Gabriela Cultelli y Héctor Tajam
Realmente es muy particular en Uruguay el caso de las privatizaciones. Y felizmente muy particular, porque dicha particularidad está asociada fundamentalmente a intentos fracasados, habiendo antecedentes aún antes de los años 90, desde la dictadura.
En los comienzos del ciclo neoliberal anterior, a mediados de los 70 del siglo XX, las dictaduras de América Latina conformaron ámbitos especiales para la aplicación de las privatizaciones y de los postulados neoliberales que las contiene. Chile fue el ejemplo más notorio sin duda. Más adelante Argentina conformó un avance muy importante en concreciones reales.
En Uruguay, los comienzos fueron algo diferentes. Más allá de algunas privatizaciones como la del ente municipal de transporte, AMDET (Administración Municipal de Transporte de Montevideo), los traspasos desde la órbita de ANCAP al dominio privado de su División de Productos Químicos y del establecimiento agroindustrial Joanicó, lo más notorio en tiempos de la dictadura fueron otras modalidades privatizadoras. Fueron transferencias mediante las cuales el Estado se retiraba de ciertos ámbitos económicos, de espacios mercantiles, dejándole ese lugar a la iniciativa privada, como por ejemplo la liquidación del Frigorífico Nacional, que supo tener el monopolio del abasto de carne a la ciudad de Montevideo, abolido en 1978. Esa liquidación, y la del antiguo Frigorífico Anglo (nacionalizado en 1960) también en 1978 fueron retrocesos en ámbitos económicos del Estado, que fueron ocupados, por la inversión privadai.
Los 90 y algo más
El verdadero golpe privatizador se planificó en los años 90´, la época de auge del pasado ciclo neoliberal en Uruguay, fundamentalmente en tiempos liderados por el herrerismo del Partido Nacional, y que hoy está comandando otra coalición de gobierno.
En 1990-94 el padre del actual presidente, Luis Alberto Lacalle Herrera, inmediatamente que ganó las elecciones envió al Parlamento todo un complejo de privatizaciones a través de lo que se constituyó como la ley 16.211 de octubre de 1991. Dicho proyecto de ley propuso la eliminación de los monopolios, como los seguros en poder del BSE (Banco de Seguros del Estado, creado en 1911) y la fabricación de alcoholes de ANCAP, la eliminación del ILPE, y anticipaba la asociación con capitales privados autorizando para ello a los directivos de ANTEL, PLUNA (Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea fundada en 1936). y la ANP (Administración Nacional de Puertos de 1916). La ANP, más adelante a través de otra ley, es efectivamente sacada de su ámbito casi monopólico en la administración de los puertos del país, y a través de un régimen libre, el puerto de Montevideo comienza a funcionar de otra manera.
El presidente Lacalle en aquella época decía en un discurso, dónde ya había perdido un poco los estribos “¡Que se termine el monopolio del Banco de Seguros para que los seguros sean más baratos! (…) Que se termine con el monopolio de alcoholes que impide a las agroindustrias primarias la elaboración del alcohol, que se enajenen aquellos entes autónomos que están mejor en manos privadas. Vamos a decir claramente que ‘El Espinillar’ tendrá que pasar a manos privadas, tendrá que privatizarse Pluna, Antel, tendremos que librar al Estado de las cosas que hace mal.” (1990). Entonces existía una concertación dentro de la derecha, la Ley 16.211 fue presentada y fue aprobada en 1991. Inmediatamente el gobierno comenzó a poner en práctica su plan privatizador: se liquidó ILPE, el grupo francés GASEBA se quedó con la Cía del Gas, se concesionaron servicios de agua potable y de saneamiento en Maldonado, y en el Aeropuerto de Carrasco los servicios de apoyo en tierra a las aeronaves. En forma paralela corría la aprobación de la ley 16.246, denominada Ley de Puertos, que creó el Régimen de Puerto Libre (libre circulación de mercancías) que generó un marco de libre competencia para la actividad portuaria, hasta entonces ejercida por la Administración Nacional de Puertos. PLUNA va a ser otro de los entes privatizados, finalmente allí hubo una asociación con VARIG. Después de otras experiencias asociativas, este proceso tampoco terminó bien, en realidad ninguna de las privatizaciones de aquella época terminó bien.
