La LUC y el reseteo del Neoliberalismo

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Por EconomiaPolitica.uy

El neoliberalismo es un conjunto de políticas económicas y sociales, lo que suele llamarse “Modelo Económico”. Este paquete de medidas se basa en corrientes (o teorías) económicas que reflotan ideas del viejo liberalismo adecuándolas a los nuevos tiempos.

Sus ejes podrían situarse en la concepción o supuesto de libre mercado, definidor por si mismo (la mano invisible como lo llamase el viejo Adam Smith) del andamiaje económico y por tanto de las formas en que se distribuye la riqueza. En ello todos los mercados, fundamentalmente el de trabajo, su flexibilización. En ello la construcción de un Estado no interventor y es por eso que en oportunidades oímos que la cuestión está en más o menos estado. En ello la apertura al exterior lo más ilimitadamente posible. En definitiva y en el fondo de todo, en ello la exclusión de millones de personas, el avance de la pobreza y la concentración de la riqueza, y el ahondamiento de todas las desigualdades sociales funcionales a este Modelo, Modelo de y para los “malla oro”. ¡Ah! Y si hace falta reprimir para ello también quedando así reducido el Estado a juez y gendarme como parte del paquete, o poniéndole el puntillazo final.

Y así se impulsó en Uruguay una ley de “urgente consideración” con 476 artículos, que en parte ya vimos actuar en el año 2021. Urgente para los poderes económicos y el Modelo Neoliberal de políticas que avala la concentración de sus riquezas, incluso a través de la transnacionalización de la economía comenzando o dando un marco jurídico necesario para las privatizaciones directas o indirectas de las empresas públicas, o el capital público invertido en 49 empresas subsidiarias de las grandes empresas públicas, que conformaron nuevas empresas público-privadas o con acciones 100% públicas, de hecho patrimonio de este pueblo.

En este artículo vamos a insistir sobre uno de los temas de la LUC como reimplantación del neoliberalismo en Uruguay: Las privatizaciones, o el peligro de privatización del capital o parte del capital público invertido en estas 49 empresas, con todas las implicancias del caso expuestas en el artículo 285 que también derogaremos al votar SI con la papeleta rosada.

Ese artículo, aún no esta reglamentado y por tanto no se ha aplicado aún. Pero vale la pena recordar lo sucedido con la “reglamentación” de aquella ley privatizadora que detuvimos con el voto popular en 1992, para poner las barbas en remojo ante este aspecto. En aquella oportunidad el socio privado (la trasnacional) pasaba de controlar el 49% al 51% de las acciones, o sea se quedaba con el 100% de las decisiones. Estas empresas tienen otras características, lo que si puede ser igual es la voluntad de pasar todo al control y beneficio de los privados.

Vale la pena entonces, resumir la información proveniente de la OPP para mostrar estas empresas y su conformación, a los efectos que queden bien identificadas porque son nuestras:

Obviamente que no solo la LUC hace peligrar este capital invertido, sino toda la reimplantación neoliberal que se intentará en estos años de gobierno de derecha. Pero el artículo 285 que proponemos derogar el 27 de marzo junto a otros 134 más, habilita estas privatizaciones, es en ese sentido el núcleo duro de las privatizaciones, como decía un gran amigo y compañero de la Red en Defensa de la Humanidad. Habilitando vender acciones “minoritarias” es un instrumento de privatizaciones

Así es como, dentro de un plan privatizador de mucho mayor alcance, se encuentra el artículo 285 de la LUC, mediante el cual se pretende integrar capital privado a las empresas públicas. Veámoslo: 

Artículo 285. (Sociedades anónimas con participación estatal).

Las sociedades anónimas con participación estatal deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones.”

Cuando se hace referencia a “una parte minoritaria” estamos hablando de una participación de hasta 49% del capital accionario, de allí que sea parte del proceso desestatizador de la LUC y del Modelo Neoliberal como tal. El patrimonio de empresas públicas uruguayas podría verse afectado, y esto constituye una cuestión que, al menos, hubiera ameritado un debate mucho más amplio que el que realmente se dio en el plano del tratamiento de una LUC. Una apertura de hasta 49% a capitales privados compromete la consecución de los fines de interés general que tienen estas empresas. El interés particular de capitales privados motivados exclusivamente por la ganancia, casi siempre en plazos que colidan con la estrategia de orden nacional que las empresas públicas deben perseguir, suele contradecir ese interés general que, por encima de los individuales, beneficia a la mayoría de la población.

En definitiva, es un paquete privatizador que abarca más artículos que derogaremos el 27 de marzo, y que continuaremos repasando en otros artículo. Todo lo que en definitiva hace a la necesidad de limitar el derecho a huelga (a pesar de nuestra Constitución), y a prever formas diferentes de represión según ya hemos constatado incluso en la práctica del 2021 y lo que va de 2022.

Por lo expuesto y muchas razones más, votamos SI con la papeleta rosada el 27 de marzo, con o sin pantera, pero con un pueblo resistiendo al neoliberalismo, porque tiene derecho a un Uruguay mejor.

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