hora de publicar éste articulo, el senado uruguayo interpelará a los Ministros de Relaciones Exteriores y al Ministro del Interior, ministerios que en toda ésta historia aducen una descoordinación inter institucional.
La interpleación intentará que expliquen lo que hace mas de dos semanas ocupa la agenda politica y medíatica, con la aparición del propio Marset desde su clandestinidad en Sudafrica.
Intentarán explicar como una persona procesada por homicidio y otros delitos ya en el 2013 en Uruguay, acusado de al menos ser el autor intelectual de «boletear» al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Colombia, y denunciado por su actual Presidente Gustavo Petro, obtuvo un pasaporte uruguayo para lograr salir de Dubai donde estaba detenido por ingresar con un pasaporte falso de Paraguay.
Una primera explicación a la que adhiero en el temporal de justificaciones administrativas del Ministro Bustillo y Heber, es haber desoido las advertencia del colega Antonio Ladra.
En su libro «Uruguay en la mira del narco», Ladra planteaba su preocupación de que se desmantelara las politicas y buena parte del equipo que plantó combate frontal al narcotráfico, liderado primero por el Inspector Julio Guarteche primero y seguido por Mario Layera después.
Es fácil imaginar como se potencia la desconfianza de la DEA sobre las autoridades uruguayas con toda la información que trabajó con la Inteligencia policial uruguaya sobre el caso Marset, desconfianza ya nacida cuando se desmanteló el grupo de Guarteche.
En el marco de la Inteligencia, faltó inteligencia, por decir lo menos en las autoridades uruguayas.
Dicho sea al pasar, en todo éste tema, ¿el director de Inteligencia Álvaro Garcé no tiene nada para decir?
Centralizar el combate al microtráfico hay que volverlo a repetir, tiene éstas consecuencias.
Ensañarse en un combate contra las «bocas» en los barrios humildes (tarea necesaria sin lugar a dudas) y darle al sindicado como líder del Primer Cártel Uruguayo un salvo conducto para fugar de Dubai, es de una contradicción tan flagrante, que hay que tener un espiritu muy republicano para no pensar en que existió una voluntad (¿orden?) para cumplir.
Ninguna de las declaraciones de las autoridades uruguayas amparadas en asuntos de orden administrativo parecen obedecer a un conocimiento de los temas que son responsables; no convencen los argumentos de Bustillo, de Heber y siquiera del Director de Identificación Civil Rondán.
En el peor de los casos, Uruguay se vuelve a desayunar que la red de narcotráfico que hacia salir droga en contenedores de soja, está inserta en el mundo deportivo, artistico, empresarial y politico, y Uruguay no es mas grande que Paraguay.
Que muchas de las medidas del actual gobierno a la luz de las llamas de este incendio, son altamente irresponsables.
Es irresponsable haber modificado la ley de inclusión financiera permitiendo la circulación de grandes sumas de dinero en efectivo, dejar sin recursos a los servicios de contralor financiero y transacciones comerciales, volver a permitir las Sociedades Anónimas en la propiedad de empresas vinculadas a la producción agrícola y ahora, ser dueñas de clubes de fútbol, es irresponsable retraer la presencia del Estado en el territorio, pero tambíen en su dimensión de defensa de la soberanía nacional.
