Pandemia e Impuestos, Uruguay a contramano del mundo

@mateamargouy

economiapolitica.uy

Los impuestos en la crisis global del capitalismo.

La etapa actual que recorre el capitalismo global, en particular en sus centros hegemónicos, está marcada por una crisis que con altibajos que se manifestó desde el año 2008 y se intensificó a partir de 2014. La llegada de la pandemia del Covid19 agravó el proceso de descomposición de la propuesta neoliberal, desnudando las flaquezas del sector privado ante la necesidad de soluciones colectivas. El gasto adicional imprescindible ante la nueva coyuntura y la concentración de la riqueza a niveles jamás vistos introdujo el planteo de gravar la riqueza, ciertas actividades económicas y las empresas transnacionales líderes.

En este contexto, en los foros donde las potencias líderes de la economía global (G7 o G20) deciden su estrategia, y el destino de los países subordinados, surgió el imperativo de un impuesto global a las grandes corporaciones, principales beneficiarias de la globalización productiva y también de la coyuntura pandémica¹.

El actual sistema de impuestos a la renta empresarial fue concebido originalmente hace un siglo, en un contexto donde coincidían la residencia de la empresa (el lugar donde se producía), y el destino, o sea el país donde se vendía el producto². Hoy la situación es otra. La aceleración de la globalización en los últimos 40 años permitió que el proceso de producción se diversificara territorialmente, entre empresas vinculadas (la casa matriz y sus sucursales), y luego la digitalización permitió que se comercializaran servicios en el mercado de destino sin que siquiera la empresa esté presente físicamente a través de una sucursal (por ejemplo, UBER). La consecuencia fue una enorme pérdida de recaudación, por traslados de beneficios a países de baja tributación (impuestos menores), aprovechando la competencia entre países para atraer inversión a través de rebajas impositivas.

El nuevo diseño de un impuesto global a la renta empresarial por un lado gravaría los negocios a nivel global de la economía del conocimiento (en especial la digital), la biotecnología y la industria farmacéutica. Por otro lado intentará evitar la elección de tributar donde paga menos impuestos, limitando la competencia entre países por inversores con una tasa global efectiva mínima de 15%.

En Uruguay, estamos recorriendo el camino contrario

Aun cuando también estamos enfermos de Covid, en recesión económica y con incremento de la desigualdad y concentración de la riqueza, Uruguay pone marcha atrás. Se ha establecido como una verdad indiscutible que no se puede siquiera hablar de impuestos. Y menos a la riqueza y a los que invierten, que son por supuesto los que más tienen (conocidos últimamente como malla oro). Los ajustes fiscales impositivos se realizan hacia los sectores medios (mal llamada clase media), se aumentan exoneraciones por monto invertido, y del lado del gasto, en torno a los egresos de carácter social. El ajuste privado se da vía rebaja salarial, con un aumento de la explotación (ganancias/salarios) y de la tasa de ganancia (relación de la ganancia con todo el capital invertido).

“La principal idea zombi es que bajar los impuestos a los ricos hace crecer la economía”, afirma el Premio Nobel de Economía Paul Krugman. Definiendo como conceptos zombis a aquellas ideas que deberían estar muertas, que se ha demostrado que son falsas, pero que siguen vivas, “que siguen comiéndose las mentes de las personas”³. Así como se insiste una y otra vez que rebajar salarios aumenta el empleo (otra idea zombi en plena ejecución en nuestro país), se aumentan las exoneraciones a los potenciales inversores en tal grado que lo recaudado ya es inferior a las exoneraciones (caso del impuesto al patrimonio).

La Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL) viene insistiendo hace un tiempo que exonerar impuestos no es el primer fundamento para invertir. Cuenta más el acceso a redes tecnológicas, apertura y tratados comerciales, infraestructura vial y portuaria, energía sin restricciones, disponibilidad de la materia prima, capacitación de los trabajadores, facilidad para remitir las utilidades al país de origen, convertibilidad irrestricta a la moneda originaria (dólar), facilidad en trámites para instalar una empresa, corrupción, y luego recién viene la tasa impositiva a la renta y a los activos de la empresa (lugar 10). Pero además ha demostrado que no existe una correlación demostrada entre baja presión fiscal y el grado de desarrollo económico y social de un país.

Si definimos presión fiscal como la relación, en porcentaje, entre los ingresos fiscales y el ingreso a distribuir, vemos en el cuadro adjunto que Uruguay comparte con Argentina el tercer lugar entre los países de América Latina y el Caribe, ordenados de mayor a menor tributación, con un 29% de aporte de impuestos y seguridad social sobre los ingresos nominales de su población.

Lo que sería un mal indicador para los liberales, no tiene la correspondencia con la situación socio económica de los países que ellos pregonan. Si tomamos ahora el Índice de Desarrollo Humano (IDH)⁴, encontramos a Uruguay en el tercer lugar. Es evidente que la mayor disponibilidad de recursos de los ingresos fiscales ha permitido a ciertos estados situarse en horizontes estratégicos afines a mejorar el desarrollo humano de sus sociedades. Por el contrario, los países que se encuentran al fondo de la tabla, con menor presión fiscal, también se encuentran en esa deficitaria posición en el IDH.