Por Nela María Cedeño M.
Ecuador
Ante la crisis económica, el encarecimiento de la vida, el alza del precio de la gasolina y la canasta básica, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional para el 13 de junio de 2022, al que se han sumado otras organizaciones sociales, así como estudiantes, trabajadores, comerciantes y transportistas.
Con 75 puntos activados en el primer día de manifestaciones, arrancó la jornada de movilizaciones en contra del Gobierno de Guillermo Lasso, quien trató de deslegitimar la protesta y minimizar su impacto, dado que hasta ese momento los puntos fuertes de manifestantes y paralizaciones solo se concentraron en 3 de las 24 provincias: Pichincha, Cotopaxi y Pastaza.
Sin embargo, la madrugada del 14 de junio, con el violento, ilegal y arbitrario arresto del dirigente indígena Leonidas Iza por presunción de comisión de delito, aumentó la indignación y el descontento popular. La convocatoria tuvo mayor impulso y para la mañana del mismo día, en redes sociales, se manifestaba de manera generalizada el descontento y la preocupación ciudadana por el arresto de Iza, de quien no se sabía paradero. Situación que empeoró a raíz de un comunicado de Fiscalía General del Estado, indicando que no tenía conocimiento de la detención y del lugar en el que se encontraba el líder de la CONAIE. Gracias a la presión social en las calles y en redes, Iza fue liberado en horas de la tarde.
Fue así como desde Cotopaxi, en goce de su libertad, el dirigente indígena declaraba: “en vista de que no hay respuestas (del gobierno), en las próximas horas decidiremos el acompañar a Quito”. Llamando así a las comunidades indígenas a avanzar hasta la capital del país, sede del Gobierno, en donde se sospecha no se encuentra el Presidente.
Cuatro días después del comienzo del Paro Nacional, a través de cadena nacional, Lasso convocó al diálogo, convocatoria a la que la CONAIE, además de responder tachando al Gobierno de mediocre y fascista, señaló de forma enfática que no está dispuesta a un diálogo hasta que no se cumplan sus 10 demandas:
- Congelar los precios de los combustibles.
- Moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa.
- Precios justos en los productos del campo.
- Mejorar el empleo y los derechos laborales y asegurar el sostenimiento de la economía popular.
- No a la ampliación de la frontera extractiva minera o petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Y derogatoria de los Decretos 95 y 151, sobre la política de hidrocarburos y el Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador.
- Respeto a los 21 derechos colectivos como educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
- Que se ponga un alto a la privatización de los sectores estratégicos, como el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras. Además, piden que el país no se someta a tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI).
- Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.
- Presupuesto urgente de salud y educación frente al desabastecimiento.
- Exigen seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado.
El viernes 17 de junio, Lasso respondía la negativa a su propuesta de diálogo por parte de la CONAIE, declarando estado de excepción en tres provincias, y en emergencia al sistema sanitario, e informando que a través de esas y otras medidas como aumentar el bono de desarrollo humano a 55 dólares (actualmente es de 50 dólares) y subsidiar hasta el 50% al precio de la úrea a pequeños y medianos productores, entre otras, terminaría con las movilizaciones.
Declaraciones y medidas “resolutivas” que no convencieron ni a los manifestantes, ni a la ciudadanía. Al respecto el líder indígena, Leonidas Izas, se pronunció, reconociendo que las medidas propuestas por Lasso, eran un irrisorio avance, producto de las movilizaciones y que por este motivo ratificaba la lucha nacional, territorial e indefinida, anunciando que las delegaciones provinciales ingresarían a Quito.
El despliegue masivo de fuerzas policiales en todo el territorio nacional y en puntos críticos de la jornada, ha sido respuesta de Lasso desde el principio del Paro Nacional, dejando un saldo hasta el momento de decenas de detenidos, centenares de heridos, varios desaparecidos y un fallecido.
Los manifestantes denuncian una brutal represión por parte de los policías, quienes con toletes, motos, caballos, gases y bombas lacrimógenas atacan a los protestantes desplegados en distintos puntos de la capital. En redes se han viralizado múltiples ataques violentos a las manifestaciones pacíficas, que bajo consignas como “Lasso mentiroso” o “Lasso renuncia”, exigen el cumplimiento de un plan de Gobierno que propuso como línea base, “el diálogo”, para la construcción del “País del Encuentro”. Ni lo uno ni lo otro, ha cumplido Guillermo Lasso.
El sábado 18 de junio, la CONAIE denunció un atentado contra Leonidas Iza, su presidente, luego de que el carro donde se movilizaba fuese impactado por un disparo. El domingo 19 de junio, en horas de la mañana, fuerzas policiales sitiaron la emblemática Casa de la Cultura Ecuatoriana, en una diligencia investigativa por presuntos delitos contra la administración pública, rebelión y atentados, justificada con una supuesta llamada anónima que indicaba que en ese lugar había “material bélico, como explosivos y armas artesanales, que serán utilizados en las manifestaciones de los próximos días, para retener a los policías y militares, para ingresar a la Presidencia de la República”.
La Casa de la Cultura fue punto clave en el paro nacional de 2019 en Ecuador, sirvió de base para manifestantes y miembros de organizaciones indígenas que protestaban contra el gobierno de Lenín Moreno; el allanamiento se justificó en palabras del comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, de la siguiente manera: “recordemos que tradicionalmente [la Casa de la Cultura]es un centro utilizado para las protestas violentas, por lo tanto, teníamos la obligación de comunicar a la Fiscalía y se hizo un auto urgente para hacer el allanamiento para comprobar esta información”. Señaló también que usarían “algunas herramientas” establecidas en el decreto de estado de excepción como la requisición, explicó además que el lugar servirá como albergue para policías y centro de acopio para los ciudadanos que quieran donar agua para los oficiales.
Previendo la necesidad de refugio para los indígenas de otras provincias y los manifestantes, la CONAIE ha solicitado a los Centros Universitarios que sirvan de albergues.
Al cierre de este escrito, el lunes 20 de junio en horas de la mañana, cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas se instalaban a los alrededores de la Asamblea Nacional, donde esta noche se debatirá la eventual revocatoria al estado de excepción.
Así, con principales vías del país paralizadas, estado de excepción vigente, Casa de la Cultura tomada, y la Asamblea Nacional sitiada por militares, Ecuador hoy vive una situación que fácilmente cumple con los requisitos de una dictadura.
