por Carlos Fariello
Un país, varios territorios
La construcción y organización político-administrativa de nuestro país ha sido fruto de un largo proceso durante el cual se han diferenciado por su potencial y sus dimensiones, además de las geográficas y las demográficas, el interior del centro capitalino. Centro donde ha residido, y todavía lo hace, una masa muy grande que involucra desde las instituciones y su administración hasta las estructuras de importancia económica y la producción cultural, en definitiva, la concentración del poder en todas sus formas.
Durante el gobierno revolucionario de José Artigas se crean en 1816 los primeros seis departamentos. Entre 1817 y 1825, coincidiendo con la ocupación portuguesa se crean otros tres, y en 1830, con la aprobación de la primera Constitución, se crea una estructura con nueve departamentos gobernados por un Jefe Político designado por el gobierno nacional.
En 1885 se alcanzará la organización definitiva en diecinueve departamentos.
Los departamentos como células organizativas y políticas, están a medio camino entre una provincia y un municipio.
Derruidas las murallas del viejo centro colonial, otras de imponente, y a veces invisible severidad se levantan para separar el centro del resto del cuerpo territorial, la capital y su zona de influencia del interior.
Y es ese interior la suma, no ya algebraica, de una multiplicidad de realidades sociales atravesadas por características propias de cada lugar, con su historia y su manera de trascender, con sus manifestaciones culturales y con su comportamiento ante la realidad, las problemáticas que esta genera, y las diferentes actitudes frente al cambio y al progreso, tanto en el sentido de su impulso como también de su freno.
Salir de Montevideo siempre se ha interpretado como hacerlo “hacia afuera” cuando en realidad se sale, y valga quizá lo contradictorio de la expresión, se sale hacia adentro, esto es internarse en el interior mismo del país.
Muchas veces en el medio rural se dice a la inversa “bajar a Montevideo” que si se quiere es más correcto por una cuestión de latitudes. Pero, también por una cuestión de importancia jerárquica, bajar hasta donde se encuentran los poderes, donde reside el poder.
Con la conformación de los partidos políticos tradicionales en el siglo XIX y la mayor concentración urbana en la capital se comienzan a hacerse sentir las demandas de descentralización, es decir considerar al interior como parte necesaria para concebir el país como un todo, entre otros reclamos, algunos de tipo cívico y de derechos, lo que determinará los enfrentamientos entre ambas colectividades políticas.
Así, el reclamo de proyectar acciones administrativas y de poder compartido desde el centro capitalino hacia el resto del país data ya desde dicho siglo. Romper las burocracias administrativas influenciadas por el clientelismo político y otros usos vuelto “tradicionales” en esa oposición capital-interior.
En el año 1908 tendría lugar la primera elección de intendentes como administradores de los departamentos.
En 1935 se crearán las Juntas Locales, pero este llamado tercer nivel de gobierno tendrá una proyección realmente interesante con la aprobación de la Ley 18.567 (Descentralización política y participación ciudadana) que crea las figuras de Alcalde y Concejales para los Municipios.
Un nuevo nivel de gobierno apunta a la descentralización
En 2010, una nueva ley introdujo modificaciones a la anterior y propició la puesta en práctica de esta nueva modalidad de gobierno en ese nivel (Ley 18.644).
Un nuevo mapa se generó en el país desde el punto de vista de los diferentes “territorios” a ser gobernados, a los departamentos se le sumaron los municipios y las alcaldías. Estos territorios hablan a las claras de una multiplicidad de realidades que se deben analizar y valorar desde diferentes coordenadas.
El tema de la descentralización es una exigencia que responde a diversas experiencias de desarrollo local y las nuevas teorías sobre el desarrollo endógeno
Mientras, el poder sigue concentrado en la capital del país, un modelo macrocefálico que resiste, a pesar de la realidad y de las innovaciones, ser desplazado de su centro y perder así influencia.
En un principio la implementación de estas reformas tuvo algunas cuestiones en contra, como por ejemplo la falta de información sobre ello y luego la ausencia de liderazgos locales en esos nuevos territorios a gobernar.
Pese a todo, los reclamos hacia el centro son continuos y permanentes en los más diversos aspectos: económicos, de administración y de inclusión de las realidades del interior, reconociéndolas como tales y valorarlas.
No alcanza con las asistencias en recursos monetarios desde el gobierno central para con las intendencias, asistencias que muchas veces se diluyen o literalmente no llegan a los niveles dependientes en localidades pequeñas del vasto interior.
No obstante, en muchas localidades se pudo experimentar el poner en juego las capacidades y recursos locales que antes estaban sometidas a la centralización del gobierno departamental.
Descentralizar no es solo liberar acciones y dejar actuar ese tercer nivel sino también generar más situaciones de ejercicio amplio de la democracia, no solo lograr la eficacia administrativa si no, además poner la participación al servicio del desarrollo local.
Y esos territorios ahora con posibilidad de “gobernarse” pueden lograr una mejor identificación contextualizada con el lugar y su historia, una individualidad como parte de la identidad del departamento.
Participación e identidad de los territorios
Pero, en una sociedad se entiende como fundamental que el sistema de relaciones de poder esté dado por las negociaciones de la cual es objeto la riqueza generada en el territorio (por mínima que esta sea).
Además de esta dimensión socioeconómica, es necesario considerar un sentido de pertenencia con el territorio, pertenencia que esté dada por factores de índole cultural, en términos de identidad colectiva, es decir que la población que habita un territorio comparta rasgos de identidad y prácticas socioculturales comunes.
La participación, entonces, de la sociedad en las instancias de representación política de las nuevas unidades territoriales será mayor cuanto mayor sea su identificación con el territorio es decir su sentimiento de pertenencia al mismo.1
Se hace necesario volver al sentido del término inclusión que pueda revitalizar la idea de correspondencia entre el interior y la capital. El interior tiene potenciales para poder competir contra el centralismo y vencer los desencuentros históricos que han resultado en un freno para el desarrollo, al tiempo que han fortalecido la identidad paternalista y burocrática de la capital.
Quizá, el interior debería ser más protagonista a los efectos de consolidar una unidad que, a pesar de la diversidad de los territorios, se pueda comportar como una estructura que permita un intercambio de acciones con el objetivo de disminuir el poder de la centralización a expensas de una mejor desarrollo, armónico y democrático, de las identidades locales, pluralidades de un todo que en buena medida aún permanece desconocido.
Esto revitalizaría esa búsqueda de las causas de ciertos comportamientos, por ejemplo, los electorales de la última hora, que siguen encerrando incertidumbres y desafíos, con la mira puesta en un futuro más justo y participativo.
1 AROCENA, J. (2008): Los desafíos de la descentralización y la participación ciudadana en el Uruguay. Disponible en: http://www.arturuguay.org
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