La historia se repite ¿tragedia o farsa?

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La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsai Karl Marx, 1869

La Política Económica del gobierno comandado por el presidente Luis Lacalle Pou tiene en la estabilidad de precios uno de sus objetivos principales (el otro es el déficit fiscal). Durante el tercer gobierno del FA y segundo presidido por Tabaré Vázquez la oposición, hoy coaligada permanentemente, recordaba a la población que la inflación (o sea, el aumento de precios) se mantenía por encima de la meta fijada por el Banco Central del Uruguay. Pues bien, a octubre de 2021 la inflación en los doce últimos meses de 7,9%, mientras las metas de las actuales autoridades del BCU y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fueron situadas en 3-7% para 2021 y 3-6% para 2022.

Otro desencuentro evidente entre realidad y objetivos, pues los niveles inflacionarios se mantienen dentro de los parámetros habituales de la economía uruguaya en los últimos tres lustros (7,6%), pero en un contexto económico muy diferente: una débil recuperación de la producción de bienes y servicios basada en la exportación con una demanda interna “planchada” por la disminución del salario real y del ingreso de los hogares.  

Una primera conclusión de estos primeros y breves comentarios: la inflación que promedió en los 15 años de gobiernos del FA (7,6%) se sigue manteniendo, con la GRAN diferencia que entonces ese nivel de precios convivió con una recuperación salarial real (en términos de poder adquisitivo, o sea por encima de la inflación o del aumento de precios al consumo) de 4,1% anual, y ahora lo hace con una PÉRDIDA del salario real del 2% en los últimos doce meses. Y con la previsión de finalizar el año con una inflación superior al 8%. Por lo menos podrían dejar de criminalizar a los trabajadores por los aumentos de precios, algo muy importante en momentos en que se desarrolla la 8ª Ronda de salarios.

IGUAL MARCHE PRESO

El BCU-MEF (Banco Central y Ministerio de Economía) desde 2020 recurre a cambios en la tasa de interés de referencia como instrumento exclusivo para controlar o reducir la inflación, basado en la idea de que el componente principal de tal comportamiento en los precios es una demanda desequilibrada, algo difícil de creer en tiempos de pospandemia. Por quinta vez se aumentó la tasa de interés, ahora en 5,75%, frente a la inoperancia de los aumentos anteriores. Lo cierto es que esta política intenta disminuir aún más la demanda encareciendo el crédito y alentando el ahorro frente al consumo.  

Esto significa enfriar aún más la economía, retardar la recuperación y continuar con los ingresos de la población trabajadora congelados, a la espera de un presunto derrame que no ocurrirá. Como no ocurrió cada vez que un gobierno del Partido Nacional planteó la misma estrategia, a mediados del siglo pasado y en los noventa neoliberales.

Como muy bien expresa un informe del CINVEii, “cuando solo se dispone de un martillo todo problema se parece a un clavo”. Si solamente se recurre a un instrumento que actúa sobre la demanda, para los neoliberales el problema va a ser siempre la demanda, cuando el problema real es la oferta, la producción de bienes y servicios, para lo cual la ausencia de políticas es realmente alarmante, más allá de invocar a los dioses inversores con rebajas de impuestos, de salarios y de la regulación en la movilidad de capitalesiii1.

Tengamos en cuenta además que este fracaso en la política económica se da en un contexto de precios de los combustibles artificialmente congelados por ingresos extra proveniente de la exportación de energía a Brasil (afectado por una prolongada sequía), recursos tan extraordinarios como transitorios. Se introduce así una nueva señal de inestabilidad (¿Cuándo y cuánto se ajustará el precio de los combustibles?) a la que ya introdujeron los artículos de la LUC que obligan a ajustar el precio de los combustibles cada 60 días según un precio de importación sujeto a la inestabilidad del precio del petróleo a escala mundial.

UN POCO DE HISTORIA

Hay dos períodos en la historia económica del Uruguay que sobresalen por la continuidad de sus tasas de crecimiento económico: en el siglo XX el período asociado a las políticas del neo-batllismo (1943-1958) y en el siglo XXI el período progresista que se desarrolló en 2005-2019. Ambos, durante 15 años crecieron a un promedio superior al 5% anual y con tasas de inflación de 8.6% el primero y de 7,6% el segundo. Sin embargo, desplegaron un conjunto de políticas que acoplaron a ese crecimiento un aumento del salario real promedio de 4% anual, que acumularon al final de cada proceso ingresos salariales superiores en 60% al poder de compra inicial.

Los gobiernos herreristas invirtieron los términos de esa ecuación. Comienzan por devaluar el salario a través de los precios, que a la par enriquecen a quienes los fijan, los empresarios, que de esta manera invierten y supuestamente “reparten” (¿qué reparten? No se dice, parece que solo pobreza). El Partido Nacional ha liderado el gobierno nacional en dos ocasiones, los gobiernos colegiados de 1958 al 1966 y el gobierno presidido por Alberto Lacalle Herrera de 1990-94. Entre el 58 y el 66, la economía uruguaya creció a una tasa promedio de 1,1% anual mientras la inflación promedió 38% anual. Durante el gobierno Blanco de los años 90, el crecimiento económico promedió 4% anual con una inflación promedio de 76%. ¿Qué pasó con los salarios? Prácticamente estancados, con aumentos anuales de apenas 1,3% y 0,3% respectivamente. La misma historia, inflación con salarios congelados. Y ahora el gobierno de coalición de Luis Lacalle Pou va camino a repetir la historia. ¿Será como tragedia o como una miserable farsa?

                                                       

                                                       

i Karl Marx – “18 de Brumario de Luis Bonaparte”, Prólogo del autor a la segunda edición de 1869. ii CINVE (Centro de Investigaciones Económicas) “El problema del Banco Central: cuando sólo se tiene un martillo” iii Por ejemplo, la LUC fijó en 100.000 dólares el tope para transacciones financieras SIN obligación de comprobar su origen o procedencia.

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