¿Qué fue lo que quedó de toda aquella ofensiva privatizadora? Como decíamos; hubo una ley para el puerto, donde se declaró el régimen de puerto libre, de libre circulación de mercancía, la Administración Nacional de Puertos se retira de la gestión prácticamente monopólica que tenía. Y ahí generó un marco de libre competencia de los que ofertaban los servicios en el puerto. Y la desmonopolización del Banco de Seguros.
Es que a fines de 1991comienza la verdadera oposición al plan privatizador, la iniciativa popular que hizo la diferencia con respecto a las restantes experiencias del continente. La izquierda se unifica detrás de la iniciativa, y la denominada Comisión de Defensa del Patrimonio y Reforma del Estado lleva a referéndum cinco de los artículos de la ley, donde lo más importante era la defensa de ANTEL La iniciativa popular fue muy fuerte y logró que esos artículos, esos cinco artículos que preveían fundamentalmente asociaciones con privados, fueran derogados, lo que implicó una marcha atrás de las principales intenciones privatizadoras de aquel gobierno del Partido Nacional.
El Partido Nacional pierde las elecciones nacionales en 1994, y Sanguinetti ejercerá su segunda presidencia con el Partido Colorado. A nuestro juicio Sanguinetti realizará la privatización más importante que ha habido en Uruguay: la privatización del manejo de buena parte del ahorro nacional a favor de las Administradoras de Fondos de Pensión, un gran bocado del Sistema de Seguridad Social
En 1999 el Partido Colorado se mantiene en el poder, y el entonces Presidente Jorge Batlle, muy a tono con el neoliberalismo herrerista, encabeza otra intentona fuerte de privatización en el año 2002. Esta vez se intentó asociar la refinería de ANCAP, con capitales extranjeros (ley 17.448). Ese proyecto de ley fue rechazado finalmente por el EP-FA (Encuentro Progresista-Frente Amplio), quien será uno de los convocantes, junto a la central única de trabajadores (PIT-CNT), al Referendum que la derogará en diciembre de 2003.
Hoy como ayer
Hoy 2020, Uruguay tiene otro gobierno del Partido Nacional también encabezado por el Herrerismo, que siempre ha dicho presente con el tema de las privatizaciones. En su campaña, propone un nuevo plan privatizador en el marco de una extensa ley que se presenta bajo el régimen de urgente consideración. El artículo principal presentado en la LUC y luego retirado para tratarse en ley aparte, por falta de acuerdos en la misma coalición, es el referido a la refinería e importación de combustibles por parte de ANCAP. Lo curioso es que prácticamente el mismo que intentó aprobar Jorge Batlle en el año 2003.
Es indudable que la movilización popular y la oposición política de izquierda jugaron un papel decisorio en este caso muy particular del Uruguay, en el cual no avanzaron las privatizaciones como si lo hicieron en el resto del continente. Vimos como desde la dictadura, pasando por el período neoliberal de los ’90, hasta la coyuntura actual, pese a las condiciones favorables el objetivo privatizador no se consolidó en Uruguay.
Posiblemente muchas de estas cosas han estado presentes, aisladas o en forma conjunta para hacer que el Uruguay, desde la iniciativa popular y con las contradicciones propias de la derecha, sea este caso muy particular en el que seguimos conservando importantísimas empresas públicas, que, fundamentalmente la izquierda ha sabido desarrollar para potenciar su proyecto de desarrollo económico y social. Y muy bien que le han rendido, transformándose en pilares del crecimiento cuando el contexto externo favorable cambió a partir de 2014.
i Tajam, H; Arce, G.; Rocca, J. “¿A quién sirven las privatizaciones? Mitos y realidades de las empresas públicas” Ed. TAE 1989, Montevideo
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